Finalmente el Gobierno ha conseguido sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2022 con el apoyo de once partidos, desde Teruel Existe hasta el PNV, pasando por todas las minorías que pueblan el Congreso. Es unánime la opinión de que con este trámite Sánchez tiene despejada la legislatura para poder convocar elecciones a su término en 2023, pues le bastaría con prorrogar estas cuentas para ese ejercicio, lo cual ciertamente es así en términos estrictamente presupuestarios. No obstante, hay que tener presentes otras circunstancias políticas para poder expresar con certeza una afirmación como ésta. Una de ellas es que el horizonte electoral no es favorable a sus intereses si tenemos en cuenta que este próximo año se celebrarán elecciones autonómicas en Andalucía -adelantadas o a su término legal- donde el PSOE, antaño partido cacique de la comunidad en la que ha ejercido ininterrumpidamente el mando durante casi cuarenta años, no atraviesa el mejor de sus momentos precisamente.
La defenestración de Susana Díaz no ha dado paso a un vigoroso nuevo liderazgo en la persona de su sustituto, el actual alcalde de Sevilla; al tiempo que ha alumbrado uno en Moreno Bonilla que, desde la Presidencia de la Junta, ha reactivado la aletargada situación económica de la región, pese a las adversas circunstancias de la pandemia. Otra derrota allí, tras la de Madrid frente a Ayuso, sería un claro signo del retroceso en la aceptación popular del sanchismo, pues estamos hablando de dos comunidades que están ente las tres de mayor población e importancia política de España.
Ello sin descartar además la posibilidad real de que se produzca algún adelanto electoral más en las restantes, sin perjuicio de existir una fecha ya marcada en el calendario de mayo de 2023, con elecciones territoriales -municipales y autonómicas-, que no le auguran expectativas positivas. La permanente exposición de los socios del «bloque político de la moción de censura» como aliados cooperadores necesarios de Sánchez para subsistir en La Moncloa, no es la mejor tarjeta de presentación de las candidaturas sanchistas en el territorio nacional, cuando menos en el ajeno al País Vasco y Cataluña.
Otra razón política para no descartar elecciones anticipadas es la situación interna de la coalición en el poder, con una vicepresidenta Díaz que aspira a morder en el desgaste de su socio, en continua campaña de imagen marcando diferencias dentro del Gobierno. Por si no fuera suficiente lo anterior, tenemos un futuro económico cada vez más incierto, con pronunciamiento de todos los estamentos oficiales respecto a la recuperación de nuestra economía, que acompaña como escenario macroeconómico a los presupuestos. Desde Bruselas al FMI, pasando por el Banco de España, todos coinciden en un crecimiento muy inferior respecto al previsto para este año y el próximo. Incluso Bruselas advierte que España será el único país de la UE que no recuperará en 2022 los niveles de PIB previos a la crisis.
Desde que Isabel Díaz Ayuso derrotó con estrépito a Sánchez el pasado 4-M, el PP -hundido en Cataluña- subió como la espuma en las encuestas (con excepción de las de Tezanos, que son otra cosa), y se percibió como clara alternativa de gobierno; eso sí, con la necesaria coalición con Vox, que no es Cs y se mantiene con un electorado sólido y fiel. Lo preocupante es que Génova parezca más intranquila por Ayuso y Vox que por Sánchez. El actual espectro político hace inevitable un pacto entre ellos para conseguir esa necesaria alternancia, que por desgracia sólo la amenazan intereses particulares en demérito del general. Aznar ganó a la tercera ocasión en 1996, tras 1989 y 1993; y Rajoy también, en 2011, tras 2004 y 2008. De igual modo, Casado tiene la tercera oportunidad en las próximas elecciones tras las dos anteriores. La tiene al alcance de la mano si no se cometen errores de libro como el de las últimas semanas. Esa es la esperanza de Sánchez y la desesperanza de muchos españoles.
