La caja única del PSIB

La evaporación de los fondos de la ecotasa en gastos que poco tienen que ver con la razón de ser de un supuesto impuesto medioambiental nos retrotrae a todo un clásico del socialismo balear: la caja única. O lo que es lo mismo, la desviación de ingresos finalistas o partidas presupuestarias con un determinado fin en gasto corriente. O superfluo. O en un derroche sinvergonzón para untar a medios de comunicación afines como la financiación del concierto de Los 40 principales de la cadena SER. No se trata sólo de anécdotas o de casos particulares sino de una tendencia consustancial al socialismo balear.

En efecto, los dos primeros pactos de progreso con Xisco Antich a la cabeza se desvelaron pródigos y fastuosos a la hora de desviar dineros de partidas de inversiones a gasto corriente porque “no llegaban a fin de mes” tras haber engordado la administración autonómica hasta unos extremos desconocidos por estos lares.

Con Francina Armengol al frente, se han seguido exactamente las mismas pautas. Exactamente las mismas. Muy atrás quedan aquellos grandes convenios con Madrid para realizar inversiones a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado como los convenios de carreteras que firmó el Govern del PP en 1998 por casi 60.000 millones de pesetas y que recuperó Mabel Cabrer en 2004 después de cuatro años de inoperancia absoluta del primer pacto de retroceso de Antich. La única contribución a la red de carreteras de Xisco Quetglas, consejero de obras públicas de Antich, fueron un par de kilómetros de asfalto que van de la rotonda de Carrefour y Ocimax al Camí dels Reis donde se terminó construyendo el hospital de Son Espases, una fuente de atascos sin igual hasta que Armengol, siendo presidenta del Consell de Mallorca, remendó en parte el desaguisado construyendo el famoso puente licitado sin ningún informe medioambiental.

La prioridad de Armengol, como decía, no sólo es impedir que Madrid decida en qué invertir en Baleares -para ello ya están nuestros lúcidos políticos para saber lo que más nos conviene- sino impedir que lo haga en nada concreto. Prefieren, en lugar de financiar proyectos finalistas con cara y ojos, que les pasen el dinero directamente y así ellos poderlo gastar en lo que quieran. Es decir, en gasto corriente y, a menudo, superfluo y, en no pocas ocasiones, clientelar que sólo obedece a la compraventa de votos. Armengol no quiere tener las manos atadas con nadie, de ahí que no quiera compromisos con Madrid, de ahí que torpedee la ampliación del aeropuerto de Son Sant Joan, de ahí que haya suspendido la Comisión del Impulso al Turismo Sostenible -el organismo que debate y aprueba en qué se gastan los fondos de la ecotasa-, de ahí que no quiera que el Parlamento balear controle periódicamente la ejecución de los 91 proyectos europeos Next Generation valorados en 4.640 millones de euros. Y este era, cosas veredes, el Govern de la transparencia, del diálogo y del consenso.

La izquierda quiere exprimir al máximo al contribuyente pero para poder hacer de su capa un sayo y gastar lo recaudado como le venga en gana. Nada como la reacción de hace unos meses de Podemos a la última donación de Amancio Ortega al Ministerio de Sanidad para entender tanto la voracidad recaudatoria de la izquierda como su deseo en convertirse en los únicos administradores legítimos de la riqueza nacional. Como sabrán, el dueño de Inditex donó diez equipos de protonterapia valorados en 280 millones de euros, lo que va a situar a España en una de las posiciones de privilegio en cuanto al tratamiento del cáncer. La podemia tachó la donación de “campaña de publicidad” y a Ortega de “evasor fiscal” porque entiende que debe ser la Administración la que, con los impuestos, decida en qué deben gastarse. Sólo la Administración está legitimada para hacerlo. «Si le importase el bienestar de los españoles, pagaría todos sus impuestos y no organizaría campañas de publicidad. No necesitamos donaciones a la carta, sino impuestos justos que garanticen los servicios públicos», clamó la podemia contra Amancio Ortega. Nada de donaciones a la carta sino pagar más impuestos para que los políticos, adornados del don de la omnisciencia que les indica dónde, cómo y en qué gastarlos, decidan su destino.

Para ellos, el empresario no sólo no crea riqueza -sólo busca beneficiarse egoístamente a sí mismo, negando que sea un win-win para todos- sino que encima es un evasor fiscal potencial. Son los políticos y no los empresarios los que velan por el bienestar de todos, son los políticos los auténticos “filántropos” porque son los únicos que se desviven por los demás al repartir los tributos recaudados de forma eficiente, solidaria, equitativa e inteligente. Olvidan que sin generar riqueza es imposible repartirla y que sin crecimiento económico es imposible aumentar el bienestar. Para el imaginario de la izquierda, el bueno de la película es el político solidario, el malo el empresario egoísta. Solidarios, claro, con el dinero de los demás.

Es exactamente la misma mentalidad que lleva a Armengol a celebrar a bombo y platillo los 183 millones que le llegan del Gobierno por el factor de la insularidad -a saber en qué quedan los proyectos que aún tiene que negociar la Comisión Mixta entre Baleares y Madrid, aunque Armengol ya ha asegurado que será Baleares quien decidirá los proyectos, “cosa que no pasa ni en Cataluña”, remató orgullosa recientemente- a cuenta del Régimen Especial de Baleares (REB) o a reclamar más tarta de la financiación autonómica… mientras rechaza la tramitación de la vertiente fiscal del mismo REB si es para rebajar el impuesto de sociedades de las empresas baleares. Su caridad con el dinero de los demás no conoce límites.

Para los voraces políticos autollamados progresistas, la Administración debe contar con la mayor cantidad de recursos posibles de nuestras cuentas corrientes para que ellos puedan redistribuirlos a su antojo desde el paternalismo samaritano que les caracteriza. De aliviar nuestros bolsillos, nada de nada. A diferencia de la expropiación o confiscación directa inherente a los comunistas para quienes toda propiedad es del Estado, el socialismo democrático nos perdona la vida conformándose sólo (Deo gratias) con robarnos legalmente el 50% de nuestras rentas.

En 2020, los españoles trabajamos de media un total de 178 jornadas para cumplir nuestras obligaciones con las distintas haciendas tributarias, la municipal, la autonómica y la central. Como ven, una miseria de nada comparada con la dicha de contar con los desvelos de nuestros espléndidos políticos que, gracias a su enorme corazón, reparten cheques, paguillas, bonos, cargos, ayudas, sinecuras, empleos, subsidios y subvenciones a todos los pobres necesitados y a todas las buenas causas que, sin su auxilio, caerían vergonzosa e irremisiblemente en nuestro olvido. Nunca se lo agradeceremos demasiado. Nunca.