El juez adjudica a la Guardia Civil 19 vehículos intervenidos a González y otros imputados en Lezo

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha acordado «la adjudicación y utilización» por parte de la Guardia Civil de los 19 vehículos intervenidos a Ignacio González y a otros investigados de la ‘Operación Lezo’. Una decisión tomada tras recibir el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción.

En un escrito de 7 páginas, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el instructor del caso Lezo hace referencia al vehículo Smart Fortwo de Ignacio González y al BMW 330D de su esposa Lourdes Cavero. También al Audi A1 Sportback, y los BMW 120D y 320 D, de su hermano Pablo González, así como el Mini Cooper D y el Smart Fortwo a nombre de la sociedad ASESORIA 25 SL, de la que es apoderado el propio exdirectivo de Mercasa.

Además es adjudicado a la Guardia Civil el Jaguar XF de una sociedad del exdirector general del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel; el Smart Fortwo Coupé del expresidente de la filial colombiana del Canal Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino; el Mazda CX5 de su hija Patricia Ana Rodríguez; y el Mini Cooper D, el BMW 320D y el Audi Q5 del bufete del propio expresidente de Inassa, Rodríguez Sobrino Abogados Asociados SL.

Por último, son asignados a la benemérita el Ford Mondeo del expresidente de la agencia informática ICM, José Martínez Nicolás; y el Mini Cabrio, otro Mini, un BMW X5, un Audi A3 y un Volkswagen Polo de dos sociedades relacionadas con el investigado José Miguel Alonso.

El juez de la Audiencia Nacional afirma que «se estima necesario la asignación provisional a la Dirección General de la Guardia Civil», porque la intervención de vehículos en las actuaciones operativas de investigación supone «un éxito al privar al mundo criminal de un medio esencial para llevar a cabo su actividad delictiva», y porque la flota es «una herramienta más para la realización del trabajo policial».

«En la actualidad», añade el magistrado, «y dada la escasa renovación que de los vehículos del parque se ha producido en los últimos años, el estado de éstos se encuentra en una situación preocupante, por excesiva antigüedad de los mismos, así como la incompleta reposición de los vehículos dados de baja, produciéndose una clara cobertura incompleta de las necesidades operativas».

«Se hace imprescindible, necesaria y urgente la incorporación de nuevos vehículos para el mantenimiento capacidades operativas en la persecución e investigación del delito, en condiciones seguras para los miembros de las para Unidades de Investigación de la Guardia Civil» afirma.

Según el instructor, «el hecho de la intervención de vehículos distintos a los usados regularmente por las Unidades, permite el seguimiento de objetivos que se mueven para sus acciones delictivas con vehículos de marcas y modelos de alta gama y elevada cilindrada, pudiendo con ello luchar contra las nuevas formas de delincuencia».

Por último, García-Castellón sostiene que la adjudicación de los 19 automóviles a la Guardia Civil tiene el objetivo de «paliar el déficit de vehículos existentes, intentar conseguir la discreción necesaria que debe prevalecer en los servicios policiales que se desarrollan en todo el territorio nacional, lograr la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana».

González y su hermano en contra

La defensa de Ignacio González mostraba hace una semana su rechazo a que se autorice a la Guardia Civil “la adjudicación y utilización de los vehículos”.

Según el escrito, “la solicitud de autorización de uso de los vehículos debe desestimarse porque no pueden concurrir los presupuestos necesarios para justificarla, pues los dos vehículos intervenidos a mis representados no constituyen medio para llevar a cabo ninguna actividad delictiva”.

“Esta parte”, añade, “no alcanza a comprender cuál de los delitos por los que se sigue la presente causa contra Ignacio González exige, como medio comisivo esencial, un vehículo, de tal modo que pueda ser considerado efecto o instrumento del delito, y por ello hacer necesaria su intervención o embargo”.

Su hermano Pablo González hacía lo propio recurriendo la decisión inicial el juez y pidiendo la devolución de los vehículos en un escrito: “Para que pueda acordarse esta utilización provisional es preciso que los bienes en cuestión hayan sido decomisados cautelarmente. Los tres vehículos no se encontraban decomisados, sino intervenidos a los meros efectos de su registro”.