Jordi Pujol y dos de sus hijos organizaron la reunión sin Mas en la que se activó el plan independentista

El ex president Jordi Pujol Soley y dos de sus hijos presidieron en 2011 la reunión secreta en la que se tomó la decisión de activar el plan independentista que se ha encargado de representar Artur Mas, según un informe de la Policía al que ha tenido acceso OkDiario. La decisión fue adoptada por seis imputados por corrupción y varios empresarios del «núcleo duro» de Convergencia.

El nacionalismo catalán cita la multitudinaria Diada del 11 de septiembre de 2012, en la que medio millón de personas convocadas por la ANC salieron a la calle, como el momento clave en el que Artur Más decidió subirse en marcha al tren de la independencia. Abrumado por el «clamor popular», el president de la Generalitat convocó unas elecciones anticipadas con el compromiso de impulsar el «derecho a decidir». La idea no entusiasmó a los votantes: la coalición CiU perdió 12 escaños en las urnas.

Sin embargo, un informe policial al que ha tenido acceso OkDiario sitúa un año antes, el 25 de noviembre de 2011, el momento en el que la cúpula de Convergencia decidió encender la mecha del proceso de independencia. Es decir, exactamente cinco días después de las elecciones generales en las que los ciudadanos dieron mayoría absoluta a Mariano Rajoy, poniendo fin a siete años de Gobierno de Rodríguez Zapatero.

La decisión se habría tomado en una reunión que estuvo encabezada por el ex presidente Jordi Pujol Soley y dos de sus hijos: Oriol (que ha sido secretario general de CDC y portavoz de CiU en el Parlament) y Josep Pujol Ferrusola. Los tres están hoy imputados por corrupción en distintos juzgados, en los que se investiga la fortuna que el clan ha acumulado durante más de dos décadas en distintas paraísos fiscales.

Otros dos de los asistentes a este cónclave decisivo fueron Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, que acababan de pasar varios meses en prisión por orden del juez Baltasar Garzón, por su implicación en la financiación ilegal de Convergencia. Junto a ellos, estuvieron presentes el entonces conseller de Interior Felip Puig (que arrastra la fama de cajero en Convergencia desde su etapa como responsable del Departamento de Obras Públicas) y varios empresarios.

Lograr la rendición del Estado

Entre ellos, Jaume Rosell (socio fundador de CDC y padre del ex presidente del Barça Sandro Rosell, que convirtió el Camp Nou en caja de resonancia del movimiento independentista) y Albert Costafreda, propietario de Panrico hasta 2005, quien tuvo en nómina como jefe de operaciones al hermano del president Artur Mas. Entre los empresarios presentes también se encontraba Artur Suqué, presidente del Grupo Peralada, propietario de varios hoteles, casinos y bodegas.

Significativamente, y siempre según el mismo informe, el propio Artur Mas no estuvo presente en la reunión del 25 de noviembre de 2011: ya en aquel momento, se limitaba a representar el guión marcado por el «núcleo duro» de CDC en torno a la familia Pujol.

Según el informe policial, que cita fuentes internas de Convergencia, los asistentes realizaron un primer análisis en clave política. Tras las concesiones de Rodríguez Zapatero –que prometió aprobar el Estatut que redactara el Parlament y pactó el texto con Mas–, no se podían esperar nuevas cesiones al soberanismo por parte de Rajoy, que había recurrido el texto ante el Tribunal Constitucional y se había presentado ante las urnas como el garante de la unidad de España.

Pero además, la mayoría absoluta obtenida por el PP apenas lograba ocultar el momento de máxima debilidad en el que se encontraba el Estado español tras siete años de Gobierno de Rodríguez Zapatero: al borde de la intervención por parte de la Unión Europea, con una cifra millonaria de parados que seguía creciendo en medio de la mayor crisis económica de las últimas décadas y una posición irrelevante en el plano internacional.

