Alianza de perdedores en Alemania

La «gran coalición» entre populares y socialistas vuelve a Alemania y anima el sueño de Alberto Núñez Feijóo de una similar en España entre su PP y el PSOE «bueno».

En los veinte años transcurridos desde 2005, cuando Angela Merkel fue investida por primera vez canciller, el reparto del Gobierno del país más poblado de la UE entre los dos principales partidos ha abarcado doce años. Pero las circunstancias son muy distintas, al contrario que los programas de la CDU-CSU y el SPD, cada vez más parecidos. En las elecciones legislativas de febrero, los socialistas, que fueron el mayor partido de Europa Occidental hasta los años 80 del siglo XX, cayeron al tercer lugar, con su peor resultado desde el siglo XIX.

La alianza de centro-derecha CDU-CSU quedó primera, aunque con unos resultados que hace treinta años habrían pasado por los de un perdedor: menos de un 30% del voto, el porcentaje más bajo desde la fundación de la República Federal en 1949, y 208 diputados.

Friedrich Merz, candidato de la CDU, ex empleado de la gestora de fondos de inversión Blackrock, se negó a negociar con Alternativa para Alemania, el verdadero vencedor, con diez millones de votos y 152 diputados, y comenzó conversaciones con los socialistas. Esta semana se anunció el acuerdo definitivo y se calcula que Merz será investido en una sesión programada para 7 de mayo, día de la capitulación del III Reich en 1945 ante los aliados occidentales.

El Gobierno de Merz, de 69 años, comenzará a andar armado con una autorización de gasto en defensa, infraestructuras y cambio climático de más de un billón de euros para una década. A fin de aprobar el endeudamiento, una de las pesadillas germanas heredadas del siglo pasado, en marzo se reformó la Ley Fundamental a toda prisa, ya que en el nuevo Parlamento el bloque de CDU-CSU, SPD y Verdes (comprados con decenas de miles de millones para la «descarbonización») no tiene la mayoría requerida de dos tercios.

El acuerdo, de 146 páginas, no menciona el regreso a la energía nuclear, la principal medida que ayudaría a la agonizante industria alemana. La pérdida del barato gas natural ruso y el cierre de los últimos reactores nucleares en abril de 2023 han sido dos lastres, que se han intentado adelgazar con la hipócrita explotación de minas de carbón.

El Gobierno tendrá mayoría absoluta en el Bundestag por muy poco (328 diputados de 630) y, según los resultados de las elecciones, cuenta con un respaldo popular de un 45%, aunque en disminución. En cambio, España sigue siendo una anomalía europea. Los equivalentes a la CDU y el SPD, o sea, el PP y el PSOE, sumarían, según las últimas encuestas, el 60%.

El reparto de ministerios es llamativo. La CDU tiene el de Exteriores por primera vez desde 1966 y el SPD mantiene Defensa. Es decir, Berlín seguirá respaldando a Kiev en su resistencia contra Rusia. La CSU, rama bávara de la CDU, más a la derecha que ésta y opuesta a la inmigración, recibe el de Interior, aunque con competencias recortadas.

Las declaraciones de Merz sobre una Alemania «fuerte» para sus socios europeos y contra el presidente Trump merecen tomarse como un chiste. La economía sigue en recesión y la Policía es incapaz de impedir los atentados cometidos por islamistas mediante acuchillamientos o atropellos. El control de los alemanes sobre su territorio es tan pequeño que, de acuerdo con un reportaje publicado por el periódico New York Times el 29 de marzo, Estados Unidos ha dirigido la guerra de Ucrania desde la base alemana de Wiesbaden, donde había militares ucranianos, se han planificado operaciones y se han recopilado coordinadas de unidades y objetivos rusos que luego se trasladaban a los ucranianos para que los destruyesen mediante misiles y drones.

El acuerdo también incluye la aceptación de la inmigración como imprescindible para el país, con las habituales excusas globalistas de la necesidad de trabajadores y cotizantes para el pago de las pensiones. Durante la campaña, los candidatos de la CDU-CSU se comprometieron a frenar la entrada de inmigrantes irregulares. Sólo la AfD se atrevió a hablar de «remigración», es decir, de devolver a los extranjeros a sus países de origen, como los sirios, quienes ahora tienen un Gobierno respaldado por la Unión Europea y Berlín.

Los alemanes están juzgando ya a la nueva gran coalición: las últimas encuestas muestran a AfD convertido en primer partido del país, con un 25% del voto (lo que supone ganar casi cinco puntos más desde las elecciones), a la CDU-CSU en retroceso, de un 28% a un 24%, al SPD como agonizante, al perder otro punto, de un 16% a un 15%, y a las extremas izquierdas de Die Linke y BSW en aumento.

La gran incógnita nacional de la nueva legislatura consiste en la reacción de la partitocracia (el Estado de partidos se inventó en Alemania, en la posguerra) contra los intrusos de Alternativa. ¿Se atreverá el nuevo Gobierno, con el respaldo de los Verdes y de los morados de Die Linke, a prohibir el que parece ser el mayor partido nacional, que tendría ya más de 13 millones de votantes? El lawfare en Francia y Rumanía contra los políticos molestos para las oligarquías nos lleva a esperarlo. Pero, entonces, ¿quiénes lucharían por defender los «valores europeos» de la amenaza rusa?