Velasco fija una fianza de 400.000 euros para Granados después de 32 meses en prisión por la Púnica

Francisco Granados podría abandonar la prisión madrileña de Estremera después de 32 meses en prisión provisional. Según ha podido saber OKDIARIO, el juez Eloy Velasco ha fijado una fianza de 400.000 euros para que el ex consejero de la Comunidad de Madrid pueda abandonar la cárcel, tras ser encarcelado por su implicación en la trama Púnica.

En la resolución de 2 páginas, a la que ha tenido acceso este diario, el juez modifica la prisión incondicional por la de prisión eludible con fianza de 400.000 euros de Granados a la vista de los últimos registros realizados en la causa en relación con Arpegio-Prisma, «lo que disminuye el riesgo de que pueda influir en la destrucción y desaparición de pruebas, teniendo en cuenta también que ya se han levantado el secreto que pesaban sobre diversas piezas separadas secretas».

Según Velasco, también ha disminuido el riesgo de fuga ante el hecho del tiempo transcurrido, al tiempo que considera positivo que Granados pueda acudir «en otras condiciones» al primer juicio oral de esta causa (el chivatazo de la investigación). Al no haber desaparecido por completo los riesgos aludidos el juez considera proporcional acordar la libertad de Granados una vez depositada la cantidad de 400.000 euros en metálico.

En caso de depositar la fianza, Granados deberá comparecer ante el Juzgado de Instrucción nº 6 o el más cercano a su domicilio los días 1 y 15 de cada mes, facilitar número de teléfono y correo para ser localizado de forma permanente, fijar domicilio y tiene prohibido salir del territorio nacional sin autorización judicial.

Casi 3 años en prisión provisional

La defensa del ex dirigente popular presentaba recientemente un nuevo escrito en la Audiencia Nacional en el que se solicitaba su puesta en libertad tras sufrir un “trato claramente discriminatorio a relación con tantos otros investigados e incluso con condenados en situación de libertad”, es decir, los Pujol o Iñaki Urdangarin, entre otros.

En el escrito, se ponía de manifiesto que después de 3 años de investigaciones, con comisiones rogatorias a otros países, no se había obtenido ningún resultado sobre el supuesto patrimonio millonario oculto que escondería y a que a día de hoy es “inexistente”.

Velasco llegó a rechazar un poder notarial del ex dirigente del PP para agilizar la investigación de su “patrimonio oculto” en el extranjero, así como la declaración de numerosos testigos que aclararían la situación de Granados en el gobierno regional.

Sobre la posible interferencia del ex dirigente popular en la investigación para “presionar a terceros o destruir pruebas”, los abogados recordaban que esta hipótesis es “imposible” ya que abandonó hace 14 años la alcaldía de Valdemoro y hace 6 la Comunidad de Madrid. En este contexto, señalan que a día de hoy aún no se han concretado las supuestas recalificaciones, que según los investigadores, le llevaron a reunir más de 700 millones de euros.

“No hay razón alguna para mantener a Granados en prisión porque según se dice pueda hacer uso de sus influencias, que son ninguna, para presionar o interferir las fuentes de información” señala el documento. De hecho, el artículo 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sólo permite mantener la prisión provisional en estos casos “por un periodo máximo de 6 meses”.

Sobre las declaraciones ante el magistrado del empresario David Marjaliza, la defensa de Granados afirma que “no sirven absolutamente para nada puesto que no solamente no están corroboradas por ninguna otra prueba o indicio, y se han practicado sin dar vigencia al principio de contradicción. Dichas manifestaciones están plagadas de inconcreciones y contradicciones” afirmaba.

Los letrados denunciaban que el ex dirigente del PP se encuentra “en una situación de absoluto olvido y abandono si no fuera por los diferentes recursos y escritos presentados por esta defensa” y precisan  que no se ha llevado a cabo ninguna pesquisa para acreditar las acusaciones contra Granados, y que en ningún momento se les ha notificado como establece la Ley que “el resultado de las diligencias haya producido algún cambio relevante en el objeto de la investigación de los hechos imputados”.