Canalda avaló un crédito del Banco Mundial a los socios colombianos que le costó 20 millones al Canal

En febrero de 2002 cuando el Canal/Extensia formalizó la compra de la colombiana Inassa, la Gerencia de la compañía madrileña de aguas, cuyo titular era Arturo Canalda, avaló a sus socios colombianos en una emisión de bonos por valor de 180.000 millones de pesos, unos 80 millones de euros. La empresa madrileña se hacía responsable subsidiario de los compromisos crediticios con la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial (IFC) de los propietarios de Triple A que, a su vez, eran socios del Canal en la distribuidora de aguas de Barranquilla.

Era una operación muy extraña y onerosa para el Canal porque todos los observadores económicos y financieros coincidían en señalar que Triple A difícilmente podría afrontar los compromisos de pagos y que, finalmente, quien tendría que depositar el dinero sería el socio mayoritario: el Canal de Isabel II. La empresa española entonces era la sociedad mayoritaria de Inassa y de Triple A (68%).

Los socios del Canal en Colombia se comprometían con IFC a pagar anualmente 30.600 millones de pesos (unos 15,5 millones de euros) durante 6 o 7 años. Los asesores del Canal cuestionaron la operación y preguntaron a la Gerencia del Canal las causas de aquel inexplicable sometimiento a las condiciones, a veces leoninas, de los vendedores.

En 2006 estalló la burbuja y sucedió lo que todos esperaba: Triple A no podía hacer frente al recibo de ese año. Inmediatamente, IFC se dirigió al Canal para que respaldara los bonos. Edmundo Rodríguez, entonces presidente ejecutivo de Inassa, remitió una carta al alcalde de Barranquilla, Guillermo Hoenigsberg, para que la deuda fuera sufragada por la municipalidad. El alcalde le respondió que no tenía medios para invertir 24.000 millones de pesos, más de 10 millones de euros, en función de las acciones que le quedaba al ayuntamiento en 2006 de Triple A, un 35,7%.

El primer edil de la cuarta ciudad más poblada de Colombia se preguntaba por el destino del dinero obtenido por los bonos y cuestionaba la inversión de los 80 millones de euros en beneficio de la ciudad. Según él, la inversión en las obras de canalización se había sufragado con las subvenciones de los gobiernos de Pastrana y Gaviria por un importe superior a 43,5 millones de euros.

El primer edil de Barranquilla manifestó con cierta sorna: “Hay unos socios minoritarios dentro de Inassa que tienen unas cláusulas preferenciales como por ejemplo: si hay una capitalización a ellos no se les afecta por porcentaje accionario”.

El alcalde se hacía otra pregunta: “¿Quiénes son esos accionistas?”. Y él mismo la contestaba: “Tengo entendido que está Paco Olmos”. Hasta entonces gerente de Triple A y conocido en Colombia como El Virrey, según la revista colombiana Semana.

Sin embargo, finalmente, fue la dirección de la compañía en Madrid la que se vio obligada a transferir a Colombia otros 20 millones de euros para cubrir la deuda con la filial del Banco Mundial. Ello provocó que Extensia aumentara sus acciones en Inassa hasta el 82,16% y la municipalidad la rebajara al 14%. 

Otro informe contrario a Canalda 

El descalabro de la operación de los bonos del Banco Mundial era otra más de las tachas de Canalda, el actual presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, en la gestión del Canal mientras fue su gerente entre 2002 y 2003, los años más conflictivos de la compra de Inassa.

El primer informe de Cuatrecasas, elaborado por encargo del Canal en 2004, al que ha tenido acceso OKDIARIO, señala que el director-gerente (Arturo Canalda en aquellos momentos) de la sociedad de aguas nunca informó al Consejo de Administración de que la operación de compra de Inassa se hacía a través de Sociedad de Aguas de América (SAA), una offshore constituida en Panamá para eludir las obligaciones con el fisco.

Canalda también omitió la presencia de otra offshore panameña que también pasó a manos del Canal. Se trataba de Watco, cuyo 51% quedaba bajo el control de la sociedad madrileña según los acuerdos de la adquisición de la panameña SAA.

Canalda, como director-gerente, desoyó, por tanto, el informe de Planificación Internacional elaborado por Garrigues, también encargado por el Canal, que señalaba expresamente “como menos recomendable la opción de adquirir y disolver SAA”, debido a que se trataba de una sociedad panameña, país que tenía la consideración de paraíso fiscal.

El primer informe de Cuatrecasas, que fue ampliado el 2009 por letrados del mismo bufete, del que ya ha dado cuenta OKDIARIO en otras informaciones, también destaca que “con la documentación que se puso a disposición del Consejo de Administración del Canal no podía llegarse a la conclusión de que la compra de SAA iba a ser la operación que finalmente se iba a llevar a cabo y que era lo que se estaba autorizando realmente”.

Gracias a ese proceso opaco y ajeno a las recomendaciones de Garrigues y Cuatrecasas, que habían sido contratados por el Canal para el asesoramiento durante el proceso de adquisición de Inassa, de los que Canalda tenía pleno conocimiento, el 14 de noviembre de 200l el Consejo autorizó la compra del 75% de Inassa realizando el siguiente planing: constitución de Extensia el 25 de diciembre, de la que el Canal se reservaba el 75%, compra del 100% de la panameña SAA por parte de Extensia y disolución de SAA (la adquisición y la inmediata disolución fue firmada el 13 de diciembre y completada el 20 de febrero de 2002). Canalda llevaba de gerente en el Canal desde septiembre de 2001.

Ahora, el presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid se defiende alegando que desconocía los hechos.