La interventora de la Generalitat dice que nadie controla las cuentas de las ‘embajadas’ de Torra

Las «embajadas» que la Generalitat ha abierto en una docena de países tienen plena autonomía para gastar y contratar, sin que sus cuentas sean fiscalizadas por la Intervención del Ejecutivo autonómico.

Así lo ha asegurado la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal Planella, en un escrito registrado el pasado mes de septiembre ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Alejandra Gil.

Rosa Vidal está imputada en la causa que instruye la juez Alejandra Gil, en la que se investigan los preparativos realizados por el Govern de Carles Puigdemont para celebrar el referéndum ilegal de independencia del 1-O.

Como ha informado OKDIARIO, Rosa Vidal mintió a la juez, a la Guardia Civil y al Ministerio de Hacienda para ocultar los gastos de la Generalitat destinados a la organización del referéndum: desde los pagos en publicidad de la consulta, a los envíos de las papeletas censales a través de Unipost y la contratación de tres grupos de «observadores internacionales» que debían avalar los resultados del referéndum.

Los «observadores» costaron medio millón

La compra de estos «observadores» supuso un desembolso de más de 548.989 euros públicos, de los cuales 305.789 euros fueron abonados por el Diplocat y los 243.200 restantes por las «embajadas» de la Generalitat en Ginebra y Bruselas, según el informe que ha elaborado el Tribunal de Cuentas.

Para descargar su responsabilidad sobre estos hechos, Rosa Vidal ha alegado ante la juez que nunca fiscalizó las cuentas de la «embajada» de la Generalitat en Ginebra. En su escrito, afirma que las delegaciones de la Generalitat en el exterior son «centros con autonomía económica y financiera que nunca fueron sometidos a la fiscalización ex post por parte de la Intervención General» del Ejecutivo autonómico.

La imputada argumenta que «ni existe obligación legal, ni existe posibilidad material» de fiscalizar las cuentas de estos organismos del Govern, dado el «exorbitante volumen de las entidades» que están sometidas a fiscalización. De ser cierta la tesis que defiende, explicaría por qué primero Artur Mas y luego Carles Puigdemont utilizaron su red de «embajadas» en el exterior para realizar todo tipo de pagos manifiestamente ilegales.

Artur Mas utilizó la delegación de la Generalitat en Nueva York para contratar en 2013 por 1,4 millones de euros al lobby norteamericano Independent Diplomat (ID), con el fin de que creara un clima de opinión internacional favorable a la independencia de Cataluña. El Tribunal de Cuentas ha determinado ahora que todo el proceso de contratación fue ilegal.

Durante tres años, entre 2013 y 2015, este lobby se dedicó a elaborar argumentarios para justificar el proceso de independencia ante el resto de Gobiernos, envió a periódicos internacionales artículos a favor del procés y concertó encuentros de los responsables de la Generalitat con parlamentarios y ministros europeos, con la misma finalidad.

Ya en 2017, el delegado de la Generalitat en Italia, Luca Bellizzi, llegó a realizar gestiones ante el Vaticano para intentar que el Papa Francisco realizara un viaje oficial en Cataluña en vísperas del referéndum ilegal de independencia.

Aquel mismo año, Carlos Puigdemont utilizó el Diplocat y sus «embajadas» en Ginebra y Bruselas para contratar a tres grupos de «observadores internacionales» para legitimar el referéndum. Tanto la interventora Rosa Vidal como el secretario general del Diplocat, Albert Royo, engañaron al Ministerio de Hacienda al certificar por escrito que este gasto de 548.989 euros públicos no tenía nada que ver con el referéndum ilegal.

El Gobierno de Rajoy cerró las delegaciones de la Generalitat en el exterior durante la aplicación del artículo 155, pero Quim Torra las ha reabierto ahora con el beneplácito del Gobierno de Pedro Sánchez.