Sánchez inyectó al CNI 160.000 € de los bienes incautados a narcotraficantes y políticos corruptos

Los servicios secretos españoles amplían sus fuentes de financiación. El Ministerio de Justicia, entonces dirigido por la socialista Dolores Delgado, inyectó en 2019 al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) 160.000 euros procedentes de los bienes incautados a narcotraficantes, bandas criminales y políticos corruptos.

Estos bienes son administrados por la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) creada en 2016 por el Gobierno de Rajoy para localizar y recuperar efectos procedentes de las actividades delictivas. La ORGA depende del Ministerio de Justicia y actúa como un órgano auxiliar de los jueces.

Según la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) aprobada por el Gobierno de Rajoy en octubre de 2015, el 50% de estos bienes incautados a organizaciones criminales y políticos corruptos debe destinarse a financiar proyectos de ayuda a las víctimas de los delitos y lucha contra el crimen organizado. El otro 50% se ingresa al Tesoro público.

Desde su creación en 2016, la ORGA ha administrado más de 31 millones de euros procedentes de la delincuencia, según el informe de fiscalización aprobado por el Tribunal de Cuentas el pasado 26 de noviembre. Estos fondos proceden de la subasta de joyas, obras de arte y otros artículos incautados a las organizaciones criminales, incluyendo embarcaciones y vehículos de lujo utilizados por los narcotraficantes. Aunque el grueso de la suma total corresponde a dinero en efectivo y depósitos bancarios intervenidos por el juez a los delincuentes.

Equipos de escucha para la Policía

De los 31 millones de euros intervenidos, hasta ahora la ORGA sólo ha adjudicado, en una reunión celebrada el 3 de abril de 2019, el reparto de 954.006 euros para los fines previstos en la Ley.

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) presentó a esta convocatoria cuatro proyectos, por un importe total de 510.000 euros, para adquirir programas informáticos, mejorar la seguridad de su personal en zonas de riesgo y poner en marcha un «sistema automatizado de análisis forense de evidencias digitales» (presupuestado en 200.000 euros).

Finalmente, la Comisión de Adjudicación de Bienes Producto del Delito (CABID) sólo concedió al CNI 160.000 euros para dos de los proyectos presentados: la compra de material de laboratorio para criptoanálisis (por importe de 60.000 euros) e informática forense (100.000 euros). Ambos proyectos tienen difícil encaje en la Ley, ya que la función principal del CNI no es perseguir delitos, sino proteger la seguridad e integridad del Estado.

La Comisión de Adjudicación presidida por el secretario de Estado de Justicia destinó los 795.000 euros restantes a distintos proyectos presentados por tres Ministerios. La Agencia Tributaria recibió 226.000 euros para instalar un sistema digital de comunicación en las patrulleras que luchan contra el contrabando y el narcotráfico en Andalucía.

El Ministerio de Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, recibió otros 407.000 euros para financiar distintas iniciativas: la compra de equipos y programas informáticos para la UDEF (122.896 euros), equipos de secuenciación genética de tercera generación que el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil empleará en la investigación de escenas del crimen (100.000 euros), una furgoneta mixta y sistemas de vigilancia para la Jefatura de Información de la Guardia Civil (100.000 euros), dos equipos de escucha para la Policía Judicial (27.104 euros) y mejoras para las unidades de la Policía Nacional que utilizan perros adiestrados (50.000 euros).

El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), que depende de la Secretaría de Estado de Seguridad, ha obtenido tan sólo 8.406 euros (de los 115.885 que había solicitado) para financiar el almacenamiento y destrucción de efectos intervenidos en delitos contra la propiedad intelectual e industrial.

Por último, el Ministerio de Justicia gestionará los 160.000 euros restantes. Se destinarán a la formación especializada de fiscales en materia de embargos y decomisos (87.000 euros) y a la compra de una aplicación informática para gestionar las estadísticas de las Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (72.600 euros).

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impulsada por el PP también permite que una parte de estos fondos se destine a las Comunidades Autónomas o a organizaciones sin ánimo de lucro, siempre para los fines previstos por la Ley: ayudar a las víctimas de los delitos y luchar contra la criminalidad. Sin embargo, hasta ahora no se ha puesto en marcha esta opción, según el informe del Tribunal de Cuentas.

Planeadoras y coches de gran cilindrada

Antes de la creación de la ORGA, los jueces podían ceder a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a otras instituciones el uso de los bienes incautados a bandas criminales. De este modo, la Guardia Civil ha podido utilizar, en la lucha contra el crimen, vehículos de gran cilindrada y embarcaciones intervenidas a los narcos. En otros casos, chalés o fincas confiscadas a los narcotraficantes se han transformado en centros de rehabilitación y atención a drogodependientes, personas con discapacidad y enfermos mentales.

La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) ha celebrado este mes de diciembre cinco subastas para enajenar bienes intervenidos a organizaciones criminales: desde equipos informáticos y dos karts de carreras (que se han vendido por 2.531 euros), a varios vehículos VolksWagen Touareg y Passat.

En noviembre puso a la venta cinco solares en Valdemoro (Madrid), una vivienda en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), una lancha fueraborda de 8,7 metros de eslora, varios vehículos (un Audi A5 y un Peugeot 407), cámaras digitales, relojes Lotus y joyas.