Cargos de Podemos impulsan una campaña para que Irene Montero retire una multa a una sindicalista

Miembros de Podemos han iniciado una campaña para reclamar a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que interceda ante el Ministerio del Interior para eliminar una multa a una representante del Sindicato de Estudiantes a la que se aplicó la Ley de Seguridad Ciudadana en 2019.

La sindicalista Ana García, conocida porque a sus 33 años sigue vinculada al Sindicato de Estudiantes, fue multada con 700 euros por usar megafonía no permitida en la manifestación feminista del 8 de marzo de 2019 en Madrid.

La maquinaria del sindicato estudiantil se ha puesto en marcha para tratar de cancelar la sanción. Para conseguirlo, el sindicato ha elaborado un manifiesto dirigido a Irene Montero, al propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, que firman directamente miembros de Podemos.

Así, aparecen como firmantes, entre otros, Gema Gil, miembro de la dirección de Podemos Comunidad de Madrid y portavoz del partido morado en Leganés. Gil protagonizó desde el sindicalismo la oposición a la embotelladora de Coca Cola en Fuenlabrada. Igualmente se adhiere Danilo Aravena, pedagogo, sociólogo y candidato de Podemos en primarias internas o Cristina Fallarás, periodista relacionada con Podemos. En total, 433 personas que escriben al Gobierno para tratar de revertir la multa.

Piden que Irene Montero actúe porque, según defienden, «basta ya de ataques al movimiento feminista». Desde el Sindicato de Estudiantes, el colectivo feminista Libres y Combativas y el partido trotskista Izquierda Revolucionaria impulsan esta campaña. Junto a ellos, miembros del Sindicato de Manteros, CC OO, UGT, CGT o Intersindical.

En su texto explican que «Libres y Combativas es una de las organizaciones más representativas del movimiento feminista entre la juventud». Defienden que en los últimos años ha mostrado «su determinación incansable en la lucha contra la violencia machista y contra cualquier forma de opresión de género y discriminación al colectivo LGTBI» y que han conseguido «vaciar las aulas de institutos y universidades» en las huelgas generales feministas, han promovido las «manifestaciones masivas contra la sentencia a los violadores de La Manada» y han luchado para «la puesta en marcha de una asignatura de educación sexual inclusiva y en libertad que combata efectivamente el machismo y el LGTBIfobia».

Asimismo, acusan al Partido Popular y Vox de «atacar públicamente» a la multada Ana García, «incluyendo insultos vejatorios, por su dedicación a la causa de la mujer y la justicia social, en la línea de la infame campaña de culpar a la pasada manifestación del 8-M por la pandemia del Covid-19».

«Multa inexplicable»

Desde el sindicato opinan que «esta multa es una acción completamente inexplicable, e inaceptable, viniendo de un Gobierno que públicamente está comprometido en la defensa de la igualdad y los derechos de las mujeres». Y señalan que es una «contradicción manifiesta» cuando el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias «se declara feminista y al mismo tiempo sanciona, utilizando la nefasta ‘ley mordaza’, a las que batallamos todos los días por conquistar nuestros derechos». «Ana García es una de nosotras», proclaman.

Por todo ello, reclaman a Interior «la retirada inmediata de la multa a la compañera Ana García y el respeto a la libertad de expresión y diversidad del movimiento feminista», concluyen su manifiesto. Finalmente incluyen las señas de los ministerios de Interior e Igualdad junto a la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid para que quienes así lo deseen hagan llegar por correo postal, fax o teléfono fijo la reclamación contra la multa de 700 euros.

Desde 2002

Nacida en Gijón en 1986, Ana García terminó sus estudios de Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III hace ya casi una década. Sin embargo, sigue vinculada al Sindicato de Estudiantes y ahora es portavoz de un nuevo colectivo, Libres y Combativas, para participar en los actos feministas.

Saltó a la popularidad al apoyar las manifestaciones en Cataluña ligadas a la independencia liderando este sindicato estudiantil, que lejos de querer representar a todos los alumnos de colegios, institutos y universidades se declara «de izquierdas, revolucionario y anticapitalista». En las concentraciones en la plaza de Sant Jaume de Barcelona gritaba a pleno pulmón: «¡Queremos Països Catalans!». De hecho, como recogió el Sindicato de Estudiantes en su web, no se centra únicamente en «la lucha educativa». También quieren combatir, por ejemplo, «la represión franquista contra el pueblo catalán» y por ello apoyan llamado «derecho a decidir».

En 2017 afirmaba que se encontraba en situación de desempleo y que combinaba su actividad sindical con el estudio de idiomas (francés, inglés y alemán). «Trabajo ocasionalmente en proyectos puntuales de Comunicación Audiovisual, dando clases particulares o haciendo promociones en centros comerciales», explicaba a VozPopuli.

Ya en 2002 estaba afiliada en el movimiento estudiantil que entonces luchaba contra la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE). Un año después su sindicato echó a las calles a los estudiantes contra la Guerra de Irak.