El juez De la Mata investiga a López Madrid y Josep Piqué por tráfico de influencias, cohecho y prevaricación

El juez De la Mata investiga a López Madrid y Josep Piqué por tráfico de influencias, cohecho y prevaricación
Josep Piqué y Javier López Madrid.

El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha iniciado una nueva investigación –en línea con la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción– por posibles delitos de tráficos de influencias, cohecho y prevaricación cometidos presuntamente por el empresario Javier López Madrid, el ex ministro Josep Piqué y Rafael Martín de Nicolás en la adjudicación de un contrato para la construcción y explotación de la Ciudad de la Justicia de Madrid valorado en 771 millones de euros.

Según el auto dictado por el magistrado, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 abre estas nuevas diligencias tras la petición realizada por el Ministerio Fiscal para que se investiguen unos correos electrónicos intercambiados entre los ya citados, que fueron hallados por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El juez De la Mata investiga a López Madrid y Josep Piqué por tráfico de influencias, cohecho y prevaricación
Auto del juez José de la Mata sobre las nuevas diligencias de investigación.

Hace un año el juez Manuel García-Castellón remitió un oficio a De la Mata tras el hallazgo de los investigadores, que al analizar documentos del ‘caso Lezo’, encontraron unos emails obtenidos en la entrada y registro a López Madrid relacionados con las investigaciones que se estaban llevando en el Campus de la Ciudad de la Justicia en Madrid.

Fuentes de la investigación aseguran a OKDIARIO que el juez De la Mata ha tenido esos informes elaborados por la UCO un año guardados bajo llave «sin realizar investigaciones al respecto». Sin embargo, el magistrado ha llevado a cabo esta decisión después de que el Tribunal de Cuentas, que investiga desde octubre de 2018 la gestión del Campus de la Justicia, haya determinado que no cabe apreciar «indicios suficientes para la concurrencia del elemento material de daño a los caudales públicos que exige el concepto legal y jurisprudencial de alcance».

Objetivo: no archivar la causa

Tras la resolución del órgano fiscalizador el ex vicepresidente y ex consejero de Justicia en la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, solicitó al titular del JCI nº5 el sobreseimiento de las actuaciones donde se investigan supuestas irregularidades en la gestión del Campus de la Justicia. Pero el juez se niega a archivar las diligencias y, por ello, ha decidido retomar la investigación por «otro camino» que no está «puramente relacionado con las investigaciones llevadas acabo inicialmente», según explican a este periódico fuentes de la investigación.

El juez De la Mata investiga a López Madrid y Josep Piqué por tráfico de influencias, cohecho y prevaricación
Sede del Instituto de Medicina Legal de Campus de la Justicia.

En estas nuevas diligencias se han incorporado los correos enviados entre Javier López Madrid, Josep Piqué y Martín de Nicolás donde exponen que OHL –empresa para la que entonces trabajaban los tres directivos– se habían presentado en UTE (Unión Temporal de Empresas) con la empresa Acciona al concurso público para la adjudicación de la construcción y explotación de la Ciudad de la Justicia de Madrid.

En esos correos intercambiados, Martín de Nicolás le comunica a Josep Piqué que cree tener muchas posibilidades para la adjudicación del concurso pero que, a pesar de ello, seria conveniente «hacer gestiones al más alto nivel» y expone un nombre: Ignacio González, en aquel momento presidente de la Comunidad de Madrid. Piqué rebota estos mensajes a López Madrid quien le tranquiliza asegurándole que «ya lo hizo en su momento, pero que volverá a comentárselo» (haciendo referencia a González), según una información adelantada por la Cadena Ser.

Fuentes consultadas por este medio aseguran que la sociedad Campus de la Justicia de Madrid SA se extinguió antes de que se enviaran estos correos. Según el registro mercantil la sociedad fue extinguida el 4 de marzo de 2015 y estos correos sobre la adjudicación para la construcción y explotación de la Ciudad de la Justicia de Madrid fueron enviados a mediados y últimos de abril de 2015.

Finalmente, la Mesa de Contratación propuso adjudicar un contrato millonario de 771 millones de euros a la UTE OHL-Acciona aunque quedó en suspenso tras la llegada de Cristina Cifuentes a la presidencia de la Comunidad de Madrid en junio de ese año.

Los investigadores de la UCO consideran que estos correos electrónicos intercambiados entre los tres directivos pudieron manipular la adjudicación del contrato y un año más tarde, el 14 de abril de 2020, la fiscal Miryam Segura solicita al juez investigar estos emails. Una solicitud que ha sido aceptada por el magistrado.

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El Ministerio Fiscal solicita abrir nuevas diligencias porque se pudieron cometer delitos de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación.

Campus de la Justicia

El proyecto del Campus de la Justicia se inició en el año 2004 mientras Esperanza Aguirre presidía la Comunidad de Madrid y tenía el objetivo de centralizar todas las sedes judiciales en el nuevo desarrollo urbanístico madrileño de Valdebebas. Dicho proyecto se guardó en un cajón cuando comenzó la crisis económica, pero Ignacio González lo recuperó cuando llegó a la presidencia madrileña en la recta final de su mandato.

González planteaba un contrato de 771,7 millones de euros para un ‘megaproyecto’ que vería la luz en el año 2019 y cuyo presupuesto base de licitación de las obras superaría inicialmente los 1.300 millones de euros aproximadamente.

Posteriormente, Cristina Cifuentes tras llegar a la presidencia regional ordenó paralizar el proyecto ante las sospechas de que se hubieran cometido irregularidades durante el proceso, originando un proceso judicial. Ahora el ex vicepresidente Alfredo Prada baraja querellarse contra la ex presidenta tras la resolución del Tribunal de Cuentas donde concluye que «todas las actuaciones fueron ajustadas a derecho y conforme a la legalidad» y «no se exige ninguna responsabilidad».

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