Torra oculta al Tribunal de Cuentas 7.200 evidencias de malversación en su red de «embajadas»

Quim Torra y Carles Puigdemont
Quim Torra y Carles Puigdemont.

El Govern de Quim Torra ha ocultado al Tribunal de Cuentas más de 7.200 documentos, para borrar las evidencias de un delito continuado de malversación de fondos públicos a través de su Departamento de Exteriores y su red internacional de «embajadas».

El Tribunal de Cuentas ya ha concluido el informe según el cual la Generalitat ha gastado desde 2011 un total de 416, 8 millones de euros a través de la Conselleria de Asuntos Exteriores. El dictamen señala que buena parte de este dinero se ha destinado a un fin ilegal: promocionar el proceso de independencia en el exterior y recabar apoyos internacionales para la creación de un Estado propio.

Algo que penalmente se corresponde con un delito de malversación, que puede alcanzar una cuantía millonaria, del que tendrán que responder los ex presidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, así como altos cargos del Departamento de Exteriores. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas no ha podido rastrear todas las evidencias de malversación, porque el actual Ejecutivo de Torra le ha ocultado miles de documentos.

Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas explica que la Generalitat le ha ocultado más de 7.200 informes de Exteriores.

A través de las instrucciones 1/2011 y 1/2013, la Generalitat implantó un exhaustivo sistema por el que todas sus unidades administrativas debían elevar a los miembros del Govern informes, notas y memos periódicas sobre sus actividades desarrolladas y previstas.

Además, todos los departamentos de la Conselleria de Exteriores y sus «embajadas» deben remitir al conseller todo tipo de informes de análisis de actualidad política, resúmenes de los contactos institucionales, preparativos y resultados de los viajes oficiales realizados.

La Generalitat de Quim Torra sólo ha facilitado al Tribunal de Cuentas una parte de esta documentación correspondiente al período comprendido entre enero de 2011 y febrero de 2016. El Ejecutivo catalán sostiene que, a partir de esa fecha, dejaron de elaborarse todos esos informes.

Por supuesto, el Tribunal de Cuentas no da crédito a esta explicación. Más aún teniendo en cuenta que Torra le oculta los documentos correspondientes a 2016 y 2017, cuando prácticamente toda la actividad del Ejecutivo autonómico  estaba enfocada al proceso de independencia.

Los viajes de Puigdemont

El órgano fiscalizador estima que en el período examinado, entre 2011 y 2017, el Departamento de Exteriores debió tramitar más de 10.000 informes de gestión, pero la Generalitat sólo le ha facilitado 2.795. Por tanto, le oculta más de 7.200 informes y notas de gestión, para borrar las evidencias del delito de malversación.

Lo mismo ocurre con los datos de contabilidad: la Generalitat oculta al Tribunal de Cuentas todos los asientos correspondientes a 2011 y 2012, alegando que no se han conservado debido a un cambio de sistema informático.

Pese a todas estas limitaciones, las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas apuntan a que el delito de malversación puede alcanzar varias decenas de millones de euros. Tan sólo algunos ejemplos. Desde 2011, los presidentes de la Generalitat han realizado 40 viajes oficiales al exterior, por un importe total de 887.846 euros. De ellos, al menos 11 viajes estuvieron relacionados directamente con el proceso de independencia (lo que supone un gasto ilegal de 363.439 euros).

Artur Mas realizó en junio de 2014 un viaje a Estados Unidos (que costó 75.613 euros), durante el cual participó en varios actos para defender el referéndum ilegal de independencia del 9-N. La mayoría de estos actos fueron organizados por la empresa ID, a la que el Diplocat (el consorcio de «diplomacia pública» de la Generalitat) ha pagado 1,5 millones de euros para que le ayude a crear un clima de opinión favorable a la independencia en las instituciones y medios de comunicación internacionales.

Carter se negó a apoyar el 1-O

De nuevo, Artur Mas realizó en abril de 2015 un viaje de seis días a Estados Unidos, con una comitiva de 13 personas, que costó 107.891 euros públicos. También en este caso, casi todos los actos estuvieron centrados en promocionar el proceso ilegal de independencia.

Su sucesor, Carles Puigdemont, realizó otros dos viajes a Estados Unidos en 2017, con la misma finalidad. El primero en marzo de 2017, con una duración de seis días y una comitiva de nueve personas: costó 81.061 euros públicos. Puigdemont regresó a Estados Unidos un mes después, en abril, con una comitiva de nueve personas y un gasto de 18.789 euros.

El principal objetivo de esta visita era reunirse con el ex presidente Jimmy Carter para intentar convencerle de que su fundación, el Carter Center, se implicara en la organización del referéndum ilegal del 1-O. Carter se negó. Con anterioridad, en 2016, Puigdemont realizó varios viajes oficiales a Flandes (17.429 euros), Londres (16.897 euros), París (22.329 euros) y Bruselas (7,373 euros), siempre con el objetivo de recabar apoyos al proceso ilegal de independencia.

Miles de euros para denigrar a España

En cuanto al conseller de Exteriores Raül Romeva (hoy en prisión) gastó en 2016 y 2017 un total de 31.000 euros públicos en 16 viajes internacionales relacionados con el proceso de independencia. Pese a que Quim Torra le ha ocultado más de 7.200 informes, el Tribunal de Cuentas ha logrado acreditar otras partidas millonarias destinadas al mismo fin ilegal.

El Diplocat ha gastado 105.833 euros públicos en informes, encargados a supuestos expertos, sobre el proceso de independencia. Estos dictámenes tienen títulos como “Cataluña: un Estado hasta 1714”, “Introducción al proceso de autodeterminación en Cataluña. ¿Por qué los catalanes quieren celebrar un referéndum sobre su futuro?”, “¿Se dirige Cataluña hacia la independencia?”, “El dificultoso encaje de Cataluña en España”, “La cuestión de la independencia de Cataluña: 300 años después de la pérdida de las libertades institucionales” y “España continúa persiguiendo la lengua catalana: 45 ejemplos de los últimos 10 años en Cataluña”.

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