Almeida forzó a 200.000 madrileños a gastar 5.400 millones en cambiar el coche para imponer su propio ‘Madrid Central’

«Con Almeida, Madrid Central se acaba». Ése fue el lema más repetido de la campaña electoral que llevó al actual alcalde de Madrid a liderar el Ayuntamiento en mayo de 2019. Almeida prometió que acabaría con las restricciones de tráfico impuestas por su predecesora, Manuela Carmena. Sin embargo, las restricciones no sólo siguen en pie, sino que se han ampliado a todo el término municipal, obligando a 200.000 ciudadanos a gastar 5.400 millones de euros para cambiar su vehículo y poder circular por su ciudad.

Madrid Central nació el 30 de noviembre de 2018 de la mano de la entonces alcaldesa Manuela Carmena. Con esta medida, el corazón de la capital quedó convertido en una zona de bajas emisiones, con restricciones de circulación para reducir los niveles de contaminación.

La iniciativa despertó desde el primer momento una fuerte oposición política, encabezada precisamente por el PP. «Creemos que la medida conocida como Madrid Central ha perjudicado a los madrileños. Por eso, acabaremos con ella», recogía textualmente el programa electoral popular antes de los comicios.

Una vez en el poder, Almeida intentó cumplir su promesa. En 2019, el nuevo gobierno municipal aprobó la suspensión de las multas y trató de desmantelar el sistema. Sin embargo, los tribunales le frenaron en seco: sucesivas sentencias judiciales declararon ilegal el intento de desactivar la zona restringida, obligando al Ayuntamiento a mantenerla.

Lejos de asumir el fracaso de su estrategia, el ejecutivo popular liderado por Almeida rebautizó Madrid Central como «Madrid 360», una versión ampliada del modelo original de Carmena. Mientras que la ex alcaldesa mantenía las restricciones en el distrito Centro de la ciudad, Almeida las ha ampliado a los 21 distritos de Madrid, creando una zona de bajas emisiones en todo el término municipal.

El acceso a las zonas restringidas por Almeida depende de la etiqueta ambiental de la DGT. Los vehículos cero emisiones y ECO circulan sin limitaciones por toda la ciudad; los de etiqueta C y B pueden acceder a la mayoría de zonas, salvo a Plaza Elíptica y distrito Centro; y los sin etiqueta o etiqueta A tienen prohibida la entrada a todo el término municipal.

El resultado de esta gestión errática tiene un coste muy concreto para los ciudadanos. Desde que entraron en vigor las restricciones de tráfico, 200.000 madrileños se han visto obligados a adquirir un vehículo nuevo que cumpla con los requisitos medioambientales para poder acceder a sus puestos de trabajo, visitar a sus familiares o simplemente circular sin impedimentos por el centro de su ciudad.

Este esfuerzo económico forzoso ha supuesto un desembolso total estimado en 5.400 millones de euros, una cifra que los afectados podrían haberse ahorrado de haber tenido certezas claras desde el principio o si Almeida hubiera cumplido con sus promesas. En cambio, aquellos madrileños que no se puedan permitir el gasto que supone un cambio de vehículo tienen prohibida la circulación con su vehículo en toda la ciudad.

El pasado 21 de abril, el Tribunal Supremo avaló una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anulaba la zona de bajas emisiones aprobada por el gobierno de Almeida, tras un recurso interpuesto por Vox. Un golpe judicial al que el propio Almeida se había adelantado aprobando una nueva normativa el 24 de marzo, apenas un mes antes del fallo.

El resultado es que las restricciones siguen exactamente igual. Una huida hacia adelante que retrata a la perfección la trayectoria del alcalde con las restricciones de circulación en Madrid: años prometiendo acabar con ellas, y al final, más de lo mismo con distinto nombre.