Una acción decidida por la salvaguarda de la libertad

El celo con que los Mossos d’Esquadra vienen persiguiendo a todos aquellos ciudadanos que, impugnando la proclama els carrers seran sempre nostres, descontaminan el paisaje de lazos, ha llevado a la Fiscalía a tomar cartas en el asunto. La identificación, el pasado sábado, de los Ocho de la Ametlla —yo misma, por cierto, estuve en un tris de correr la misma suerte, pues había sido invitada a pasar el fin de semana con Arcadi y compañía, si bien finalmente no pude ir—, y el cúmulo de maniobras de intimidación contra quienes, como ellos, pretenden mantener el espacio público libre de amuletos anticonstitucionales, han convertido Cataluña en un germen de autoritarismo. Llegados a este punto, ya no cabe ninguna duda respecto al rol de policía política que desempeñan los Mossos, que han asumido la orden de Torra de coartar la libertad de los catalanes no nacionalistas.

Pese a lo que pueda parecer, y contrariamente a lo que sugiere el sanchismo —ya comentamos aquí la inmoral actitud de la Fiscal General del Estado, que afirmó que tanto da poner como quitar—, el conflicto no enfrenta a dos grupos de vándalos. No. Lo que está en juego son los derechos de una parte de la población —en este caso, de la mayoría de la población, aunque ello es en verdad irrelevante— y si éstos pueden ser pisoteados por un Ejecutivo autonómico que, además, no tiene el menor empacho en presumir de ello; tanto es así que su principal y cuasi única acción de gobierno consiste en hostigar al adversario. Semejante atropello no es novedoso. Lo que sí es novedoso es que, para llevarlo a término, el nacionalismo deba recurrir al cuerpo de policía autonómico, cuya existencia misma, hoy lo vemos, nunca ha obedecido a cuestiones de operatividad o de eficacia. Porque lo cierto es que, hasta ahora, para sofocar la contestación ciudadana ni siquiera ha sido preciso el concurso de los Mossos: bastaba la presión ambiental, que a menudo se traducía en represalias en el trabajo o marginación social.

En ese sentido, el uso de la fuerza pública es un síntoma del ocaso de una hegemonía. Así y todo, con ser grave que dos unidades de Mossos y una de policía local patrullen de madrugada para proteger la integridad de los símbolos independentistas —que no del ‘mobiliario urbano’, ojo, a no ser que los Ayuntamientos de corte soberanista tengan tan asumido que la colocación y mantenimiento de esos emblemas corren a cargo del erario que incluso se permitan la desfachatez de llamarlos de ese modo—; siendo inadmisible, en fin, que se destinen recursos públicos a azuzar el odio contra España, lo que resulta del todo inaudito es que el alcalde de la localidad, el tal Gaseni, de ERC, exhiba en Twitter el nombre de uno de los infractores, un poco al modo en que los cazadores posan junto a una pieza abatida.

Y por si la vulneración de la normativa sobre protección de datos no fuera suficiente, aun tenga la insolencia de tildar a Arcadi y a las siete personas que le acompañaban de “bichos” y “sucios”. Hechos como éste, que empiezan a ser cada vez más frecuentes en Cataluña, hacen urgente que el Gobierno y todas las administraciones públicas emprendan una acción decidida y sostenida para la salvaguarda de la libertad de todos los catalanes.