Alcorcón desafía a la Junta Electoral: acoge al tribunal ‘fake’ contra Ayuso por las residencias

El Ayuntamiento de Alcorcón ha desoído a la Junta Electoral de Zona (JEZ) y ha seguido adelante con el evento que ha contado con la comisión de la verdad, es decir, el tribunal fake que carga contra Isabel Díaz Ayuso por la gestión de las residencias durante la pandemia, aun con 21 denuncias archivadas. El consistorio, regido por la socialista Candelaria Testa, ha toreado a la JEZ, que ha indicado que el acto, en plena precampaña de las elecciones europeas, contravenía Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), y ha recurrido a la estrategia de cambiar de escenario: en lugar de reunirlos en el Centro Cívico Los Pinos lo ha hecho en la calle.

En el evento se pretendía presentar, según el Ayuntamiento, el informe sobre las residencias cuya resolución no es nueva, sino que se había dado a conocer el pasado mes de marzo, y después de que el delegado del Gobierno de Pedro Sánchez en Madrid, Francisco Martín, también les diera voz, precisamente esta misma semana.

Ese informe elaborado por pseudoexpertos acusa a la presidenta de la Comunidad de Madrid de haber premeditado la muerte de miles de ancianos -«no fue una decisión improvisada debido a la situación de urgencia provocada por la pandemia, sino consciente, planificada y mantenida en el tiempo»- al «adoptar medidas que fueron determinantes en la muerte» de los enfermos, como «reducir la derivación de los pacientes a los hospitales», pese a que la justicia ha apuntado reiteradamente que los hospitales estaban saturados y la atención más adecuada estaba en las residencias.

Para el acto, el Ayuntamiento de Alcorcón iba a hacer uso del Centro Cívico Los Pinos, de gestión municipal. La Loreg (Ley Orgánica del Régimen Electoral General) recoge que «queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, de manera directa o indirecta, por los poderes públicos» para darles un uso con intencionalidad política, en la línea de alguna de las formaciones concurrentes a las elecciones. En este caso, la alcaldesa del PSOE iba a hacer uso de los recursos públicos para el acto, según apunta el PP, que presentó la denuncia contra la socialista por «promover, publicar y celebrar» el evento, que se anunciaba en la web municipal, «con motivo de la convocatoria de elecciones al Parlamento Europeo».

«Clara vulneración» de la ley

La resolución de la Junta Electoral tras la denuncia de los populares recoge que la celebración del evento convocado representa una «clara vulneración» de la Loreg. Así, suspendió el acto programado por el PSOE y el propio Ayuntamiento. Concedió un plazo de 6 horas para que el consistorio respondiera a las acusaciones, es decir, antes de la hora a la que estaba previsto que empezara el evento.

El Ayuntamiento alegó -fuera de hora- que el acto «no era político» dado que «ningún partido» iba a participar en el mismo, y acusó al PP de querer «obtener rédito político con interés mediático». Cabe recordar que el tribunal fake surge a raíz de que un sector de la sociedad civil controlado por la izquierda decidiera organizarse y crear el pseudocomité, compuesto por  supuestos expertos que guardan relación con PSOE y Podemos.

Entre ellos, por ejemplo, se encuentra José Antonio Martín Pallín, que ha participado en una gran cantidad de actos de Podemos, al igual que María Victoria Zunzunegui, mientras que Fernando Lamata ocupó cargos en Gobiernos del PSOE y Eduardo Ranz se presentó a las primarias del partido en Madrid.

A pesar de la suspensión oficial, el acto se ha celebrado en la entrada del centro cívico, en la zona exterior. En él ha participado José Ángel Gómez Chamorro, exdiputado socialista en la Asamblea de Madrid y Secretario de Atención a la Dependencia del PSOE.

«Esta jornada atenta contra la gestión realizada durante una etapa difícil con una evidente intencionalidad política por parte del organizador público. Claramente, busca retorcer y politizar el dolor de las familias», ha declarado Roberto Marín Vergara, portavoz y presidente del PP de Alcorcón.

Ya son 21 las causas contra Ayuso que han sido archivadas. La Audiencia Provincial recoge en una de las últimas que no se puede «extraer indicio alguno de abandono del enfermo sin tratamiento ni seguimiento médico o sin intento alguno de salvarle» y que la acusación que responsabiliza a la presidenta madrileña «obvia que la pandemia afectó, no a la Comunidad de Madrid, sino a gran parte del planeta, con consecuencias muy similares en numerosos países, en las que todos los responsables de los servicios sanitarios tuvieron que afrontar una crisis de una gravedad no conocida hasta el momento».