Belhot declaró en la Audiencia Nacional que Zaplana nunca fue su cliente pero la Fiscalía lo obvió

El fiduciario uruguayo Fernando Belhot, que en el caso Erial investigado en Valencia se autoinculpó como testaferro de Eduardo Zaplana y como su gestor en una cuenta millonaria en Suiza, declaró previamente, en junio de 2017, en otra causa investigada en la Audiencia Nacional que el ex presidente de la Comunidad Valenciana nunca fue su cliente. El mismo testimonio lo ratificó después ante el Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), que investigaban el caso Lezo.

Sin embargo, con esos antecedentes, tanto la titular del juzgado de Valencia, Isabel Rodríguez, como el fiscal Anticorrupción, Ponce, desoyeron el testimonio bajo juramento del testaferro uruguayo y lo convirtieron en la pieza clave de la causa contra Zaplana. Buceando en el sumario del caso Erial se puede acreditar la obcecación de la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ante las peticiones de la defensa de Zaplana para incorporar en la causa valenciana el testimonio que Belhot había realizado en Madrid, pero la respuesta siempre fue negativa.

Zaplana ingresó en prisión el 22 de mayo de 2018 por los fantasmagóricos papeles del sirio Imad Al Naddaf y no consiguió su libertad después de nueve meses en prisión, hasta que Belhot devolvió los 6,7 millones de euros de la cuenta suiza. El dinero fue reintegrado por el fiduciario uruguayo a una cuenta del Banco de Santander del juzgado valenciano.

Antes, Fernando Belhot llegó a un pacto con la Fiscalía Anticorrupción que le permitía pasar, con el visto bueno de la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, de su condición de investigado a testigo protegido. Para ello, el testaferro internacional declaró por videoconferencia desde Montevideo, el 25 de enero de 2019, que había sido el testaferro de Zaplana por medio de la sociedad uruguaya Disfey.

Sin embargo, unos meses antes, su versión era muy distinta. Afirmó que Zaplana nunca le había solicitado sus servicios ni él se los había proporcionado. El 16 de mayo de 2017, Fernando Belhot entregó un escrito en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en las diligencias previas 91/16 -una pieza separada de la operación Lezo- en el que aseguraba: «Zaplana nunca me solicitó el servicio indicado, ni ningún otro y nunca le facilité la constitución o venta de una estructura societaria ni en España ni en el extranjero».

Era la respuesta a la pregunta del juzgado sobre si Zaplana se había beneficiado de la estructura de su sociedad South Capital Partners, la offshore uruguaya que figura en el sumario del caso Erial como el eje vehicular de la trama de blanqueo del caso de las ITV y del parque eólico de Valencia. En la cuenta suiza, que después Belhot adjudicó a Zaplana, aparecen movimiento de capitales de más de 1,3 millones de euros transferidos a South Capital Partners, que nunca fueron aclarados judicialmente.

Sin embargo, Fernando Belhot aclaraba en Madrid, ante la Audiencia Nacional, lo contrario que después afirmó en Valencia: South Capital Partners sólo participó a través de su filial española South Capital Participaciones SL en un proyecto que nunca se fraguó sobre la comercialización de un producto biotecnológico para la depuración de agua. Según él, en ese plan empresarial estaba previsto que participaran Ignacio González y Eduardo Zaplana, cuando ambos ya se habían retirado de la política.

Según el intermediario uruguayo, Zaplana exigió para entrar en el proyecto con un 25% que «la sociedad a constituir para la comercialización de productos Shiers debía ser una sociedad de nueva creación sin actividad previa o, en su defecto, estar completamente saneada». Pero nunca se ejecutó esa actividad empresarial, ni se realizó ninguna inversión monetaria, ni existió ningún pago: «Ni la empresa ni ninguno de los socios pagaron a González ni a Zaplana cantidad alguna por las gestiones realizadas», declaró Fernando Belhot.

En esas fechas, la juez de Valencia ya pisaba los talones de Zaplana en una pieza secreta que investigaba la UCO desde antes del verano de 2015, toda vez que un ciudadano sirio facilitara un sobre con los documentos de la supuesta corrupción eólica de Zaplana. Pero mientras los agentes de verde practicaban sus pesquisas en Valencia, otros compañeros del Grupo de Delitos contra la Administración tomaban declaración a Belhot en las dependencias de Zona de la Guardia Civil de Madrid, el 23 de junio de 2017 dentro de las diligencias 91/2016.

Fernando Belhot, acompañado de su letrado Íñigo Segrelles de Arenaza del despacho Chavarri y con la obligación de decir la verdad como le recordaban los agentes del instituto armado, dejaba fuera a Zaplana de cualquier entramado financiero corrupto.

Estructuras financieras

El uruguayo aseguró que en el pasado se dedicó a crear estructuras financieras a escala internacional, pero que en aquellos momentos su actividad profesional se centraba en proyectos de inversión, aunque puntualmente podía prestar asesoramiento fiscal. Ocultaba que en aquellas fechas su nombre figuraba en grandes casos internacionales como Odebrecht o Lava Jato en los que se le investigaba por blanqueo y corrupción.

Declaró que conoció a Zaplana tras abandonar la política cuando asistió a un acto en el Club Siglo XXI en el que el ya ex portavoz del PP era su presidente. Sobre sus relaciones con Zaplana manifestó que nunca realizó «ningún proyecto en la Comunidad Valenciana». Asimismo, declaró, en referencia al proyecto de comercialización en España de los productos Shiers, que el ex presidente autonómico nunca pensó invertir fondos monetarios en su sociedad South Capital Participaciones: «Sólo aportaría los contactos», declaró. Firmaban el atestado los agentes con los números: T21318X y U64013X.

Pero la titular del juzgado de Valencia ni la Fiscalía nunca quisieron saber nada de la declaración de Belhot ante el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional ni ante los agentes de la UCO porque descabalaba sus argumentos contra el político del PP. La magistrada se opuso en un auto judicial a la solicitud del letrado Daniel Campos de que el testimonio bajo juramento del uruguayo se incorporara a la causa Erial.