El avance de la Corona en la adaptación a la actualidad

Para algunos de los muchos ciudadanos que han conocido esta semana las medidas adoptadas para mejorar la eficacia, la transparencia y los controles de las cuentas de la institución monárquica son oportunas y muy positivas porque creen que van a contribuir a guardar esa conducta ejemplar imprescindible para generar confianza en la opinión pública. Sin embargo, para los distintos grupos políticos de izquierda, especialmente para los más radicales, la reforma es un simple lavado de cara que se queda corto para lo que ellos piensan que sería necesario. Está claro que lo conveniente para ellos es que la monarquía desaparezca y es dudoso que todo lo que esté por debajo de esa medida les pueda parecer adecuado.

Después de hacer una lectura detallada del decreto ley que reforma a partir de ahora la estructura y las normas de actuación de la Casa Real, es obvio que lo que se pretende con esas medidas, consensuadas al parecer por socialistas y populares con el Palacio de la Zarzuela, es tratar de evitar que se repitan actuaciones como las que ocurrieron en el pasado y que pusieron en riesgo serio de supervivencia a la monarquía. Es verdad que por iniciativa del rey Felipe se llevó a cabo en el primer año de su reinado una profunda transformación de la Casa del Rey al crear una serie de normas de obligado cumplimiento que incluían reglas de conducta muy estrictas en el sentido de penalizar con la expulsión a cualquiera que las obviara y se las saltara a su antojo. Todo eso es lo que se ha elevado de rango, con añadidos para actualizarlas, al ser a partir de ahora parte del decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado martes.

La novedad más importante de ese paquete, que trata de convencer a los ciudadanos de la veracidad de los objetivos expresados por el actual monarca el día de su proclamación hace ocho años, es el sometimiento de las cuentas de la Casa Real al Tribunal de Cuentas, el organismo del Estado que hace esa tarea con los entes públicos y sus representantes. A partir de ahora, los responsables económicos de la institución monárquica deberán presentar sus números al Tribunal para que dé el visto bueno o señale los errores que pueda haber. Ese gesto de aceptación de control por parte del Rey es más significativo de lo que piensan algunos ya que significa que don Felipe renuncia a la libre disposición de la cantidad global -8 millones de euros- que recibe de los presupuestos del Estado, tal y como está recogido en la Carta Magna. Su decisión de aceptar el control de las cuentas de su Casa denota su interés en aceptar la voluntad popular de que sea así, al igual que su declaración de bienes, a la que tampoco está obligado por ley.

Lo que es curioso respecto a las novedades adoptadas esta semana es la sorpresa expresada en los medios de comunicación al conocer que el Rey no posee bienes inmuebles de algún tipo. Esos bienes que fueron durante siglos de la Corona pasaron hace mucho tiempo a ser patrimonio del Estado primero y después, patrimonio nacional. Y en caso de que la monarquía decayera, la Familia Real tendría que adquirir una residencia, como cualquier otro ciudadano.