Los dueños de BPA denuncian que Andorra intenta tapar las actividades bancarias de los Pujol

Los máximos accionistas de Banca Privada de Andorra, BPA, denuncian que las autoridades del Principado están «intentando tapar» las actividades bancarias del ex presidente catalán, Jordi Pujol, y su familia.

El grupo empresarial de Higini y Ramón Cierco ha emitido un comunicado en las últimas horas después de que la policía andorrana, por orden de la juez Alexandra Terés, registrara sus domicilios particulares y sus despachos profesionales este jueves mientras se investiga una presunta revelación del secreto bancario que afecta a los Pujol.

Según ha podido saber OKDIARIO, durante los registros que se extendieron  desde primera hora de la mañana hasta la tarde, los agentes andorranos se incautaron de diversa y abundante documentación que podría incluso afectar a la defensa procesal de los hermanos Cierco en el caso BPA. Los policías del Principado también procedieron al volcado de decenas de archivos contenidos en el servidor principal de este conglomerado empresarial.

El Grupo Cierco no sólo es el máximo accionista de BPA, entidad intervenida por el Gobierno andorrano por albergar presuntamente operaciones de blanqueo de capitales, también es propietario de una distribuidora alimentaria, 4 hoteles o una fábrica de tabaco, que dan trabajo a más de 500 personas en este país.

En el comunicado emitido, el Grupo Cierco «muestra su profunda repulsa e indignación en relación a la actuación de las autoridades andorranas, y en concreto de los organismos judiciales, por la constante persecución a la que está sometiendo a los accionistas mayoritarios de BPA».

«El ataque frontal a la familia Cierco», añade, «causándole indefensión y vulnerándole en varias ocasiones la presunción de inocencia, contrasta con la celeridad y vehemencia con que se está tratando el denominado ‘caso Pujol’ y, al mismo tiempo, la protección que se está ofreciendo a la entidad bancaria por donde todas las evidencias indican que transcurrieron los movimientos dinerarios de origen como mínimo incierto de la familia del expresidente de la Generalitat catalana».

Las fuentes consultadas sostienen que los registros «podrían ser consecuencia» de que los propietarios de BPA se reunieran con el dimitido ex fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, el pasado mes de marzo para entregarle documentación sobre los Pujol.

Además, destacan que la policía se habría llevado «más información» de la justificada en el marco de esta investigación judicial. Por este motivo, no se descartan que se emprendan «acciones legales».

Víctimas de «amenazas y coacciones»

Los propietarios de BPA muestran su sorpresa porque «más de nueve meses después de la denuncia en sede judicial, primero, y ante el Parlamento andorrano, después, del accionista Higini Cierco de haber sido víctima, junto con otros directivos de BPA, de amenazas y coacciones por mandos policiales españoles, la investigación de estos hechos se mantenga en una vía muerta mientras que cualquier actuación tendente a proteger los intereses de los Pujol recibe una prontitud que pocos procesos judiciales ostentan en el Principado».

«Es, parece, la desprotección», sostiene el comunicado, «a la que somete la administración andorrana a sus nacionales ante, curiosamente, la protección que ofrece a los extranjeros investigados en su país de origen y donde hay notables elementos que llevan a pensar en ilícitas actuaciones dilatadas en el tiempo».

El Grupo Cierco recuerda que más de dos años después de la intervención de BPA, «y cuando ya es evidente que la actividad del banco se ceñía siempre bajo los parámetros de la legislación andorrana vigente en cada momento igual como supuestamente hacían el resto de entidades de la plaza, queda claro que la criminalización constante de la entidad bancaria y sus accionistas mayoritarios es sólo una maniobra recurrente para intentar desviar el foco de interés de donde habría que ponerlo: el ‘caso Pujol’ y la entidad bancaria donde históricamente tuvieron el dinero y llevaron a cabo toda una operativa cuyo origen todavía hoy es muy incierto».

Por último, los propietarios de BPA Grupo Cierco denuncian que «no se investigan delitos concretos sino que se persigue indiscriminadamente a unas personas para criminalizarlas como sea y, al mismo tiempo, se trata de encubrir a otros».