El testigo del ‘caso AVE a La Meca’ ya denunció un robo anterior de documentos que nunca fue resuelto

El 8 de noviembre de 2016 era un martes como otro cualquiera en Palma de Mallorca. El delegado de la empresa de construcciones Copasa en Baleares, Jesús Díaz, un empresario gallego afincado en Mallorca, visitaba Madrid para rendir cuentas al presidente del importante grupo empresarial que se hizo con el contrato de construcción de la línea ferroviaria del AVE Medina-La Meca, en Arabia Saudí, y de donde supuestamente el Rey emérito habría cobrado una jugosa comisión de 100 millones de dólares por la que la Fiscalía del Supremo lo investiga.

Pero una llamada del portero de la finca donde tenía sus oficinas Copasa generó a Jesús Díaz muchísima inquietud: unos ladrones habían entrado a robar en la delegación donde guardaba importantes documentos. Esta denuncia se producía cinco años antes de la publicada este jueves por OKDIARIO, ya que este empresario sufrió un intento de allanamiento en su domicilio y el sabotaje de su vehículo hace solo unos días.

Aquella misma tarde, Jesús Díaz Barreiros, regresó desde Madrid a Baleares doblemente inquieto. Por una parte, el presidente de Copasa, José Luis Suárez no le tranquilizó sobre la reclamación económica que presentó relativa a sus negocios; en total le reclama 14 millones de euros por diferentes motivos; por otra, el delegado de la constructora en Baleares sabía que había guardado documentos «sensibles» de su intermediación para conseguir la obra del AVE ante los árabes en su despacho de Mallorca.

La denuncia, recogida en la comisaría de Policía Nacional Oeste, oficina de Denuncias de Palma de Mallorca, fue presentada a las 20:31 del mismo día, cuando Barreiros regresó a Mallorca y declaró que «alrededor de las 11.00 horas ha recibido una llamada por parte del administrador de la finca, el cual le comunicaba que la puerta de la oficina se encontraba abierta y su interior revuelto». Luego Díaz relataba una serie de objetos que faltaban: «Un ordenador portátil de la marca VAIO, dos archivadores con documentación varia y distintas carpetas con documentación, de la cual parte se encontraba esparcida por el suelo».

El 5 de junio de 2017 Díaz realizó una ampliación de la denuncia en la misma comisaría, tras ser despedido el 12 de enero de 2017 de Copasa. La Policía escribe: «Quiere hacer constar que lo anterior (reclamación de cantidad) le está siendo sumamente dificultoso, dado que entre la documentación que se sustrajo en el robo denunciado se llevaron documentación que le impide acreditar dichas deudas». Añade que «le parece sumamente extraño que dicha entrada en el despacho profesional se hiciera sin fuerza, ya que al parecer la puerta no se encontraba forzada, que no se llevaran otros efectos de valor que se encontraban en su interior e igualmente que coincidiera con su previsible ausencia de la isla». La denuncia con número de atestado 15460/16 no llegó a ninguna conclusión, más de cinco años después de ser interpuesta al igual que su ampliación con número 8409/17.

Esta denuncia se une a las presentadas el 8 y 9 de noviembre por intento de allanamiento de morada y haber sufrido un percance con las tuercas de la rueda de un coche, otra denuncia de febrero de 2019 que también reflejaba daños en la cerradura de su domicilio calificados como consecuencia de un intento de robo que habría ocurrido el 8 de febrero de aquel año.

A estos dos intentos de robo y un robo consumado en sus oficinas hay que sumar incluso su detención en el caso Puertos en diciembre del año pasado, aunque luego fue puesto en libertad sin cargos, algo que no parece guardar relación alguna con el caso del AVE a La Meca.

Al Shoula Group

Díaz Barreiros reclama desde el año 2017 8,5 millones de euros a Copasa en concepto de comisión por su intermediación en el contrato de la construcción del ferrocarril AVE Medina-La Meca -en concreto el uno por ciento- ya que Copasa forma parte Al Shoula Group, conformado por un consorcio de empresas españolas y dos saudíes y su participación se estima en unos 852 millones de euros del total de 6.736 millones de euros iniciales por los que fue adjudicada la obra que con el tiempo ha aumentado.

Sobre el robo, Díaz Barreiros declina ofrecer muchos detalles a OKDIARIO, sólo se atreve a declarar que «había documentos importantes» y que «lo mismo existe copia de las cosas realmente importantes que no guardaba en la oficina». Por ejemplo, un teléfono móvil con teclado en árabe, facilitado por Copasa a Díaz, y que, según éste, pudiera incluir conversaciones y fotografías importantes para el negocio de esta empresa en Arabia Saudí, también según el empresario gallego.

Según las investigaciones de la Fiscalía suiza, el príncipe Abdulaziz bin Mishal, miembro de la familia real saudita y propietario de Al Shoula, la empresa que participó junto a un amplio consorcio español en el proyecto del AVE a La Meca formando Al Shoula Group, cobró una comisión de 120 millones de euros, según los datos que figuran en la comisión rogatoria que la Fiscalía Anticorrupción remitió a Ginebra en febrero de 2020.

Si se suman los 120 millones pagados a Bin Mishal, los 64,8 millones ingresados por Juan Carlos I en la Fundación Lucum y los otros 100 percibidos por la intermediaria iraní Zanganeh todas las empresas españolas presuntamente habrían desembolsado entre comisiones legales y mordidas, unos 284,8 millones de euros para conseguir el contrato ferroviario de alta velocidad del AVE a La Meca.