La ‘agenda’ de Sánchez puede acabar con España

Cuando se contempla la dimisión de la premier británica, Liz Truss, tras 45 días en el cargo, se pueden efectuar algunas comparaciones con el caso español. Por lo que se conoce, Truss ha dimitido por la presión de su partido en vista de que la puesta en marcha de su agenda no era eficaz por colapsar los mercados, perder a dos ministros y la confianza de sus parlamentarios. Nadie pone en duda el funcionamiento de la democracia parlamentaria del Reino Unido. Creo que no podemos decir lo mismo de la española.

¿Cómo es la agenda del Gobierno español? ¿Concibe alguien que el PSOE pueda destituir a Sánchez? Este hecho no se concibe que pueda pasar en España; en primer lugar, porque nuestro sistema parlamentario es muy rígido y, como consecuencia, no existe margen para corregir los errores antes de que sean irreparables y los partidos son estructuras muy burocratizadas y la partitocracia dominante lo impide. Sólo hay que pensar en el plurianual y anárquico discurrir de la trayectoria del actual presidente del Gobierno, incluidas las declaraciones espurias, la utilización de las instituciones del Estado como naipes de un solitario y el adaptable sentido de su política a su supervivencia, cueste lo que cueste.

La crisis mundial actual impone al Gobierno, o a cualquiera que lo sustituya, a la tarea inexcusable de resolver los nuevos problemas para que afecten lo menos posible a la seguridad y bienestar de nuestra nación. Es poco presentable que esos aspectos sean eclipsados por la prioridad otorgada a pintorescas actividades políticas, tales como legalizar una sectaria interpretación de la Historia o a wokeismos como la Ley Trans, que no cabe duda que deben tener un apoyo popular indescriptible, dada su multitudinaria demanda. Podríamos decir que esto es de locos, pero está ocurriendo desde hace demasiado tiempo.

Durante la presente legislatura, el empleo laxo de la legalidad vigente, cuando en muchos casos pinta a prevaricación, es una acción rutinaria de gobernanza que hasta ahora ha quedado impune, algo que cuanto antes se le ponga fin mejor, porque no se conoce en profundidad el daño causado a la estructura estatal ni la magnitud de los problemas que esa circunstancia puede traer.

En la actual situación económica, tanto global como europea, el aspecto financiero es esencial y los próximos Presupuestos Generales del Estado deben ser el resultado de una conjunción de medidas adecuadas a los intereses de España y no a la transacción política interna de los miembros de un grupo denominado gobierno, lo que convierte su trámite en un trapicheo que prescinde de la toma en consideración de los requisitos técnicos, del abuso de continuos cambios de última hora por la aplicación incesante de la ocurrencia política y por las obligaciones impositivas particulares contraídas con los enemigos del Estado, por supuesto ajenas al interés general dado su carácter territorial.

Cualquier observador independiente valoraría la situación financiera oficial española con mucha preocupación porque se concibe en un universo ideológico al que le sobra cualquier soporte técnico eficiente. La ocurrencia política es el primer paso de un proceso que, por lo general, no ha sido presidido por los estudios técnicos necesarios que valoren su viabilidad. Fondos Europeos, soporte vital, discriminación poblacional dependiendo del lugar en que vivan, prestaciones caprichosas, fijación arbitraria de criterios de necesidad social etc. son muestra de la frivolidad del Gobierno que hace imposible controlar las cuentas públicas.

A todo esto, en España se ha llegado en política a nombrar para desempeñar altos cargos a personas objetivamente muy poco capacitadas para la función, algunas inmersas en la bobería permanente y que, en vez de rodearse de personal idóneo, vuelven a aplicar el criterio político para nombramientos de subordinados aduladores o de escaso nivel. La pertenencia a un partido es suficiente credencial para la supuesta eficiencia técnica.

La broma pesada del sanchismo, con su carencia absoluta de programa, convierte la política del Estado en un juego de azar, lo que supone un permanente peligro de provocar graves perjuicios a España como entidad política y a su ciudadanía un sombrío futuro. El presidente Sánchez quiere descafeinar el delito de sedición con una nueva cesión a los golpistas, algo que no se debería permitir y convendría que la justicia investigase el de prevaricación y abuso de autoridad.

La herencia que el sanchismo dejará a los españoles es endiablada, desde la desestructuración del Estado, el desequilibrio territorial y la ruina económica. Muy espinoso futuro el que se atisba para nuestra querida patria.

La agenda de Sánchez no es eficaz, nos conduce a la destrucción de España.