La Fiscalía busca en el extranjero datos de comisiones del AVE a La Meca pero ignora a un testigo español

La Fiscalía del Supremo investiga desde hace poco más de un año el origen de los 100 millones de dólares (65 millones de euros) de comisión en las obras del AVE a La Meca que supuestamente acabaron en cuentas ligadas al Rey emérito, Juan Carlos I. En paralelo, la Fiscalía Anticorrupción, que investiga el papel de las empresas españolas en el consorcio adjudicatario de la construcción del AVE a La Meca, acaba de mandar una comisión rogatoria a Arabia Saudí para obtener datos financieros sobre las obras y averiguar si existen datos que permitan investigar un posible pago de sobornos por parte de empresas españolas a las autoridades saudíes.

Sin embargo, nadie ha llamado a declarar a Jesús Díaz Barreiros, testigo clave en este asunto, ni Anticorrupción ni el Supremo. De hecho, Anticorrupción ni siquiera llamó a Díaz -ex delegado de la constructora Copasa en Baleares y figura clave en la negociación con el consorcio hispano saudí, Al Shoula Group, concesionario de la obra- cuando la causa recayó en ellos hasta que fue trasladada al Supremo por la condición de aforado del Rey Emérito. Mientras tanto, Jesús Díaz ha sufrido dos robos, un intento de allanamiento de morada y un sabotaje en su vehículo que pudo provocar un grave accidente, todo en los últimos cinco años.

Aunque la investigación llegó al Tribunal Supremo a principios de junio de 2020, trasladada desde la Fiscalía Anticorrupción, nadie ha contactado ni llamado a declarar todavía a Jesús Díaz Barreiros, ex delegado de la constructora Copasa en Baleares y figura clave en la negociación con el consorcio hispano saudí, Al Shoula Group, que se hizo inicialmente con la obra por 6.736 millones de euros. Hay que recordar que el Rey emérito, Juan Carlos I, está investigado como supuesto beneficiario de una comisión de estas obras por parte del Tribunal Supremo.

Por parte española, forman parte de este consorcio Renfe Operadora, ADIF, Consultrans, Ineco, Indra, Copasa, Imathia, Talgo, Cobra, Inabensa (Abengoa), Invensys Rail Dimetronic y OHL. En concreto a Copasa, para quien Díaz trabajó algunos años, se le supone un 6,76 por ciento de este consorcio y, por tanto, del conjunto de toda la obra cuyo coste ha aumentado con el tiempo. Todas estas empresas españolas formaron el Consorcio Español Alta Velocidad Meca Medina S.A. (CEAVMM) que se alió con dos constructoras saudíes,  Al Shoula y Al-Rosan Contracting, y formarán parte durante 12 años de Al Shoula Group, una alianza que se formó para la construcción y posterior mantenimiento de la línea de AVE Medina-La Meca, en Arabia Saudita.

Previamente a la firma del contrato con los saudíes, que tuvo lugar en enero de 2012 y al que acudió la entonces ministra de Fomento Ana Pastor, se mantuvieron encuentros con los socios árabes al más alto nivel, como presuntamente demuestra la documentación que celosamente guarda Díaz Barreiros y es parte de la que hoy muestra OKDIARIO, donde figura el príncipe Abdulaziz bin Fahad bin Migrin bin Abdulaziz Al Saud.

La empresa de Díaz habría fijado supuestamente esa comisión legal de 1 por ciento por contrato, según los documentos que exhibe Jesús Díaz. Es decir, que si Copasa lograba un trozo de la tarta del AVE negociado por Díaz debía darle un 1 por ciento de comisión: “para obras superiores a 151 millones de US$ el precio a percibir consistirá en la cantidad resultante de aplicar un 1% sobre el importe de obras final y efectivamente contratado por Copasa”, según consta en el citado documento.

Díaz ha reclamado ante los juzgados y por medio de sus abogados su comisión de 8,52 millones de euros, ya que el supuesto montante de negocio de Copasa habría sido de 852.000.000 de euros. Además, reclama otros seis millones de euros por otros trabajos realizados para la constructora. Ésa es la pelea que, tanto empresario como constructora, mantienen actualmente y que tendrá que dirimirse en los juzgados. Copasa no reconoce la validez de esos contratos; es más, ha denunciado a Díaz por falsificación de una firma en documento mercantil. Ese juicio quedó visto para sentencia el pasado 15 de noviembre. Fue tras la reclamación de Díaz en los juzgados de lo mercantil cuando Copasa argumentó que la firma de su presidente, José Luis Suárez Gutiérrez, había sido falsificada en ese contrato y mientras no se resuelva judicialmente este asunto la vía civil permanece paralizada.

La importancia de esta reclamación reside en que de probarse supondría que Díaz Barreiros proporcionó contactos e intermedió entre Copasa y el Gobierno de Arabia Saudí, donde él y su familia mantienen importantes contactos en la familia real saudí.

Sin embargo, a pesar de todo esto nadie de la Fiscalía Anticorrupción primero ni del Supremo después ha llamado a Díaz para preguntar cómo negociaba esas supuestas comisiones y sobre todo, cómo la negociaban los árabes con el resto de concesionarios de la obra, algo sobre lo que este empresario gallego quizás pudiese aportar información. Sobre todo, por la documentación que celosamente guarda, tras salvarla de un robo en su oficina de Mallorca, el 7 de noviembre de 2016.

Mientras tanto, en julio de 2021 el fiscal suizo Yves Bertossa que sigue el rastro de los pagos recibidos en Suiza por una fundación ligada al Rey emérito, se reunió con los tres fiscales del Supremo, liderados por Juan Ignacio Campos, que estudian en España tres cuestiones relativas al Rey emérito: el uso de unas tarjetas de crédito, el cobro de esos 65 millones de euros y la existencia de fondos en una cuenta de la Isla de Jersey. En lo que atañe a Díaz nadie ha contactado con él, tal y como confirma en conversación telefónica a OKDIARIO: «Nadie me ha llamado para preguntar nada sobre mi papel en la obra del AVE a La Meca, pero si me llaman iré», explica.