Situación insostenible de Canalda tras la redada en Inassa en busca de mordidas

La redada policial en la sede central de Barranquilla de la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa), filial de Extensia/Canal desde finales de 2001, en busca de pagos de comisiones y sobornos coloca a Arturo Canalda, actual presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, en una situación límite. La operación ha sido ejecutada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía de Colombia.

Canalda, uno de los políticos madrileños más protegidos por el Partido Popular, fue director/gerente del Canal y de sus filiales americanas entre septiembre de 2001 y junio de 2003, fechas en la que se formalizó la compra de Inassa a través de una offshore del paraíso fiscal de Panamá.

Como viene informando OKDIARIO desde hace semanas, la sociedad Inassa, participada en la actualidad en un 82,16% de las acciones por el Canal de Isabal II, es el epicentro de la trama de mayor corrupción de la empresa pública madrileña de aguas. El Canal pagó en 2002 83 millones de euros por algo que sólo costaba 7 millones. Y, meses después, la dirección del Canal aprobó además una ampliación de capital por la que tuvo que desembolsar otros 13,5 millones.

El juez Velasco, en el auto de prisión de Ignacio González y otros imputados, señalaba que “el Canal invirtió en Extensia unos 100 millones de euros, en una sociedad cuyo valor societario sería muy menor, rondando los 30 millones”. La Audiencia Nacional investiga ahora a dónde han ido a parar esos 70 millones de diferencia, en una operación que, ha sido calificada judicial y policialmente como fraudulenta.

Tras las pruebas del fraude

La investigación combinada entre la Fiscalía Anticorrupción y el CTI, en aplicación del convenio de asistencia jurídica hispanocolombiano, abarca el periodo de tiempo entre mediado 2001 y 2016, desde la gerencia en el Canal de Arturo Canalda a la de Adrián Martín.

El CTI colombiano a lo largo de dos días, en jornadas maratonianas de 12 horas, ha rastreado la sede central de la sociedad de aguas Inassa, en Barranquilla, en busca de las pruebas que demuestren cómo se beneficiaron sus gestores en lo que ya se conoce como el gran pelotazo americano.

La Fiscalía colombiana está convencida de que con la documentación obtenida en la sede de Inassa se va a poder seguir el rastro al dinero para determinar el sobreprecio de la compañía y las cuentas bancarias que lo recibieron. El problema surgirá cuando el reguero de dólares les lleve a Panamá, donde estaban constituidas casi todas las sociedades que se repartieron la tarta del Canal. Entre ellas, SAA, Lassa y Triple A, entre otras. La misma Inassa constituyó una sucursal en Panamá en agosto de 2010, como queda reflejado en el acta notarial a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

En la filial panameña figuran como agentes los mismos abogados que participaron en la constitución del resto de las sociedades offshore que participaron en el saqueo, el bufete de los licenciados Obaldía y García de Paredes. La junta directiva de la Inassa panameña estaba formada por Edmundo Rodríguez Sobrino, Luis Nicolella, Ricardo Lequerica y Germán Sarabia Huyque. Como invitado especial figuraba Enrique Miguel Gerlein.

La Fiscalía durante el registro ha buscado principalmente los contratos suscritos por Extensia e Inassa, las operaciones financieras, las transferencias a cuentas de socios en Colombia y en extranjero y los movimientos de capitales con paraísos fiscales, principalmente con Panamá y Brasil. Uno de los agentes del CIT manifestó que la Fiscalía Anticorrupción estaba interesada en demostrar los sobrecostes, el pago de comisiones y los sobornos.

La fiscal anticorrupción Carmen García Cerdá, que visitó recientemente Colombia acompañada por agentes de la UCO, está también interesada en reconstruir el camino que siguió el dinero de la compra de la brasileña Emissao. En esa operación, la Fiscalía Anticorrupción se ha centrado en los movimientos de dos altos cargos del Canal, Diego García Arias y María Fernanda Richmond. Esta última sigue en prisión desde el inicio de la operación Lezo, pendiente del pago de una fianza de cuatro millones de euros.