El gobierno municipal de El Boalo denuncia al del anterior alcalde del PSOE por fraude y prevaricación

El Ayuntamiento de El Boalo, ha puesto esta mañana una denuncia contra el PSOE de este municipio por haber cometido un presunto delito de fraude y otro de prevaricación. Tal y como adelantó OKDIARIO la semana pasada, el partido socialista repartió 206.000 euros públicos a familiares y empresas afines entre 2015 y 2023, años en los que El Boalo estuvo gobernado por el PSOE. Así se desprende del informe de la interventora al que ha tenido acceso este diario.

Según el informe jurídico emitido por el secretario municipal y los letrados municipales, se podrían presuntamente haber cometido los delitos de fraude y prevaricación tipificados en el código penal en sus artículos 404, 424 y 436 de la ley 10/1995 de 23 de noviembre. Pudiendo incurrir, según marcan los citados artículos, en penas de prisión de dos a seis años e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio de derecho a sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años.

Este lunes, el Ayuntamiento gobernado ahora por el PP, ha denunciado los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid por incumplir la Ley de transparencia y buen Gobierno.

El alcalde de El Boalo, Sergio Sánchez Yunquera, ha sido el encargado de presentar la denuncia y ha asegurado que «esto es solo la punta del iceberg porque ahora se están investigando otras empresas relacionadas con los socialistas que también podrían estar implicadas.»

El regidor popular ha calificado este caso de «clientelismo», indicando que «llevamos años y años de gobierno socialista en el que se ha creado una red de clientes, ya no solo con afines, sino con familiares».

Sánchez Yunquera ha exigido que Ávila devuelva el dinero y que dimita. «Esta señora tiene que buscarse un buen abogado que la defienda, pedir perdón a los vecinos, devolver el dinero que se ha llevado y dimitir».

Por su parte, la socialista asegura estar «muy tranquila» porque «está recibiendo el apoyo de muchísimos vecinos». Además, se justifica diciendo que al ser un pueblo muy pequeño, (de 8.500 habitantes) siempre habrá contratado alguien que sea familia del equipo de Gobierno. «Es algo que siempre ocurrirá en los pueblos porque somos pocos y todos nos conocemos, por lo que siempre habrá algo de afinidad», dijo hace unas semanas Ávila.

Contratos a familiares

Soledad Ávila Ribada, actual portavoz del PSOE en El Boalo, adjudicó presuntamente «a dedo» contrataciones a varios familiares desde su condición de cargo electo de la corporación municipal, primero como concejal de Educación, Juventud y Familia y, desde 2015, como tercer teniente de alcalde.

Concretamente, durante el período 2015-2023, la edil socialista contrató de manera recurrente a cinco familiares directos (tres hermanos, la pareja de uno de ellos y dos sobrinos), para la realización de prestaciones de servicios de diversa índole, por un importe de más de 100.000 euros. Sin embargo, del informe se desprende que venía realizando esta práctica con anterioridad, concretamente desde 2011, alcanzando un total de 135.000 euros en facturas a familiares y amigos.

Tanto el informe pericial resultante como los subsiguientes informes de la secretaría e intervención municipal han confirmado las flagrantes irregularidades que, durante años, la concejal del PSOE ha venido cometiendo al favorecer a sus familiares en claro detrimento de los principios de imparcialidad, objetividad e independencia que deben guiar la actuación de los cargos públicos.

Además del caso de Soledad Ávila, el ex alcalde socialista de El Boalo, Javier de los Nietos, también hizo gala de otorgar contratos a familiares y amigos durante los años en los que estuvo gobernando el municipio entre 2011-2023. El ex edil dio a la empresa de un primo hermano suyo 62 facturas por valor de 74.888,86 euros. Prácticamente todas en situación irregular.

En total, por parte de Intervención se han analizado 290 facturas por importe total de unos 206.000 euros. Sólo cuatro de estas facturas emitidas por alcaldes o concejales socialistas de El Boalo cumplían con la ley de contratos. En el resto se apreciaba reparos suspensivos de la intervención municipal, sin fiscalizar, o con informe de disconformidad.