El autoindulto del PSOE

Estamos a un telediario de que el Gobierno indulte al PSOE por el mayor caso de corrupción institucionalizada que se ha perpetrado, condenado en firme por los Tribunales de Justicia, desde que España vive en democracia.

Siendo gravísimo que el Gobierno de España avale a los organizadores y autores de un caso de corrupción que durante años utilizó el dinero de los parados de Andalucía para mantener en el poder al Partido Socialista Obrero Español, lo es más aún el hecho de que para indultar al partido que organizó la trama corrupta el Gobierno haya decidido sustituir a los tribunales de Justicia y revisar la sentencia.

El sueño húmedo de Pedro Sánchez Castejón de liquidar la separación de poderes para gobernar despóticamente, sin ningún tipo de control (el control legislativo ya lo ha eliminado prácticamente cerrando inconstitucionalmente el Parlamento y aprobando más de ciento veinte decretos leyes) está a punto de cumplirse. Porque cuando el Consejo de Ministros apruebe el decreto por el que indultan al PSOE de la trama de corrupción más escandalosa de la historia democrática de España basándose en el «argumento» reiterado por ministros y dirigentes del PSOE de que la sentencia es «injusta», el Gobierno de España estará, de facto, revisando la sentencia y el indulto dejará de ser un instrumento de perdón –discrecional, pero no arbitrario, tasado- para convertirse en un acto jurídico que tendrá la pretensión de sustituir la sentencia dictada por los tribunales.

Cuando eso ocurra, el Gobierno de España ostentará los tres poderes en los que se sustenta una democracia, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y se cumplirá la aspiración de Pedro Sánchez Castejón, el gran traidor a la democracia.

No será la primera vez que el Gobierno de Pedro Sánchez utiliza el indulto de manera torticera burlando, en el fondo y en la forma, el objetivo de ese instrumento de perdón. El gran impostor sacó de la cárcel a los delincuentes catalanes condenados por «organizar un levantamiento público y tumultuoso para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes, entorpeciendo a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público el legítimo ejercicio de sus funciones, incumpliendo los acuerdos o las resoluciones administrativas o judiciales» (eso es el delito de sedición); por «apropiarse indebidamente del dinero público que les había sido confiado en razón de su cargo» (eso es el delito de malversación); y por «arrogarse el monopolio de interpretar qué es lo legítimo» (eso es el delito de desobediencia). El Gobierno amnistió, de facto, a sus socios de gobierno, esa gentuza que desde Cataluña había perpetrado un golpe contra la democracia.

Sánchez amnistió a los golpistas catalanes para legitimar sus acuerdos de gobierno con ellos; en el fondo, se estaba amnistiando a él mismo. Cuando amnistió a los golpistas el «argumento» era que ese acto servía para la «pacificación» en Cataluña. Y ya ven en qué grado se ha cumplido el objetivo: si antes las autoridades independentistas catalanas desobedecían resoluciones judiciales, ahora hacen leyes conjuntas con el PSC para burlar las sentencias de los tribunales.

Ahora, Sánchez se dispone a indultar a los condenados por la trama de corrupción más escandalosa de la democracia perpetrada por sus compañeros de partido para indultar al partido del que es secretario general. Pero en esta ocasión, como sabe que está al final de su carrera despótica y no tiene nada que perder, ha decidido dar una nueva vuelta de tuerca asumiendo que el Ejecutivo puede actuar como un tribunal que revise la sentencia dictada por el poder judicial. Cuando los miembros del PSOE y del Gobierno utilizan reiteradamente el «argumento» de que la sentencia es «injusta» están preparando el terreno para incurrir en un delito tipificado como desobediencia, el mismo por el que fueron condenados los delincuente catalanes a los que él mismo amnistió.

Fíjense que todos los voceros gubernamentales y de la secta insisten en que la sentencia es «injusta» porque no consta que Griñán ( por centrarnos en el personaje sobre el que recae la mayor atención) se llevara ni un solo euro de los cientos de miles desfalcados. Es un argumento ridículo. ¿Acaso no cuenta lo que cobró –él y sus compañeros- manteniéndose de forma fraudulenta en el poder durante los años en los que la trama sirvió para financiar la compra de votos?

Pero no crean que es improvisación, es estrategia. Porque Sánchez y su tropa saben que indultar con éxito requiere convencer a la opinión publica de que robar a los parados para mantener el poder está bien, siempre que lo haga la izquierda, que para eso tiene patente de corso.

Pues en eso estamos, a las puertas de la demolición del sistema democrático. No necesitan utilizar la violencia, tienen en BOE. Y una absoluta falta de ética y de vergüenza. Quien avisa no es traidor.

Por cierto, y aunque parezca asunto distinto: el 18 de setiembre tenemos una cita en Barcelona. Va de lo mismo, va de derechos de ciudadanía, va de democracia.