La Policía investigó en la era Rajoy a más dirigentes del PP que adversarios políticos

«Las 10 acciones clandestinas orquestadas por la policía de Fernández Díaz». Titulaba El País, destacado en portada, de su edición del domingo. El diario de Prisa señalaba al ex ministro del Interior (2011-2016) de Mariano Rajoy como el inquisidor de un ramillete de prohombres de la España democrática y el fundador de una «policía patriótica» que espiaba y aniquilaba a sus adversarios políticos. Sorprendente porque fue el propio Fernández quien quedó noqueado en el Ministerio tras sufrir una acción de espionaje en su despacho de Castellana-5 cuando le grabaron una conversación con el jefe antifraude de Cataluña. Después las verdaderas cloacas de la Policía se encargaron de filtrarla al diario Público del independentistas Jaume Roures.

¿Y quiénes eran esos portentos de la Democracia a quienes esa supuesta «policía patriótica» perseguía?: el molt honorable Jordi Pujol y su familia, su sucesor en la Generalitat Artur Mas, el ex alcalde de Barcelona Xavier Trías, Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, entre otros. Sólo faltaban Puigdemont, Urdangarin, Millet y Macià Alavedra.

Pero El País olvidaba, de manera sesgada, que otros políticos del Partido Popular fueron investigados con mayor dureza por la misma Policía y Guardia Civil durante el tiempo que Mariano Rajoy fue presidente, Soraya Saenz Santamaría vicepresidenta y Fernández Díaz ministro de Interior. Además, acabaron entre rejas. Algunos de ellos llegaron a permanecer incluso de manera preventiva más de dos años en la cárcel y muchas de las acusaciones fueron luego revocadas.

La realidad es que Mariano Rajoy y la Policía de Fernández acabaron con medio PP. Basta repasar la lista de afectados: Ignacio González, Francisco Granados, Rita Barberá, Pedro Antonio Sánchez, Eduardo Zaplana, Cristina Cifuentes, Joaquín Ripoll y Alfonso Rus, entre otros. Sin olvidar el caso de la Caja B de Génova que destaparon los periodistas Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta el 18 de enero de 2013 con este titular: «Bárcenas pagó sobresueldos en negro durante años a parte de la cúpula del PP».

De la otra mitad, se encargó Alfredo Pérez Rubalcaba mientras fue ministro del Interior entre 2006 y 2011. A él se deben la operación Gürtel en 2009 -que provocó la caída del Gobierno de Rajoy en 2018- y el ático de Ignacio González. En las dos investigaciones participó activamente José Villarejo, aunque ese detalle lo escamotea El País en sus informaciones, a pesar de que el ex comisario fue una de sus mejores fuentes en ese tema.

Villarejo propició la ‘operación Gürtel’

El diario de Prisa destaca los «encargos» del PP a Villarejo para torpedear el caso Gürtel pero omite que fue Villarejo quien propició la detención en España del que fuera testaferro de Francisco Correa, el suizo Arturo Fasana. Además realizó viajes a Suiza para recabar pruebas contra los investigados por Unidad de Delincuencia Económicos y Fiscal (UDEF), siendo ministro Pérez Rubalcaba y Dirección Adjunta Operativa (DAO), Miguel Ángel Fernández Chico.

El País tampoco se detiene en el espionaje al alcalde de Burgos José María Peña, que provocó su salida de la Corporación municipal en 1992. Los socialistas de la ciudad castellana con la ayuda de Villarejo espiaron al entonces primer edil y le pincharon ilegalmente el teléfono. Toda la documentación está entre los papeles intervenidos a Villarejo. Basta con que la Fiscalía Anticorrupción los pida.

Rubalcaba se libró del caso Faisán -uno de los mayores latrocinios del Régimen del 78. La vilipendiada «policía patriótica» del PP se olvidó del caso y se conformó con la condena de dos policías: un comisario y un inspector, que asumieron el papel de cabezas de turco.

A altos cargos del PP, con Rajoy en La Moncloa y Fernández en Interior, les tocó vivir los momentos más dramáticos de sus vidas. Así se las gastaba la fantasmagórica «policía patriótica», que según El País orquestaba «operaciones clandestinas» contra los Pujol e Iglesias, con personas importantes de su partido que estaban siendo investigados por supuestos casos de corrupción.

La Policía de Rajoy se presentó una tarde de Nochebuena de 2012 en el palacete de Jaume Matas en busca de una caja fuerte que nunca apareció. La operación policial se desarrollaba en el conocido como caso Palacete, que finalmente fue archivado por el juez Castro a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Y eso que Rajoy y Matas eran grandes amigos, hasta el punto de que el ex presidente del Gobierno veraneaba en Mallorca invitado por el entonces presidente balear. Matas fue condenado por corrupción en los casos Palma Arena y Nóos.

Con el vicepresidente Rodrigo Rato pasó algo similar. En abril de 2015 era detenido en su domicilio familiar por funcionarios de la Agencia Tributaria, que realizaron un registro en su domicilio por orden de la Fiscalía de Madrid. Nunca antes un político había sido tratado con tanta dureza como el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional. Sus imágenes del empujón para que entrara en uno de los vehículos de los investigadores abrieron todos los informativos televisivos.

Micrófonos ocultos a González y Zaplana

Otros dos políticos del PP, ambos ex presidentes de las comunidades autónomas de Valencia y Madrid -Eduardo Zaplana e Ignacio González- fueron así mismo experimentos de laboratorio en las pesquisas de los agentes «patrióticos» de Fernández Díaz. Los guardias de la UCO que investigaban a González en el caso Lezo colocaron micrófonos permanentes ocultos en un despacho que compartía con otros abogados y en los restaurantes, hoteles y bares donde solía quedar con sus contactos.

