El juez imputa al alcalde de Siero por coacciones, prevaricación y acoso a los agentes de la Policía Local

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El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, conocido como Cepi, permanece imputado ante el Juzgado de Instrucción número 4 de esta localidad asturiana, como autor de los presuntos delitos de amenazas, coacciones, obstrucción a la justicia, prevaricación y acoso laboral a varios agentes de la Policía Local.

Según la denuncia interpuesta por el Sindicato Independiente de Policía Local de Asturias (SIPLA), Ángel García coaccionó a varios agentes de la Policía Local después de que participaran en una concentración, celebrada el 31 de octubre de 2019, para exigir al alcalde socialista que cumpliera sus compromisos con estos funcionarios. Entre ellos, el pago de las horas extras que el Ayuntamiento adeuda desde 2019.

A raíz de estos enfrentamientos, ya en enero de 2020 Ángel García Cepi amenazó con disolver el cuerpo de la Policía Local, después de que las movilizaciones de los agentes le obligaran a recurrir a la Guardia Civil para garantizar la celebración de la Cabalgata de Reyes.

«Habrá que valorar muy seriamente si merece la pena tener la Policía Local», anunció, «esta semana vamos a pedir un informe a un experto en Derecho Administrativo sobre la posibilidad de disolver el cuerpo, o en todo caso reducirlo para contar sólo con los 20 o 30 efectivos que realmente estén comprometidos y quieran trabajar en beneficio de los vecinos», anunció en rueda de prensa el alcalde Ángel García, como muestra el vídeo que acompaña a esta noticia tomado por un medio local de Siero, El Tapín.

Una purga contra la cúpula policial

El regidor socialista advirtió que en su momento estudiará qué hacer con el resto de agentes: «O bien trasladarles a otro departamento, a obras o limpieza, o que puedan pedir el traslado a otro municipio en el que estén más a gusto. Y si esto no fuera suficiente, siempre les quedará la posibilidad de ir a trabajar a la empresa privada, que será una experiencia muy apasionante y muy positiva para ellos», añadió con sorna.

El Cepi no cumplió su amenaza, pero según la denuncia presentada por el sindicato SIPLA puso en marcha una purga para descabezar a la cúpula de la Policía Local. Se entrevistó, uno por uno, con varios agentes, a los que presionó para que declararan contra el jefe del cuerpo (que acabó pidiendo otro destino y abandonando Siero), bajo la amenaza de denunciarles ante la Guardia Civil y la Fiscalía.

La justificación que el alcalde utilizó para actuar contra el jefe de la Policía Local fue que, a su juicio, el pago de horas extras a los agentes era ilegal porque no se habían conservado los cuadrantes de organización del servicio correspondientes a los meses anteriores.

Se trataba sólo de un pretexto pues, ya en febrero de 2019, la Fiscalía Superior del Principado de Asturias había desestimado una denuncia del sindicato CSIF que cuestionaba la forma de organizar el reparto de los servicios y las horas extras entre los agentes por parte de la Policía Local. «Carece de justificación alguna la apertura de un proceso penal para comprobar unos hechos que, de ser acreditados, en ningún modo serían constitutivos de delito», señala la resolución dictada por la fiscal superior de Asturias, Esther Fernández García, a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

La resolución de la fiscal jefe de Asturias que archivó la denuncia del CSIF contra el jefe de la Policía Local de Siero (Asturias).

La situación en Siero se envenenó aún más en abril de 2020, cuando la Policía Local tramitó la denuncia que un vecino había presentado contra el alcalde por hacer obras sin licencia en su casa. Como ha informado OKDIARIO, Ángel García ha sido condenado por agredir al vecino que le denunció.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Siero archivó inicialmente la denuncia presentada por el SIPLA contra Ángel García por amenazas, coacciones y acoso labora a la Policía Local, pero la Audiencia Provincial le obligó a reabrir la causa y seguir investigando los hechos. El socialista Ángel García declaró ante el juez como imputado (ahora se dice «investigado») el pasado 19 de febrero. Su abogado, Luis Tuero, atribuyó la denuncia a una contienda política y sindical, y aseguró que el regidor socialista se ha limitado a reorganizar el cuerpo para que responda mejor a las necesidades de los ciudadanos.

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