Los Mossos desmontaron una red de confidentes de la Policía en células yihadistas

Para la mitología griega Caronte era el barquero de Hades -el dios de la muerte- que conducía las almas de los difuntos al otro lado del río Aqueronte. Pero los Mossos d’Escuadra al apropiarse del nombre del timonel del inframundo para su proyecto policial -Operación Caronte- lo que se buscaba era desmontar una red de confidentes que la Policía había logrado introducir en círculos yihadistas de Barcelona, Castellón y Tarragona.

Oficialmente, ante la Audiencia Nacional, la misión de los mossos estaba encaminada a desarticular un grupo de islamistas radicales que, supuestamente, reclutaba soldados para el Daesh, pero la operación solapaba otro fin último: desenmascarar a los infiltrados del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en Cataluña, algunos de ellos procedentes de la ultraderecha catalana y de sectores antisemitas.

Con la operación contra el yihadismo la policía autonómica pretendía darle el golpe de gracia a los agentes antiterroristas del Estado para lograr una de sus más codiciadas aspiraciones: la exclusividad en las investigaciones en territorio catalán. Algo que se ha visto reflejado tras los atentados de agosto en Barcelona y Cambrils. Los agentes de la Comisaría General de Información, los verdaderos expertos en yihadismo, han quedado totalmente desplazados de las investigaciones.

OKDIARIO ha tenido acceso al sumario de la operación Caronte en el que, a lo largo de varios tomos judiciales, los mossos no sólo persiguen y fotografían a los policías cuando se entrevistan con sus colaboradores, infiltrados en la célula yihadista, sino que además los denuncian ante el juez de la Audiencia Nacional, acusándoles de estar poniendo en peligro la operación.

Desacreditar a la Policía de Estado

Los hechos se remontan al verano de 2014 cuando los mossos, bajo la tutela del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional (diligencias 101/2014) ponían en marcha la bautizada como operación Caronte para desarticular una célula que se dedicaba a enviar foreign fighters a Siria. La base estaba radicada en Terrassa y los agentes autonómicos habían dispuesto un seguimiento contra varios islamistas, entre ellos unos españoles conversos, entre quienes pasaban desapercibidos varios infiltrados del CNP.

Los mossos, desde las primeras diligencias, se percataron de que agentes policiales se entrevistaban en secreto con algunos de sus investigados, llegando a la conclusión de que podían ser sus colaboradores. Los policías catalanes anotaban las matrículas de los automóviles y pronto averiguaban que pertenecían a la secretaría de Estado de Seguridad.

El 17 de noviembre de 2014, detectaron una reunión en una terraza entre M.T., inspector jefe de Información de la Brigada Provincial de Barcelona, y J.L.G.G., inspector de la misma brigada, con Carlos Soldado, a quien ellos seguían la pista. Los mossos informaron al titular del Juzgado de la Audiencia Nacional, el magistrado Santiago Pedraz, de las interferencias de los agentes de la Policía del Estado. Le indicaban que Soldado, “tras varios encuentros con unos árabes”, se entrevistaba con dos personas que más tarde se alejaban del lugar en un SEAT León. Los policías autonómicos informaban al juez de que la matrícula del vehículo pertenecía a la Secretaría de Estado de Seguridad.

En riesgo los confidentes policiales

Pero los mossos no sólo reflejaban la incidencia sino que llegaban mucho más lejos. Le indicaban al juez que «con todos los datos recibidos hasta este momento se considera que, con ánimo de perjudicar de forma voluntaria, algún o algunos funcionarios policiales han informado a los investigados por el Cuerpo de Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra».

La policía catalana con sus movimientos sí ponía en riesgo a los colaboradores policiales, mientras disponía de un testigo protegido y de un agente infiltrado en la célula, identificado en el sumario como J.T.D, nacido en Bamako (Mali) en 1985. OKDIARIO se reserva su identidad para no poner en peligro su seguridad.

Los mossos, en cambio, no extremaron su celo para preservar la integridad de los colaboradores policiales. Todo lo contrario, bombardearon al magistrado de la Audiencia Nacional con repetidas quejas sobre las actuaciones confidenciales de la Policía en Cataluña y sus contactos secretos con algunos de los investigados, a quienes vigilaban dentro de la Operación Caronte. El 24 de noviembre le remitían un oficio en el que se quejaban una vez más de que inspectores del CNP habían mantenido un encuentro con Esteve Pallarolas y Carlos Soldado, a quien ellos investigaban a sabiendas de que tenían contactos con algunos policías.

Lo más sorprendente es que los agentes autonómicos, con años de experiencia policial, omitían decirle al juez que los miembros del CNP podían estar contactando con confidentes en otra operación policial de mayor envergadura, como así sucedía. Ellos mismo daban con la tecla cuando le informaban al magistrado: “Los señores Pallarolas y Soldado son dos miembros muy activos de la comunidad salafista de Mataró, concretamente de una asociación llamada IQRA, que da clase de Corán y de religión a los menores, y a cuya sede acude habitualmente el señor Taofq Chaddadi, al cual les constan dos antecedentes por terrorismo”.

Los mossos de manera maliciosa incidían en sus insidias para desmontar la compleja red de colaboradores que tenía trenzada la policía en la zona: “Muestran una clara voluntad de entorpecer y dificultar la investigación en curso”.

Los policías catalanes se delataban cuando solicitaban al juez medios para “conocer” las relaciones que tenían los inspectores con el grupo de investigados de Terrassa: “Y si les facilitan más información para alertarles sobre la investigación policial y conocer todos los datos que puedan saber sobre la misma”.

A por un ‘chivatazo bis’

Uno de los responsables policiales de aquella época asegura a OKDIARIO que aquella no era ni la primera ni la última vez en la que los mossos pretendían hacerles ver que Cataluña era un terreno de juego exclusivo para la policía autonómica: “Estaba claro que no nos querían allí y perjudicaron nuestras investigaciones. Con la operación Caronte, al margen de la desarticulación de una célula, se buscaba dejarnos fuera de juego, sin fuentes ni confidentes. Y puedo asegurar que no estuvieron solos en la maniobra”.

Los agentes autonómicos, que se esforzaron en hacer estallar un caso chivatazo bis, tipo Faisán, le decían al magistrado Pedraz que existía por parte de la Policía una “clara voluntad de entorpecer y dificultar la investigación en curso”. Además le pedía que investigase “un delito de revelación de secretos, así como una presunta colaboración con organización terrorista”.

Los mossos adjudicaban el liderazgo de la célula a un español Antonio Sáez, conocido como Alí, un peluquero de Terrassa, convertido al Islam. Se daba también la circunstancia de que Sáez tenía asiduos contactos con la Policía. Sus padres, incluso, cuando fue detenido, mandaron una carta manuscrita al juez Pedraz en la que le decían que “eran españoles de pura cepa”.

La policías catalanes en un informe enviado al juez el 9 de diciembre llegan a manifestar que de las 420 llamadas de Sáez efectuadas en las últimas semanas no han sacado nada positivo porque los policías se han ido de la lengua y se han chivado de las investigaciones. Por todo ello, insistían, los perseguidos habían adoptados medidas de seguridad y habían cambiado de móviles para no ser detectados.

Al final de la operación los confidentes de la policía fueron desactivados: unos pasaron a disposición judicial mientras otros quedaban inutilizados.