La socialista Fuenlabrada impone la nueva tasa de basuras: entre 60 y 100 euros anuales

El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha aprobado de manera inicial la tasa de basuras que se aplicará el próximo año y que oscilará entre los 60 y los 100 euros anuales. Ha sido aprobada este lunes con los votos a favor del PSOE y Más Madrid. PP ha votado en contra, mientras que Vox se ha abstenido. El alcalde del municipio, el socialista Javier Ayala, ha asegurado que la tasa de residuos por la recogida, traslado y tratamiento de basura será una «de las más bajas de la Comunidad de Madrid». Los socialistas gobiernan con mayoría absoluta en este municipio.

Con el fin de compensar el nuevo tributo, el Ejecutivo municipal ha decidido rebajar el tipo del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) al mínimo legal permitido. Es más, aplicará una bonificación del 30% en el nuevo tributo, que gravará la recogida, transporte y reciclaje de los residuos.

Más Madrid ha votado a favor de que Fuenlabrada tenga una tasa de basuras debido a que «lo importante es la reducción de los residuos en el hogar». Así lo ha afirmado su concejal en el Consistorio, José Hernández, que ha abogado por «bonificaciones a los más vulnerables» y ha propuesto instaurar «compostadoras vecinales».

Vox ha afeado al Gobierno municipal del PSOE que, en vez de «aliviar la pesada carga fiscal a los vecinos, optan por no hacer nada». Así lo ha defendido el edil Carlos Martínez. La formación liderada por Santiago Abascal se ha abstenido en la votación porque, a pesar de estar en contra de la tasa de basuras, «la ordenanza incluye las medidas que exigimos en el resto de parlamentos, como aliviar la carga fiscal a los ciudadanos y sufragar parte del impuesto mediante la rebaja del IBI y la bonificación de parte del mismo», afirman fuentes de Vox.

Por su parte, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, Noelia Núñez, ha calificado esta tasa de basuras de «tasazo del fango», que busca la «sumisión absoluta de los gobiernos socialistas a Pedro Sánchez».

La dirigente popular ha remarcado que el «hachazo fiscal» se establecerá sin tener en cuenta la renta per cápita de las familias. Además tampoco habrá descuentos en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) o en el numerito del coche (IVTM).

El concejal socialista de Hacienda, Francisco Paloma, ha optado por arremeter contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha acusado de «abandonar a los ayuntamientos» al no asumir siquiera los gastos de las mancomunidades de basuras. También le ha reprochado que no construya «un nuevo centro de residuos en el sur para abaratar costes».

Además, ha defendido que la tasa de basuras de Fuenlabrada «será de las más bajas de la Comunidad de Madrid». Esto se debe a que el Ejecutivo de Ayala ha seguido una «hoja de ruta justa y progresiva», además de asegurar que, de gobernar el PP en Fuenlabrada, la tasa hubiera sido de 75 a 140 euros más cara que la fijada por el PSOE en los diferentes barrios, siguiendo el modelo aplicado en Móstoles, donde gobierna el PP.

Un impuesto ideado por Sánchez

El Gobierno de Pedro Sánchez justifica la nueva tasa de basuras que municipios socialistas como Fuenlabrada va a empezar a aplicar el año que viene basándose en una directiva europea que, sin embargo, no obliga a crear el nuevo impuesto, algo que el propio Ministerio de Hacienda reconoce en un escrito. A pesar de ello, en abril del próximo año todos los ayuntamientos tendrán que aplicar este gravamen, es decir, mientras que hasta ahora algunos consistorios no repercutían a sus vecinos o la incluían en otros tributos, ahora recaerá directamente en el bolsillo de los ciudadanos.

El punto de partida fue la Directiva 2008/98/CE que estableció unos objetivos ambiciosos para la reducción, reutilización y reciclaje de residuos municipales y obligó a los Estados miembros a tomar diferentes medidas, enumerando distintos instrumentos económicos, entre los que se encuentran las tasas y los sistemas de pago por generación de residuos. Para dar cumplimiento a esta normativa, el Gobierno aprobó la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular que implantó la obligación para las entidades locales de establecer, en el plazo de tres años, una tasa por el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos.

Sin embargo, tal y como reconocía el propio Ministerio de Hacienda en un informe, esta normativa europea no obligaba a imponer este basurazo. «El literal del artículo 11.3 de la Ley 7/2022 establece que la tasa permita implantar sistemas de pago por generación. Por tanto, la norma no impone la obligación taxativa de exigir una tasa totalmente individualizada para cada sujeto pasivo con efectos a partir del 10 de abril de 2025, sino que lo que pretende es que paulatinamente se incorporen estos sistemas, en consonancia con el principio de jerarquía de residuos y de quien contamina paga que preside dicha regulación», señala el documento emitido por el ministerio liderado por la socialista María Jesús Montero, en el que explicaba las cuestiones relevantes en relación con el establecimiento y gestión de esta tasa.

Es decir, mientras la Unión Europea se refiere a imponer tasas a los productores de residuos según la cantidad real de residuos generados con el objetivo de reducir los residuos mezclados bajo el principio de quien contamina paga, Sánchez tergiversa la normativa para imponer un impuesto individualizado, así como exigencias a los municipios para que reutilicen el 55% de las basuras recogidas y separen un 77% de las botellas de plástico del resto de residuos.