Con Zaplana sucedió algo similar. Durante los cinco años que duró la investigación del caso Erial instalaron micrófonos ocultos en los salones del hotel Wellington y en otros locales donde solía verse con sus amistades. También fue seguido y vigilado durante años en sus desplazamientos entre Madrid y Valencia.

La acusación contra Zaplana fue finalmente construida a partir de dos colaboradores de la Guardia Civil -¿también patriótica?: el sirio Imad Al Naddaf y el conocido como «yonki del dinero», Marcos Benavent, que convenció al anterior para que declarara contra el ex presidente de la Generalitat valenciana.

Jamás había ocurrido nada parecido y mucho menos durante un Gobierno socialista contra dirigentes de su partido. Tampoco en investigaciones que afectaran a partidos nacionalistas o independentistas catalanes. La señalada como «policía patriótica» jamás sometió ni a los Pujol, ni a Artur Mas, ni a Xavier Trías a unas medidas tan estrictas.

Algo parecido habría resultado inviable durante la etapa de Rubalcaba al frente del Ministerio del Interior. Su «policía patriótica» jamás habría filtrado conversaciones suyas en su despacho o las grabaciones de las charlas entre Ignacio González y Eduardo Zaplana en un pinchazo de la operación Lezo. En ellas, el ex ministro de José María Aznar le comentaba qué pensaba su ex jefe de Rajoy: «No puede continuar. Este Rajoy es imposible. Esta legislatura no puede durar. Yo jamás voy a hacer nada que puedan decir que he jodido el PP. Pero eso sí, cuando llegue el momento que éste caiga, poner claramente cuál es mi posición y que yo con éste no tengo nada que ver. A ver si cuando éste caiga nos va a arrastrar a todos».

¿Dónde está la diferencia?

La lista de investigados por la espectral «policía patriótica» también se había llevado por delante a Francisco Granados (Púnica), Rita Barberá (Taula), Ana Mato (Gürtel) o al presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez.

¿Entonces, dónde está la diferencia que marca El País en las actuaciones de la Policía del PP -para el diario, «patriótica»- contra sus adversarios políticos y altos cargos de Génova? Algunos de ellos, íntimos de Rajoy como Matas y Barberá.

En colmo de la desfachatez de la información del diario fundado por Polanco estalla cuando presenta a Pablo Iglesias como una víctima de la prensa amarilla. El secretario general de Podemos tiene papel y tinta de sobra para explayarse: «La capacidad de estas cloacas no es la de fabricar pruebas falsas, sino su enorme capacidad de fabricar noticias falsas. El desprecio a la verdad se ha convertido en la norma y no en la excepción …La finalidad no es enfocar la verdad o enfocar los hechos de una manera determinada, sino hacer la guerra al adversario. Y eso deja a nuestra democracia en una situación muy vulnerable».

Iglesias suelta un sermón desde el púlpito de Prisa cuando la Audiencia Nacional ha demostrado cómo intentó manipular desde sus entrañas, con la ayuda de un fiscal anticorrupción, el desarrollo del caso Dina. El mismo Iglesias que ha encargado a la propia Dina un periódico basura llamado La Última Hora atiborrado de noticias fake.

Además, Iglesias enmienda a Prisa cuando afirma: «Una de las características principales del llamado informe PISA [Pablo Iglesias Sociedad Anónima] es lo cutre que es. Un conjunto de recortes de prensa, de suposiciones… Trataron de investigar, enviaron policías al extranjero a ver si encontraban algo, pero no encuentran nada y construyen un informe que tiene fundamentalmente una finalidad mediática. Y ahí es enormemente eficaz… La financiación ilegal de Podemos es mentira, pero se instala, y da material a todos los medios de comunicación adversarios».

Sorprendente porque fue un medio de Prisa el que se vanaglorió de publicar ex exclusiva y en su totalidad el informe PISA. El propio autor de la información, el adjunto a la Dirección del diario José Manuel Romero, oculta que él fue uno de los que difundieron íntegro el informe Pisa en la página web de la SER cuando era el jefe de informativos.

La página web de la emisora fue la primera en reproducir íntegramente, el 14 de marzo de 2016, las cuarenta páginas del dossier elaborado por la UDEF sobre el dinero recibido por Iglesias de las dictaduras de Venezuela e Irán.

La SER titulaba entonces su exclusiva: «El informe PISA (Pablo Iglesias S.A.) de la UDEF sobre Podemos (I)». Añadía un subtítulo: «Consulta el informe completo». Y reproducía todas las páginas del dossier, identificándolo con una marca de agua con el logotipo de la emisora: «SER».

El cinismo ahora les obliga a ocultar aquellos titulares de «tabloide», siguiendo la terminología para otros del diario de Prisa: «En el informe/denuncia, al que ha tenido acceso la Cadena SER, el jefe de la UDEF denuncia que la empresa 360º Global Media, que recibe transferencias de dinero de cuentas bancarias situadas en paraísos fiscales o en países de riesgo de estar vinculados a la financiación del terrorismo, como Irán, paga a productoras de contenidos vinculadas de forma subjetiva, objetiva y temporal al partido Podemos».

Y destacaba la derivación de las investigaciones a «los posibles delitos de blanqueo de capitales y financiación ilegal en los que podría haber incurrido Podemos».

Romero, el responsable de ambas informaciones, obtuvo el premio Ortega y Gasset -una paradoja porque lo concede su propia empresa, Prisa- por sus informaciones sobre la Gürtel. Él y El País publicaron cientos de artículos que perjudicaban al PP, que se difundieron en periodos electorales y que incluían falsedades como la que «Luis el Cabrón» era Luis Bárcenas u otros ‘patinazos’ policiales contra Álvarez-Cascos o Javier Arenas.