¿Y ahora, qué?

¿Y ahora, qué?

A veces una tiene la impresión de estar perdida en el laberinto. Toda la semana dando vueltas a algo jurídicamente sin sentido, relativo a si se ha declarado o no la independencia en Cataluña. Digo que no tiene sentido porque está claro que sí se ha declarado de facto, que no de iure, ya que cuando ello no se realiza conforme a la ley, cualquier forma sirve, como así demuestra la experiencia del último siglo. Otra cosa es si ello tiene alguna validez, puesto que no es un Estado quien quiere sino quien puede, es decir, quien consigue tener el reconocimiento de la comunidad internacional, lo cual está muy lejos de ser una realidad en el caso del secesionismo catalán. Cuando todo apuntaba a que se podía proseguir en la aplicación del art. 155 de la Constitución, por cuanto Puigdemont no daba respuesta concreta al requerimiento del Gobierno de España, cuando nos encontramos con que casi todos los medios señalan que, si el president de Cataluña disuelve el Parlament se entenderá que no ha habido declaración de independencia y aquí paz y después gloria. Desactivado el art. 155 y a la caza del voto ciudadano.

La verdad, no me parece serio. ¿Vds se creen que estamos en condiciones de, sin más prolegómenos, realizar elecciones autonómicas dentro de unas cuantas semanas? ¿Alguien se ha molestado en tomar seriamente el pulso a esa sociedad catalana que se desgarra, social y económicamente, por barrios y por familias, en medio del más feroz populismo demagógico que pretenderá presentarlas como “elecciones constituyentes” tal como dispone la suspendida Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República? ¿Es posible que con esta situación se puedan realizar a corto plazo elecciones con las garantías necesarias para la expresión libre del voto? Aun siendo consciente de que habrá que hacerlas, me parece incuestionable que se tendrán que crear las condiciones para que puedan realizarse en un contexto adecuado. Si algo positivo, que siempre hay que buscarlo, podemos encontrar en todo esto, es que se ha evidenciado la naturaleza del régimen que el nacionalismo catalán ha venido organizando, con la finalidad, oculta primero y finalmente declarada, de crear lo que han denominado “un nuevo Estado de Europa”.

Sobre la falsa base de lo que ellos consideran “un sol poble” —un único pueblo— pretenden borrar de un plumazo la riqueza plural de una sociedad a la que pretenden encerrar en sí misma bajo postulados supremacistas. Han ido construyendo sus “estructuras de Estado”, que el Tribunal Constitucional ha tenido que ir delimitando, cuando no cortando de raíz, como es el caso de la Ley del referéndum de autodeterminación, que acaba de ser declarada anticonstitucional por unanimidad. Han creado una Policía propia que está en el punto de mira de una sociedad que o la adora o desconfía profundamente de ella y que con toda probabilidad será intervenida y puesta bajo el control del Ministerio del Interior. Pretenden que su Agencia Tributaria recaude los impuestos estatales, tenga o no reconocida la competencia. Utilizan las escuelas, y a los escolares, como punta de lanza en sus soflamas y actuaciones reivindicativas.

Ponen en marcha una Agencia de Ciberseguridad, con instrumentos que han utilizado subrepticiamente para obtención de datos sin tener la habilitación legal para ello y para montar una administración electrónica paralela que tendrá que ser desactivada porque se trata de actuar sobre materias competenciales que deben ser coordinadas y supervisadas no sólo desde las autoridades centrales sino desde las de la Unión Europea. Y se espera la sentencia sobre la Ley de Transitoriedad, con la que el secesionismo pretende dar los primeros pasos una vez declarada “su” independencia. Es necesario, totalmente necesario, poner orden en esta amalgama de despropósitos. Es necesario restablecer el orden constitucional. El art. 155 CE es un instrumento, pero existen otros, que pueden tener eficacia similar y que, combinados con inteligencia, para actuar con precisión de cirujano, que es lo que se necesita, pueden ser muy válidos. Me refiero, además del Código Penal, a la Ley de Seguridad Nacional y a las medidas administrativas ordinarias que pueden incidir en una vuelta progresiva a la normalidad constitucional.

Funciones del 155

Porque, poniendo en marcha el art. 155 acordando en el Consejo de Ministros del viernes las medidas a proponer a un Senado que deberá reunirse y debatir, según su reglamento, la propuesta del Gobierno, volver a requerir a la Comunidad Autónoma para que abandone el camino de la secesión y, finalmente, acordar por mayoría absoluta las medidas coercitivas concretas, que pueden ir desde la sustitución de autoridades a la coordinación de políticas concretas, que se tendrán que definir y decidir en qué forma se ejecutarían, nos situamos ante un escenario incierto, en cuanto a sus actores y, también, respecto de la función a representar. No olvidemos, tampoco, que lo que se pueda decidir debería derivar de un acuerdo entre el Gobierno y la oposición parlamentaria, especialmente el PSOE y Ciudadanos, si se pretende que lo que se tenga que hacer sea entendido como una política de Estado, tanto a nivel interno como en el ámbito internacional. Pero, dada la carencia temporal y la indefinición material con que nos encontramos, ¿podemos pensar que con ello podremos encauzar jurídicamente el conflicto?

Nos equivocaremos si todo lo centramos, simplificando, en la DUI, el art. 155 y las elecciones anticipadas. Aunque sea necesario disolver la cámara o tomar medidas específicas de control sobre determinados órganos o políticas. La ciudadanía necesita soluciones a los problemas concretos que le afectan y que presentan ahora una situación enrarecida por todo el problema derivado de la movilización aguda que en estos días provoca el secesionismo. Además, no lo duden, seguramente saldremos a corto plazo de esta fase aguda del conflicto con un mecanismo u otro, pero nos quedará, a la larga, cronificado, un problema sociopolítico y económico difícilmente digerible si no se aborda, sin prisas pero sin pausas, con una reflexión profunda, que haga poco ruido pero que busque encontrar soluciones no cortoplacistas ni basadas en pactos que no tengan en cuenta las necesidades del conjunto de la ciudadanía. El secesionismo, minoritario aunque radicalizado, nunca estará satisfecho con lo que se haga, seamos conscientes de ello. Pero esto no puede ser óbice para que no intentemos dar respuesta a lo que necesita la mayoría.

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