Puigdemont chulea al Tribunal de Cuentas: "Pueden venir a tomarme declaración en Waterloo"

Puigdemont
Artur Mas y Carles Puigdemont, en la mansión que ocupa el fugado en Waterloo (Bélgica). (EP)

El ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont se ha negado a colaborar con los consejeros del Tribunal de Cuentas en la elaboración del informe que ha detectado evidentes indicios de malversación de fondos públicos en los más de 416 millones de euros que el Ejecutivo catalán ha gastado desde 2011 a través de su Departamento de Acción Exterior y su red de "embajadas".

En un escrito presentado durante el trámite de alegaciones, su abogado, Gonzalo Boye, invita a los consejeros del Tribunal de Cuentas a desplazarse a Waterloo para "tomar declaración" a Puigdemont en la sede de la Casa de la República Catalana, situada en la Avenue de L’Advocat 20 de esta población belga.

El informe elaborado por el Tribunal de Cuentas detecta multitud de irregularidades en la gestión económica del Departamento de Exteriores de la Generalitat y constata que el 74% de las actividades organizadas por su red de "embajadas" y por el Diplocat estuvieron destinadas a un fin ilegal: recabar apoyos internacionales al proceso de independencia y promocionar el referéndum ilegal del 1-O. El Tribunal de Cuentas ya ha puesto en marcha el procedimiento que llevará de nuevo al banquillo a Artur Mas, Carles Puigdemont y otros ex altos cargos de la Generalitat, para que devuelvan el dinero público que han malversado.

El órgano fiscalizador remitió el pasado mes de enero a Puigdemont el borrador de su informe y le concedió un plazo de 15 días para que presentara alegaciones, con el fin de aclarar el cúmulo de ilegalidades detectadas durante el período en el que ocupó la Presidencia de la Generalitat.

Aconsejó a Puigdemont huir de España

En su respuesta, su abogado Gonzalo Boye asegura que a Carles Puigdemont "le arrebataron las funciones como Presidente legítimo de la Generalitat el pasado 28 de octubre de 2017 después de la inconstitucional aplicación del artículo 155 de la Constitución española de 1978. La usurpación", añade, "se produjo conjuntamente con la del resto del Govern de la Generalitat".

El abogado Boye, que fue condenado por la Audiencia Nacional a 14 años de cárcel por colaborar con la banda terrorista ETA en el secuestro de Emiliano Revilla, alega que su cliente "ha trasladado su domicilio a Bélgica", por lo que "no tiene acceso a ningún tipo de documentación referida a la administración de la Generalitat de Cataluña" y además "se le ha impedido, de forma arbitraria y contra legem, el poder acceder a los cargos para los cuales ha sido votado y propuesto".

Gonzalo Boye
Fragmento de las alegaciones dirigidas por Gonzalo Boye al Tribunal de Cuentas en representación de Puigdemont.

En consecuencia, argumenta, Puigdemont no está en disposición de presentar alegaciones ni de aportar ninguna documentación en su descargo. No obstante, añade Boye, "no existe inconveniente en que los responsables de esta Sección, y a través de los mecanismos de cooperación jurídica internacional pertinentes, tomen declaración a mi defendido, sobre aquellos extremos en que pueda ser de utilidad, en su domicilio de la Casa de la República Catalana", situada en Waterloo. Boye ha presumido en varias entrevistas de que fue él quien aconsejó a Puigdemont que huyera de España para burlar a la Justicia.

Gonzalo Boye dedica el resto del escrito a presentar a su cliente como la víctima de una conspiración: dice que ha sufrido "la inconstitucional interpretación y aplicación del artículo 155 de la Constitución, dentro de un plan extenso para privarle a él, y al resto de los ciudadanos de Cataluña a los que democráticamente representa, de los más básicos derechos civiles y políticos".

Un lobby se embolsó 1,4 millones

Boye no aporta ni un solo argumento para desmontar los indicios de malveración detectados por el Tribunal de Cuentas y miente al afirmar que su cliente se encuentra en libertad porque el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein constató que los hechos que se le imputan "no sólo no eran delictivos sino que, además, eran propios de cualquier democracia que, si quiere seguir siéndolo, tenía que tolerarlos".

Es decir, que si España quiere ser una democracia tiene que tolerar que Carles Puigdemont viole la Constitución y dé un golpe de Estado. El Tribunal Superior de Schleswig-Holstein en ningún momento juzgó a Puigdemont, pues no era competente para hacerlo: rechazó la euroorden dictada por el juez Pablo Llarena al constatar que la figura del delito de rebelión por el que está procesado en España no se ajusta al mismo tipo penal de Alemania.

Entre las ilegalidades que ha detectado el Tribunal de Cuentas se encuentra el contrato por el que el Diplocat pagó 1’4 millones de euros a un lobby norteamericano, Independent Diplomat (ID), para que le ayudara a crear un clima de opinión internacional favorable al proceso de independencia de Cataluña.

Este contrato no sólo se tramitó de forma ilegal, sino que también era ilegal su finalidad, constatan los consejeros del Tribunal de Cuentas. Los expertos de Independent Diplomat (ID) publicaron en la prensa extranjera decenas de artículos a favor del proceso de independencia, concertaron encuentros entre los representantes de la Generalitat y varios Gobiernos extranjeros, y llegaron a entrevistarse en el Vaticano con el responsable de los viajes del Papa Francisco para intentar concertar una visita del Pontífice a Cataluña. Un viaje que la Generalitat también pretendía instrumentalizar políticamente a favor de la causa secesionista.

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