Los ecologistas frenan la caza del jabalí en Castilla y León en plena alerta por la peste porcina
Ecologistas en Acción gana el recurso por la falta del informe del Consejo Regional de Medio Ambiente
La sentencia llega cuando la Junta planeaba intensificar la caza para frenar la peste porcina africana
El tribunal indica que no existe "ninguna situación alarmante, preocupante o extrema" que lo justifique
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha anulado el Plan de Gestión del Jabalí de la comunidad, aprobado en junio de 2024, tras estimar el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción.
La decisión llega en un momento especialmente delicado: apenas tres meses antes, la Junta había anunciado que intensificaría la caza del jabalí como medida para frenar el avance de la peste porcina africana.
El fallo judicial tumba la Orden aprobada por la Junta y pone en entredicho la estrategia de gestión cinegética impulsada por la consejería castellanoleonesa. La sentencia explica que el plan se tramitó sin el preceptivo informe del Pleno del Consejo Regional de Medio Ambiente, un requisito legal que la Administración autonómica optó por saltarse.
Sólo con la Comisión de Caza
La Junta de Castilla y León argumentó en su momento que bastaba con el visto bueno de la Comisión de Caza, bajo el argumento de que se trataba de una cuestión «meramente cinegética». El TSJCyL rechaza ese planteamiento de forma categórica y señala que la gestión del jabalí excede con creces el ámbito estrictamente venatorio.
El tribunal subraya que el plan afecta directamente a la seguridad vial y de las personas, a la salud pública, a la sanidad animal y al conjunto del medioambiente. Esa transversalidad, dice la sentencia, exigía un análisis de mayor calado, como el que ofrece el Pleno del Consejo, donde están representados intereses más allá de los cinegéticos.
Vigencia indefinida rechazada
El TSJCyL también considera «excesiva» la pretensión de que el Plan de Gestión del Jabalí tuviese una vigencia indefinida. La Junta alegaba que las características del documento justificaban esa duración ilimitada, pero el tribunal lo rebate al indicar que no existe «ninguna situación alarmante, preocupante o extrema» que lo justifique.
A ello se suma otro vicio de forma relevante: el texto definitivo del plan fue modificado pero no se sometió de nuevo a escrutinio público. Para el tribunal, esa omisión invalida igualmente la norma, que acumula así varios motivos de nulidad.
Contexto de alerta sanitaria
El momento en que llega la sentencia añade un elemento de tensión adicional. En diciembre de 2025, la Junta de Castilla y León anunció que intensificaría la caza del jabalí como respuesta a los casos de peste porcina africana detectados en ejemplares silvestres en la provincia de Barcelona. Las consejerías de Medio Ambiente, Agricultura y Sanidad coordinaron entonces una serie de protocolos de prevención y vigilancia.
La enfermedad, aunque no es zoonósica —no se transmite a las personas—, representa una amenaza grave para el sector porcino. Con el plan anulado, la Junta queda sin el marco normativo que amparaba esa intensificación de la caza del jabalí en Castilla y León.
Crítica a la gestión autonómica
Ecologistas en Acción celebra el fallo y aprovecha para cargar contra lo que califica como «nefasta gestión» del medio natural por parte del consejero Suárez-Quiñones y del director general del Medio Natural, José Ángel Arranz. La organización ecologista denuncia que las decisiones de la consejería se basan en «criterios extractivos y de rédito político cortoplacista» antes que en la ciencia y la conservación.
La federación recuerda que no es la primera vez que los tribunales anulan una decisión de esta consejería, y que en ningún caso anterior hubo consecuencias políticas. «Exigimos dimisiones y responsabilidades políticas inmediatas», concluye Ecologistas en Acción, que también reclama que la gestión de la fauna silvestre —incluido el jabalí— se rija por la participación pública, el análisis científico y los datos técnicos.
Lobo y otras especies
La organización traslada ese mismo principio al resto de la fauna silvestre gestionada por la Junta de Castilla y León, con el lobo como referencia explícita. En su opinión, la Administración autonómica sigue aplicando la máxima de «tirar para adelante y luego ya se verá», una actitud que, a su juicio, acaba generando sentencias como la que acaba de dictar el TSJCyL.
