Artur Mas pondrá en marcha el proceso de independencia tras las elecciones del 27S

Las elecciones catalanas del 27S encienden la mecha del proceso puesto en marcha por el presidente Artur Mas para romper con el resto de España y dinamitar la Constitución, utilizando para ello todos los recursos que pone a su servicio la propia Carta Magna. Una operación que el socialista Alfonso Guerra no ha dudado el calificar como «un golpe de Estado a cámara lenta».

Pero este proceso se superpone con la carrera contrarreloj que ha emprendido el Gobierno de Rajoy para aprobar la reforma que permitiría al Tribunal Constitucional suspender de sus funciones al presidente de la Generalitat si desobedece sus sentencias.

Sin olvidar los pasos de un tercer protagonista, ya que sigue adelante la investigación emprendida por la Fiscalía Anticorrupción que, antes del inicio de la campaña electoral, permitió encontrar pruebas del pago de comisiones ilegales por parte de constructoras a CDC. El registro de la sede de los convergentes ha sacado a la luz la pugna, hasta ahora apenas soterrada, entre Mas y Junqueras por hacerse con el control del movimiento soberanista.

El proceso de independencia se pondrá en marcha en la misma noche del 27S si la candidatura Junts pel sí es la que obtiene el mayor número de diputados en las elecciones autonómicas (aunque no sea la más votada ni obtenga mayoría absoluta). En este caso, según la hoja de ruta que han presentado, sus diputados electos someterán a votación en el Parlament una declaración solemne en la que se atribuirán la voluntad del pueblo catalán de alcanzar la independencia.

Quedaría fuera de la UE

La nueva Generalitat comenzará a trabajar entonces en un doble frente. Por un lado, iniciará una ofensiva internacional (en la que ya se ha volcado durante los últimos años, con escaso éxito) para convencer a los principales líderes europeos de que la UE saldría ganando si acoge en su seno a una Cataluña independiente. Todo ello, a pesar de que primero Angela Merkel y luego David Cameron han descartado esta posibilidad.

«Si una parte de un Estado declara la escisión de ese Estado, ya no forma parte de la UE y tiene que empezar a hacer cola detrás de otros países candidatos que solicitan su entrada en la UE», advirtió el pasado 4 de septiembre el primer ministro del Reino Unido, en un mensaje claramente dirigido a Artur Mas.

Por otro lado, el nuevo Ejecutivo catalán (que Mas confía presidir) intentará abrir una negociación con el Gobierno central  para hacer posible el proyecto soberanista de mutuo acuerdo. Siempre según sus planes, este diálogo permitiría pactar el reparto de los bienes del Estado situados en territorio catalán, pero también debería abarcar otros aspectos económicos como qué parte de la deuda del Estado que debe asumir la Cataluña independiente: un pesado lastre de más de 150.000 millones de euros, según la han cifrado algunos economistas.

Un ‘agujero’ de 65.000 millones

En caso de no poder alcanzar un acuerdo, Mas podría usar como arma coactiva la negativa de la Generalitat a asumir su propia deuda, que ronda los 65.000 millones y está avalada por el Estado, que se vería así obligado a hacerse cargo de ella ante un escenario de declaración unilateral de independencia.

Pero los planes del Gobierno de Rajoy son muy distintos. El PP confía que su proyecto de reforma del Tribunal Constitucional (TC) sea tomado en consideración por el Congreso de los Diputados el 17 de septiembre. Dado que se tramitará por la vía de urgencia, podría quedar aprobado por la Cámara Baja el 29 de septiembre (dos días después de las elecciones catalanas) y por el Senado a lo largo del mes de octubre.

A partir de ese momento, la Abogacía del Estado recurrirá ante el Alto Tribunal cualquier resolución de la Generalitat o del Parlament catalán que pueda vulnerar el actual marco jurídico. Si prospera esta reforma, puesta en marcha apresuradamente por el Gobierno, el TC podrá suspender de sus funciones al presidente o cualquier otro alto cargo de la Generalitat de forma cautelar que se nieguen a acatar sus resoluciones.

Mientras tanto, aseguran los miembros de Junts pel sí, el nuevo Parlament pondrá en marcha las estructuras del futuro Estado catalán a través de una Ley de Transitoriedad Jurídica que, entre otros aspectos, definirá quiénes son los «ciudadanos catalanes» y cuáles son sus derechos, además de establecer el régimen de lenguas y regular la función del jefe de Estado.

Ciudadanos con nacionalidad catalana

Todavía está por ver si todos los residentes de Cataluña recibirán esta consideración de «ciudadanos» y si la «nacionalidad catalana» se hará extensiva a los de la Comunidad Valenciana y Baleares, como sugirió el pasado verano el  conseller de Justicia, Germà Gordó.

Por otro lado, ERC y CiU han asegurado que el castellano mantendrá la consideración de «lengua cooficial» en una hipotética Cataluña independiente, aunque seguiría teniendo un papel residual en ámbitos como el de la educación.

La hoja de ruta dada a conocer por Junts pel sí culminará con la aprobación de la Ley de Proceso Constituyente, que dará paso a unas elecciones en las que serían elegidos los diputados encargados de redactar la nueva Constitución catalana. El texto sería sometido a votación en referéndum, en lo que constituiría un acto fundacional del nuevo Estado.

Para entonces, el Ejecutivo de Rajoy confía haber abortado el proceso dejando fuera de juego a Artur Mas, en una batalla jurídica en la que el Tribunal Constitucional deberá desempeñar un papel decisivo.