El candidato a presidir la Generalitat Antoni Morral estuvo imputado por dos casos de corrupción

No es precisamente un gestor ejemplar, pero al menos tiene un currículum independentista intachable. El nuevo candidato de Carles Puigdemont a la Presidencia de la Generalitat, Antoni Morral Berenguer, ha sido alcalde de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) durante siete años (2003-2009), los tres últimos gracias al apoyo del PP.

Durante su etapa como alcalde, estuvo imputado dos veces (por cobrar sobresueldos y adjudicar contratos a dedo) y tuvo que lidiar con otros dos casos de corrupción. Uno de estos escándalos, vinculado a la financiación ilegal del 3%, le obligó a abandonar la Alcaldía, después de que el PDeCAT (el mismo partido que ahora quiere hacerle presidente de la Generalitat) presentara una moción de censura contra él.

Como hombre de confianza de Carme Forcadell, en junio de 2014 fue elegido secretario de la ANC, que pocos meses después tuvo un protagonismo clave en el referéndum ilegal de independencia del 9N organizado por Artur Mas.

Desde el pasado mes de enero, Antoni Morall es diputado en el Parlament por Junts per Catalunya (JxCAT), gracias a la renuncia del ex conseller Joaquim Forn, en prisión por utilizar a los Mossos d’Esquadra para facilitar la celebración de la consulta ilegal del 1-O.

Un presidente títere de Puigdemont

Una vez descartado el nombre de Elsa Artadi, Puigdemont en ningún momento ha ocultado su intención de utilizar a Morral como un presidente títere, para dirigir la Generalitat desde Berlín. Antoni Morral fue uno de los fundadores de Iniciativa per Catalunya en 1987, pero su apoyo al independentismo le llevó luego a romper con esta formación política.

Como candidato de ICV, fue elegido alcalde en junio de 2003 mediante un pacto de gobierno con ERC y CiU. Sus siete años al frente del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallés comenzaron con un escándalo de corrupción y concluyeron con otro.

En 2005 se vio obligado a destituir a su concejal de Promoción Económica, Diego de Águila (CiU), después de que trascendiera que pidió una comisión de 60.000 euros a un empresario, a cambio de concederle una subvención cuando ocupaba un alto cargo en la Conselleria de Trabajo de la Generalitat.

A raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, Antoni Morral fue imputado en 2015 por cobrar sobresueldos camuflados en forma de dietas como miembro del comité ejecutivo de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC). En la misma pieza del denominado caso Mercurio fueron imputados por el Juzgado de Instrucción número 1 de Sabadell otros nueve cargos municipales, entre ellos la entonces secretaria de organización del PSC Assumpta Escarp.

Imputado por malversación y prevaricación

En concreto, a Antoni Morral se le atribuía haber cobrado indebidamente 14.665,30 euros: declaraba esta cantidad en forma de dietas, aunque en realidad se trataba de una asignación mensual fija que percibía como miembro del órgano de gobierno de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC). Según las estimaciones del fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo, por este procedimiento se habrían malversado más de 570.000 euros públicos. Sin embargo, la causa quedó luego archivada.

No era la primera vez que el aspirante a la Presidencia de la Generalitat estaba imputado. Ya lo estuvo en 2014 junto a dos de sus concejales por un presunto delito de prevaricación, por adjudicar a dedo la explotación de la piscina municipal Montflori y el recinto deportivo ALTIS a la Federación Catalana de Balonmano (FCH).

Según la denuncia de la Fiscalía, el Ayuntamiento de Cerdanyola elaboró un pliego de cláusulas administrativas con la decisión tomada de antemano de adjudicar la explotación de ambas instalaciones a la FCH, a la que no se exigió que depositara ningún tipo de garantía ni acreditara su solvencia económica.

Tan sólo dos años después de la adjudicación del contrato, la Federación de Balonmano comunicó al Ayuntamiento que se veía obligada a renunciar al contrato, debido al elevado déficit acumulado, y puso a los 16 empleados en la calle, mediante un ERE que pagó el propio Consistorio con dinero público.

El promotor amigo de Prenafeta

Finalmente, en noviembre de 2016, Antoni Morral dio una rueda de prensa para anunciar que la causa había quedado archivada. Su ex teniente de alcalde, Santiago Cayuela (ICV), que también había estado imputado por los mismos hechos, logró colocarse como asesor de la Diputación de Barcelona con un sueldo de 3.500 euros al mes.

Pero hubo un último caso de corrupción que marcó definitivamente y puso fin a la etapa de Antoni Morral como alcalde de Cerdenyola del Vallés. En el marco de la Operación Pretoria, en mayo de 2009 salieron a la luz las conversaciones telefónicas en las que Lluís Prenafeta pedía a Artur Mas que atendiera a un promotor, Lluís Casamitjana, que quería desarrollar un proyecto urbanístico de 2.100 viviendas en Cerdanyola del Vallés.

Prenafeta pidió a Mas que le facilitara el contacto con algún representante de CiU (hoy PDeCAT) en el municipio, para poder poner en marcha el proyecto. Tras estas revelaciones, la edil de Cerdanyola Consol Pla (CiU) reconoció que había mantenido durante meses contactos con el promotor, para negociar un acuerdo, con conocimiento del alcalde.

Al estallar el escáncalo, Antoni Morral destituyó a Consol Pla como miembro del gobierno municipal y el PDeCAT consideró roto el pacto de gobierno (que desde 1007 contaba con el apoyo externo del P). Los convergentes presentaron una moción de censura que, en diciembre de 2009, logró expulsar de la Alcaldía a Antoni Morral.

Ahora, el mismo partido que le arrebató la Alcaldía quiere colocar a Antoni Morral como presidente de la Generalitat, para que actúe como un títere manejado por Carles Puigdemont desde Berlín y siga adelante con el desafío separatista.