El cerco de la Justicia a los corruptos

Frente a Rajoy, Alfredo Pérez Rubalcaba intentaba recomponer los pedazos del PSOE, que acababa de conseguir su peor resultado electoral de la democracia. Era por tanto, coincidieron los presentes, el momento adecuado para poner en marcha el proceso de ruptura con el Estado que Convergencia había alimentado durante más de dos décadas desde las instituciones.

Pero en aquella reunión se valoró además un segundo aspecto que sería aún más decisivo: el cerco de la Justicia española a la corrupción de Convergencia. Dos años antes, en octubre de 2009, el juez Garzón había enviado a prisión a Lluís Prenafeta (que había sido secretario de Presidencia de Pujol en la Generalitat) y Maciá Alavedra (ex consejero de Gobernación y Economía) por su implicación en la financiación ilegal de CDC en el caso Pretoria. Ambos quedaron en libertad provisional pocos meses después, a la espera de juicio.

En las mismas fechas, la Fiscalía Anticorrupción había comenzado a investigar el caso Palau, que también sirvió de tapadera para la financiación del partido. En julio de 2010, el restaurante La Camarga había acogido las confidencias de la ex novia de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, a la portavoz del PP Alicia Sánchez Camacho sobre la fortuna familiar de los Pujol.

La Audiencia Nacional aún no había empezado a investigar los viajes de Jordi Pujol junior a Andorra con bolsas «llenas de billetes de 500 euros», pero ya eran un secreto a voces entre el PP y el PSC, que estaba al corriente de las confidencias de La Camarga gracias a la agencia de detectives Método 3.

La Fiscalía ya había abierto la investigación sobre el caso ITV, en el que luego resultaría imputado Oriol Pujol. Y la prensa catalana se había hecho eco, tímidamente, del pelotazo de Josep Pujol Ferrusola, que vendió su pequeña consultora Europraxis al gigante Indra por 44,4 millones, a cambio de actuar como abrelatas para obtener contratos de la Generalitat.

El «clamor popular» se fabricó luego

En cuanto a Felip Puig, más recientemente el Banco de España ha investigado a dos de sus hermanos, Jordi –socio en varias empresas de Jordi Pujol junior– y Oriol por presunto blanqueo de capitales, aunque la investigación está en estos momentos archivada.

Así que en aquella reunión del «núcleo duro» de CDC en torno a los Pujol actuó una doble motivación: la oportunidad política –en un momento de máxima debilidad del Estado español– y el temor a que las distintas investigaciones iniciadas por la Justicia acabaran conduciendo a prisión a buena parte de la familia del ex president y de los dirigentes de su partido.

Siempre según el citado informe interno de la Policía, la decisión de activar el plan de independencia fue comunicada en las semanas posteriores a otros empresarios próximos a Convergencia y creadores de opinión. Entre ellos, el informe cita a Carles Sumarroca Claverol –que hoy también está imputado por financiación ilegal a CDC a través de la Fundación CatDem– y el Conde de Godó.

No es vano, los medios del Grupo Godó –con La Vanguardia, RAC1 y TV8 a la cabeza– han sido junto a TV3 los encargados de crear el caldo de cultivo adecuado en la opinión pública para que el proceso de independencia cuente con respaldo en las urnas.

En contra de lo que sostiene la versión oficial del nacionalismo, no ha sido el «clamor popular» el que ha conducido a Artur Mas al destino fatal de inmolarse en una operación que le ha conducido a un callejón sin salida. Por el contrario, fueron apenas una decena de personas, la mayoría de ellas hoy imputadas por corrupción, las que dieron la luz verde al proceso. De crear el «clamor popular» en la calle se han encargado luego, siguiendo su consigna, buena parte de los medios de comunicación públicos y privados de Cataluña, junto a «movimientos ciudadanos» como Òmnium Cultural y ANC financiados directa o indirectamente por la Generalitat.