La policía intervino a los testaferros suizos documentos de los negocios de Juan Carlos en el extranjero

El procurador suizo, Yves Bertossa, ordenó a la policía a mediados de agosto de 2018 la entrada y registro de las oficinas de Arturo Fasana y Dante Canonica en Ginebra como primera medida para investigar un supuesto delito de blanqueo.

Los agentes policiales, expertos en delitos fiscales, volcaron en un disco duro el contenido de los ordenadores en busca de operaciones irregulares. En los documentos intervenidos encontraron después infinidad de datos que relacionaban a los testaferros suizos con el Rey Juan Carlos, según fuentes jurídicas helvéticas.

Algunos de los documentos incautados hacían referencia a la estructura financiera, cuentas bancarias y correspondencia personal de Fasana y Canonica que afectaban a Don Juan Carlos.

Con esa documentación, la Fiscalía de Ginebra sigue el rastro en estos momentos a las operaciones financieras y la procedencia del dinero, de ahí la calificación legal de un delito de blanqueo de dinero. Pero la dificultad que se le presenta a Bertossa, según fuentes conocedoras del caso, es demostrar con base documental la verdadera identidad del propietario de los fondos y de los bienes investigados.

OKDIARIO ha desvelado que la Fiscalía de Ginebra investiga por blanqueo de dinero, desde agosto de 2018, a los testaferros suizos del Rey Juan Carlos, Arturo Fasana y Dante Canonica, y a su primo Álvaro de Orleans Borbón. Las pesquisas del Ministerio Público, que forman parte de las diligencias P14783/2018, afectan también a las cuentas bancarias e inversiones internacionales de Don Juan Carlos, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes jurídicas suizas.

La acusación contra Fasana, Canonica y Álvaro de Orleans se centra en sus actuaciones como intermediarios en la ocultación de los movimientos de dinero y de otro tipo de bienes. En realidad, el verdadero trabajo al que se dedica un testaferro. Su función es la de un comisionista que cobra unos importantes honorarios por garantizar la opacidad de los fondos depositados en cuentas bancarias o en sociedades instrumentales.

El protagonismo de Álvaro de Orleans Borbón adquiere otra dimensión por su parentesco con el Rey Juan Carlos, sobre todo porque aparece en los papeles del sumario como beneficiario de una de las fundaciones.

En busca del propietario del dinero

Bertossa, como ya ha podido comprobar en otras operaciones pantallas en Suiza, sospecha que Fasana, Canonica y Álvaro de Orleans no son los propietarios finales de los bienes investigados. La misión de todos ellos es la de ocultar el dinero de una tercera persona. Por todo ello, el fiscal tiene por delante la ardua tarea para demostrar la identidad del verdadero propietario a fin de, en última instancia, poder explicar la procedencia de los fondos.

Fasana y Canonica no es la primera vez que se ven envueltos en una investigación por lavado de dinero relacionada con España. Fasana fue detenido en 2009 en Madrid en la redada de la Gürtel y Canonica declaró como testigo ante el magistrado Pedreira del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid.

En sus declaraciones ante el instructor del caso Gürtel, los dos intermediarios helvéticos desviaron la responsabilidad hacia los bancos por la falta de “compliance” (cumplimiento ético). Según ellos, las entidades financieras no habían actuado con escrupulosidad en las operaciones de sus clientes.

Sin embargo, según las leyes helvéticas, además de las entidades bancarias, los intermediarios financieros tienen el deber, sin excepciones, de preguntar siempre por el origen del dinero antes de asumir su administración.

Canonica ya esgrimió los mismos argumentos en su declaración como testigo ante el juez del TSJ madrileño en las diligencias Gürtel. Responsabilizó al Credit Suisse de la apertura de las cuentas de Correa y Crespo cuando los mediadores eran él y Fasana.

Un pacto con el Ministerio Público

Siguiendo el procedimiento judicial suizo, el fiscal Bertossa podría negociar con Fasana una multa millonaria para zanjar el asunto, algo que se suele hacer en Suiza para aliviar el atasco judicial. Sin embargo, ese tipo de acuerdo conlleva la obligación del testaferro de confesar la verdad. Además, se debe comprometer a ayudar a la Fiscalía en la investigación sobre el resto de los afectados. También a contribuir en las gestiones para la recuperación de los fondos ilícitos.

El pacto debe quedar recogido en una sentencia condenatoria que se hace pública. Y el fiscal no da la causa por cerrada hasta que analiza el comportamiento final del procesado.

Es el mismo procedimiento que Fasana ya negoció con la Fiscalía en la investigación contra la trama suiza de la Gürtel. El bróker bloqueó desde el principio el dinero de Correa y después ayudó a las autoridades judiciales para que los fondos fueran devueltos a España.

El jefe de Bertossa en el Ministerio Público de Ginebra, el procurador general Olivier Jornot, manifestó en una ocasión: “Es muy fácil pedir que investiguemos, pero el problema es la ley que no castiga a los intermediarios que aceptan fondos de origen dudoso”.

La dificultad de las diligencias P14783/2018 radica en el hecho de que el nombre de Don Juan Carlos aparece en algunos de los documentos incautados. De ahí que la oficina de Bertossa actúe con total secretismo y extremando todas las garantías procesales.