Bárcenas pide ahora que no declaren en Gürtel Rato, Cascos y Mayor y la fiscal lo impide

La fiscal del caso Gürtel impidió en febrero pasado que la defensa de Luis Bárcenas renunciara al testimonio de tres de los ex secretarios generales del Partido Popular, que con anterioridad había solicitado al tribunal, en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra la trama de corrupción liderada por Francisco Correa.

Como ya había sucedido con anterioridad con la causa de la destrucción de ordenadores de la sede del PP, de la que Bárcenas retiró la acusación tras un pacto con el Partido Popular, el ex tesorero de Génova pretendía cerrar un nuevo acuerdo de mayor calado con la dirección de los populares: renunciar a los testimonios durante la vista oral de Francisco Álvarez Cascos, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja. La comparecencia de estos tres históricos del PP en el juicio era algo que incomodaba a Rajoy y al resto de la cúpula de Génova.

Sorprendentemente, el hombre fuerte de las cuentas de los populares dejaba fuera del pacto a Javier Arenas con quien, como siempre se ha asegurado, había mantenido una relación muy especial.

Cuando todo daba a entender que el plan estaba a punto de consumarse, una carambola judicial llevó al traste las pretensiones de Bárcenas. La representante de la Fiscalía Anticorrupción, Concepción Nicolás, se percató de que uno de los abogados del acusado entregaba al presidente del Tribunal, Ángel Hurtado, unos folios, en el mismo estrado de la sala de audiencias, aprovechando uno de los recesos de la vista oral.

La fiscal se acercó para detectar qué estaba sucediendo y, cuando comprobó que se trataba de un escrito de renuncia de esos tres testigos de la causa, se opuso a ello de manera aireada. Puso el grito en el cielo cuando leyó los nombres de los exonerados: el ex secretario general del PP Francisco Álvarez Cascos y dos de los ex vicesecretarios, Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato.

Según fuentes de la Fiscalía, el magistrado Hurtado estaba de acuerdo con la renuncia pero la fiscal alegó que ella se había adherido a la solicitud de prueba de la defensa y, por lo tanto, a esas alturas del proceso, ni el tribunal ni las partes podían renunciar sin el consentimiento del Ministerio Fiscal.

La sala de la Audiencia Nacional había adoptado en julio de 2016 la inclusión en la lista de testigos del primer juicio de la Gürtel de los ex números dos del PP mencionados más los secretarios generales Ángel Acebes y Javier Arenas, a petición de la defensa de Luis Bárcenas. En aquellos días el ex tesorero popular, como ya informó OKDIARIO, todavía no había iniciado su acercamiento a Génova para lograr que su mujer Rosalía Iglesias, que afronta una petición de condena de 24 años, recibiera un trato especial por parte del Ministerio Fiscal.

Contra el criterio del tribunal  

El criterio del ponente y presidente del Tribunal, Ángel Hurtado, era muy distinto al de la fiscal del caso. Fuentes próximas al tribunal explican a OKDIARIO que la propuesta de la defensa del ex tesorero del PP respondía a una invitación del magistrado a las partes para que redujeran la lista de testigos por problemas en la agenda judicial. Pero sorprende que, de la lista de más de 200 testigos, sólo se vieran afectados tres de los ex secretarios y vicesecretarios generales del Partido Popular.

Sobre todo porque había sido Bárcenas, quien en el verano de 2016 había exigido al tribunal la presencia en el juicio de los ex números dos del PP, que ocuparon sus cargos entre 1989 y 2004, coincidiendo con su etapa como gerente y tesorero. Aquella decisión afectaba a Francisco Álvarez Cascos (1989-2002), Javier Arenas (2002-2003) y Ángel Acebes (2004-2008), y a los vicesecretarios generales Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato.

Bárcenas, desde el primer momento, dejaba fuera a Mariano Rajoy que fue secretario general entre el 4 de septiembre de 2003 y el 2 de octubre de 2004, fecha en la que fue nombrado presidente del partido en el XXV Congreso. No obstante, el presidente del Gobierno, finalmente, deberá comparecer como testigo al juicio Gürtel, tras solicitar su declaración la Asociación de Abogados Europeos (ADADE), una organización vinculada al PSOE.

Los abogados de Bárcenas, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide 42 años de cárcel, creían imprescindible en el verano de 2016 la comparecencia de los altos cargos del PP porque, según ellos, existían suficientes indicios de su participación en las actividades ilegales recogidas en la causa, o al menos su conocimiento de la conexión con la organización de Francisco Correa.

Un azaroso horizonte penal 

Bárcenas, entre causas civiles y penales, se enfrenta en la actualidad a una docena de asuntos judiciales, casi todos contra dirigentes del que fuera su partido. Pero muchos de esos procesos, poco a poco, se van disipando tras los diferentes pactos con Génova. El más notorio fue el de la destrucción de los ordenadores de la sede del PP. Bárcenas, de manera sorprendente, desistió en septiembre de 2016 en su querella aunque el proceso estaba sólo pendiente del señalamiento del juicio. Tres trabajadores de la sede del Partido Popular se iban a sentar en el banquillo, entre ellos la actual tesorera Carmen Navarro.

El ex tesorero del PP se echó atrás pero negó que la renuncia a la acción penal se debiera a un pacto. Aún así, todo apuntaba a que había existido una aproximación entre el ex tesorero y la dirección de Génova, aunque Bárcenas justificaba su renuncia por la falta de recursos económicos para pagar a los abogados y en su resistencia a convertirse en un elemento dañino para un partido del que había sido tesorero durante muchos años. Según él, en su miras no estaba el desestabilizar al Gobierno de Rajoy.

El desarrollo del juicio está demostrando, según fuentes policiales, que Luis Bárcenas ha dejado de ser el “hostil y aguerrido” ariete que golpeaba las murallas de Génova y ha pasado a ser un personaje “sesudo y cerebral”:

“Ahora se interesa más por el futuro de su familia y por conservar  las decenas de millones de euros que oculta en el extranjero y que la UDEF aún no ha localizado”, señala una fuente de la investigación policial..