Una asesora del Ayuntamiento de Rita Barberá: «Había fajos de billetes de 500 en el Grupo Popular»

«Todo el mundo es consciente de que se está realizando un presunto supuesto blanqueo. Somos alrededor de unas 70 personas (entre asesores, secretarias y concejales) las que conocemos este asunto». Éste es sólo uno de los pasajes del escrito presentado por una asesora del PP en el Ayuntamiento de Valencia ante el Juzgado de Instrucción nº 18 de Valencia, que investiga la presunta financiación ilegal del Grupo Popular en el consistorio valenciano.

La asesora comparece ante el juez instructor, Víctor Gómez, para declarar como testigo y explicar cómo se blanqueaba dinero en los despachos del Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia, cuando lo gobernaba Rita Barberá.

Lo explica, sobre todo, en un escrito que tenía elaborado desde el jueves 26 de marzo de 2015. La testigo lo presenta ante el juzgado, «con inquietud e incluso miedo», pero con el valor de que el texto explica los hechos a los tres días de que se produjeran. El secretario del juzgado, de hecho, comprueba que el archivo en el ordenador tiene esa fecha de elaboración y las 21.45 horas del mismo día como último acceso.

En dichas líneas, la asesora explica que fue la secretaria del Grupo Popular, María del Carmen García-Fuster, quien les propuso a esta testigo y a las otras «70 personas» la «obligación» de «realizar una transferencia a la cuenta del Grupo municipal Popular por un importe de mil euros». Después, la asesora añade: «Una vez realizada esta transferencia y con el comprobante en la mano, deberíamos ir al despacho de la Secretaria (Calle Convento Santa Clara) para que nos fuera devuelto este importe en efectivo, con la condición de que nunca ingresáramos este dinero en el banco, en ningún banco».

La comunicación de estas instrucciones, en principio, no la hizo en persona García-Fuster, mujer de confianza de la alcaldesa, sino a través de un compañero de esta asesora, quien desde el primer momento se extrañó del procedimiento y de la «obligación» de ejecutar una operación tan extraña.

Los temores de la asesora se confirmaron al día siguiente, cuando la secretaria del Grupo Popular la llamó a su despacho para presionarla. «Le comuniqué en ese momento que yo no iba a participar en este hecho», relata la testigo en su escrito, en el que explica que trató de poner como excusa que «no tenía el dinero». Pero Carmen García-Fuster no atendía a razones: «me gritó y me espetó en varias ocasiones que ‘me largara’ […] y llegó a ofrecerme ella los mil euros para que lo ingresara en mi cuenta y realizara la transferencia».

‘Limpiar’ el dinero

El ‘pitufeo’ de billetes en el Grupo Popular del Ayuntamiento valenciano en marzo de 2015 era una cosa sabida de puertas adentro. Uno de los compañeros de esta asesora le explicó al día siguiente que él sí había realizado la operación fraudulenta, mientras le mostraba los dos billetes de 500 euros. «Me dijo que no sabía cómo gastarlos, que probablemente irá al Corte Ingles, comprará algo muy caro y lo devolverá para, palabras textuales, ‘limpiar’ ese dinero».

Y añade la testigo: «Me ha comunicado que hay ‘fajos de billetes de 500’ en el Grupo municipal Popular».

La asesora, que afirma que del PP valenciano sólo se fía «de Alfonso Grau», decidió teclear estas líneas en su ordenador para llevar el escrito ante un notario, como explica de palabra ante el juez y el fiscal, Pablo Ponce, «por miedo de las represalias, de que me pase algo» por haberse negado a participar en la operación de presunto blanqueo y, sobre todo, para «blindarse» y «hacer constar» que ella no participó en el «presunto delito».

Si no lo llevó fue porque se informó de que de nada le serviría, pues el notario sólo le habría remitido a un juzgado, en caso de poder aportar pruebas. Pero la testigo explica que no podía denunciar, ante la falta de documentos que soportaran su versión -aunque dice sí conservar un recorte de papel donde le escribieron el número de cuenta en el que debía ingresar el dinero-, por haberse negado a ingresar el ‘donativo’, y por el miedo que sentía a enfrentarse a un «partido que lleva gobernando décadas».

La situación de indefensión de la asesora es tal que dice: «Me da pánico dirigirme a la Policía o a la Fiscalía y que se filtre con mi nombre y apellidos». Y expresa sus dudas de si detrás de la operación estaban sólo «algunos miembros del Grupo municipal popular, si afecta a todo el equipo de Gobierno de Valencia, o si proviene del propio partido Popular».