GUERRA POLICIAL EN CATALUÑA ( y 4)

La operación de los Mossos contra la Policía contó con la ayuda del CNI

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Furgones de la Policía Nacional. (Foto: Cuerpo Nacional de Policía)

Los Mossos d’Escuadra no estuvieron solos en su campaña para bloquear la red de confidentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en las investigaciones antiyihadistas en Cataluña. Los agentes autonómicos, que contaban entre bambalinas con la colaboración del CNI en la denominada operación Caronte, se sirvieron de su cobertura para denunciar a los inspectores de la Policía del Estado ante la Audiencia Nacional.  Los informes reservados de los Mossos entregados al juez Santiago Pedraz acusaban a los agentes de  haber avisado a los islamistas radicales de que iban tras ellos.

El propio departamento de Interior de la Generalitat aseguró a un medio de información catalán, tras la redada contra la célula del Daesh, que la relación entre Mossos y CNI había sido “fluida, puntual y eficaz”. Entre sus aportaciones, el espionaje español había facilitado a los Mossos la doble identidad del agente encubierto que se había infiltrado en la red yihadista. Se trataba de un joven de unos 30 años que había nacido en Bamako, Mali, y que trabajaba para la policía autonómica.

Lo que desconocía el colaborador de los Mossos es que algunos de los yihadistas con los que él trataba y espiaba eran confidentes de la Comisaría General de Información, que también habían sido introducidos en las mezquitas para desarticular a una red superior, que podría haber acabado dos años antes con el imán de Ripoll, como adelantó ayer OKDIARIO.

El compromiso del CNI con los Mossos les permitía monitorizar la operación Caronte y conocer de primera mano los informes que la policía catalana entregaba al juez Pedraz contra el CNP, sobre quienes exigían que se dedujera testimonio en la Audiencia Nacional “por revelación de secretos y colaboración con banda terrorista”. En uno de sus informes aseguraban incluso que los inspectores mostraban “una clara voluntad de entorpecer y dificultar la investigación en curso”.

Los directivos del CNI, que contaban con la autorización política de La Moncloa para participar en la operación antiterrorista, no sólo no alertaron a la Dirección General de la Policía sino que contribuyeron a la elaboración del relato anti policial.

El ministro del Interior, Jorge Fernández, que estaba al tanto de las maniobras de los Mossos contra la Policía, cuando se produjeron las detenciones de los miembros de la célula catalana, manifestó con cierta ironía que “Caronte había sido un éxito, fundamentalmente, por la participación en la operación del CNI”.

El ministro sabía lo que decía porque en esas fechas, abril de 2015, tras el atentado de Charlie Hebdo en París, había tenido una agarrada con el director del CNI, Félix Sanz Roldán, por las discrepancias en el enfoque de la lucha antiterrorista y las interferencias de los espías en la labor de la Policía.

El ministro del Interior también estaba al corriente de la amenaza que el general había lanzado al secretario de Estado Francisco Vázquez. Cuando éste, meses atrás, se había negado a destituir a una serie de mandos policiales con quienes Sanz Roldán estaba enfrentado, el jefe de los servicios secretos le espetó: "Tú no has visto nunca a un general cabreado".

En aquellas fechas ya había estallado la reyerta entre comisarios, sobre todo entre Villarejo y Martín Blas -el hombre del CNI en la Policía- y un sector de los servicios secretos emprendió una campaña de guerra sucia contra la Policía.

El CNI había interferido en dos casos muy mediáticos como la operación Gao Ping y el caso Nicolay, que afectaban directamente al CNP. El primero se tradujo en el cese del comisario del aeropuerto de Barajas, Carlos Salamanca y, el segundo, con la implicación del departamento policial de Asuntos Internos en una causa extrajudicial contra un joven de 19 años, conocido como el Pequeño Nicolás.

La guerra se acentuó con la filtración de dos grabaciones: la de una agente del CNI, que se hacía llamar María, mientras aleccionaba a un socio de Gao Ping para que actuara contra el comisario Salamanca, y la de una reunión secreta entre Martín Blas y su ayudante Rubén Eladio López Martínez con dos agentes de los servicios secretos.

Después llegó la respuesta de La Casa, como se conoce a la sede del espionaje español, con la filtración de la conversación del ministro del Interior Jorge Fernández que había mantenido con el jefe de la Oficina Antifraude catalana, Daniel de Alfonso, en octubre de 2014, casualmente mientras se desarrollaba la operación Caronte.

A partir de esa reunión los partidos independentistas y los medios periodísticos del magnate Jaume Roures lograron convertir las investigaciones sobre la corrupción de los políticos catalanes (Pujol, Palau, ITV, 3%….) en lo que ellos bautizaron como “operación Cataluña” y las “cloacas de Interior”. Todo estaba en la hoja de ruta de la secesión.

De ahí que la operación de los mossos contra los agentes antiterroristas del CNP también se enmarcara dentro de un plan de mayor envergadura, que el CNI no calculaba: los beneficios para el proceso independentista en el que el protagonismo de los Mossos de Escuadra era determinante para el Govern. Bloqueando las investigaciones policiales en Cataluña se perseguía la exclusividad para los Mossos, como se ha visto tras los atentados de Barcelona y Cambrils.

Las estrechas relaciones CNI-Mossos

Las estrechas relaciones entre los Mossos y el CNI se remontan a los inicios de la fuerza policial autonómica a comienzo de los 80. Los sistemas de inteligencia y los equipos tecnológicos de información y de transmisión de los Mossos han sido proporcionados en su mayor parte por el Centro Nacional de Inteligencia.

Desde su implantación como policía autonómica una de las obsesiones del Gobierno catalán ha sido siempre la de conocer a través de la inteligencia de los Mossos el contenido de las investigaciones sobre la corrupción de los Pujol y de Convergència y Unió (CiU). De ahí la insistencia de la Consejería de Interior para que la policía autonómica pudiera acceder a las redes informáticas del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

Hace cinco años, la Generalitat puso en marcha un sistema de inteligencia, conocido como PIC Xammar, que adoptaba el apellido de un ilustre personaje catalán. Se trataba de un programa de contrainteligencia diseñado para promocionar y expandir el proceso de independencia de Cataluña a escala internacional, en el que los Mossos también tenían una implicación importante. El montaje del proyecto fue realizado por los servicios secretos de Israel, con quienes la policía autonómica catalana y el CNI mantienen unas excelentes relaciones.

Así mismo, a través del CNI, los Mossos han logrado establecer una línea directa con la CIA norteamericana, que como sucede con Marruecos, mantiene abierta una estación de espionaje en Barcelona. Por todo ello, no sorprende que el National Counterterrorism Centre (NCTC) de Estados Unidos, un organismo que coordina a una veintena de agencias norteamericanas antiterroristas, informara a los Mossos en abril pasado de manera directa, sin pasar por Madrid, que una célula del Daesh tenía previsto cometer un atentado en agosto en Las Ramblas de Barcelona.

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