El banco suizo cerró la cuenta del hijo de Morodo al saber que EEUU vincula a PDVSA con el narcotráfico

Rafael Ramírez
El dictador venezolano Nicolás Maduro y el ex ministro del Petróleo y ex presidente de PDVSA Rafael Ramírez.
  • M.A. Ruiz Coll y Teresa Gómez

Credit Suisse decidió cerrar la cuenta suiza del hijo del ex embajador Raúl Morodo, Alejo Morodo, en marzo de 2016 tras conocer que las sumas millonarias que ingresaba eran comisiones de la petrolera estatal venezolana PDVSA, a la que la Justicia de EEUU relaciona con el lavado de dinero negro procedente del narcotráfico.

Tan sólo siete meses después de que su padre abandonara el cargo de embajador de España en Venezuela, Alejo Morodo Cañeque había abierto el 17 de abril de 2008 la cuenta 0251-1435769-6 en una sucursal del Credit Suisse en Ginebra, para comenzar a cobrar las comisiones de PDVSA.

Según la investigación que dirige el juez Santiago Pedraz, Alejo Morodo ha cobrado más de 4,4 millones de euros de PDVSA desde 2008 a través de su sociedad offshore panameña Furnival Barristers Corp. y de su consultora constituida en Madrid Aequitas Abogados.

Con el dinero de PDVSA, Alejo Morodo repartió distintas sumas a su padre (más de 400.000 euros, según la UDEF), a su madre y a su mujer, Catarina Varandas de Loureiro, a la que «donó» 160.000 euros para evitar que la Justicia pudiera acceder a estas sumas cuando ya se había iniciado la investigación en la Audiencia Nacional.

«Lavado de dinero del narcotráfico»

Sin embargo, un informe interno del Credit Suisse advirtió, el 20 de enero de 2016, que varios medios de comunicación señalaban que Alejo Morodo estaba cobrando comisiones de la petrolera PDVSA. El informe que ha sido incorporado al sumario alude a una noticia publicada apenas 24 horas antes en un digital latinoamericano, La Patilla, con el siguiente titular: «PDVSA pagó 3,8 millones de euros en comisiones a hijo de ex embajador de España en Venezuela».

El documento del Credit Suisse explica que, según la noticia, «el hijo del embajador español en Venezuela, llamado A.M. [en alusión a Alejo Morodo] habría recibido comisiones por un montante de 3,8 millones de euros entre 2008 y 2013 de la petrolera estatal venezolana PDVSA en su cuenta de Credit Suisse en Suiza. El pagador, Rafael Ramírez, está siendo investigado por corrupción en Estado Unidos. Le atribuyen el uso de empresas para el lavado de dinero procedente del narcotráfico».

PDVSA
El documento interno del Credit Suisse explica que la Justicia de EE.UU. acusa al ex presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, de lavar fondos del narcotráfico.

Rafael Ramírez es el ex ministro de Petróleo de Venezuela y ex presidente de PDVSA que autorizó el pago de comisiones a Alejo Morodo. Tras romper con Nicolás Maduro en diciembre de 2017 se encuentra huido del país, mientras la Justicia de EEUU le busca para procesarle por corrupción y blanqueo de capitales por su gestión al frente de la petrolera.

La información fue analizada por tres altos cargos del Departamento de Riesgos del Credit Suisse, según el mismo informe: el jefe de equipo Morgan Langinier, el jefe de sector Jean-Christophe Hugon y el LCD Bret Cohen.

La entidad financiera decidió entonces aplicar de forma rigurosa su protocolo de prevención del blanqueo de capitales. Credit Suisse remitió a Alejo Morodo el 4 de marzo de 2016 una carta en la que le comunicaba la decisión de «dar por concluida nuestra relación a partir del próximo 31 de marzo» y le instaba a facilitar el número de cuenta bancaria de otra entidad para transferir todos sus fondos.

Morodo
Credit Suisse comunicó a Alejo Morodo el 4 de marzo de 2016 la decisión de cerrar su cuenta suiza.

Al respecto, la carta recuerda el artículo 12 del contrato firmado por Morodo, según el cual «el banco o el cliente podrán dar por concluida la relación en cualquier momento por decisión discrecional» de cualquiera de las partes.

Alejo Morodo respondió a este requerimiento el 8 de abril, solicitando que todos los fondos fueran transferidos a una cuenta de su consultora Aequitas Abogados en España. Entonces surgió otra dificultad: cuando Credit Suisse intentó transferir a España los 1,3 millones de euros que integraban el saldo de la cuenta de Morodo, la entidad destinataria bloqueó la operación y lanzó una alerta a las autoridades del Banco de España, al considerar «no justificado suficientemente el origen legal de los fondos».

Esta alerta fue la que provocó el inicio de la investigación de la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción sobre el pago de comisiones de la petrolera venezolana a la familia del ex embajador Raúl Morodo, como ha informado OKDIARIO.

El Credit Suisse ha remitido a la Audiencia Nacional todos los movimientos de la cuenta suiza abierta por Alejo Morodo en 2008. Entre esta documentación hay un escrito, fechado el 24 de noviembre de 2014, en el que el hijo del embajador designa al abogado José Manuel González Porro como «asesor fiscal sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales» respecto a su cuenta suiza, abierta a nombre de su sociedad offshore panameña Furnival Barrister Corp.

Morodo
Alejo Morodo designó el 24 de noviembre de 2014 al abogado José Manuel González Porro como «asesor fiscal sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales» en su cuenta suiza.

José Manuel González Porro actúa como abogado y asesor fiscal de toda la familia Morodo y recibió poderes de la madre de Alejo Morodo, Cristina Cañeque, para representarla en la venta de un inmueble en Cascais (Portugal). González Porro también fue el primer abogado que acudió al domicilio de Raúl Morodo para asistirle cuando la Policía lo detuvo y registró su despacho, siguiendo las órdenes del juez Santiago Pedraz.

Como ha informado OKDIARIO, José Manuel González Porro logró en julio de 2015 que un Juzgado de lo Mercantil le adjudicara en subasta por 10.000 euros el aeropuerto de Ciudad Real, cuya sociedad promotora había entrado en concurso de acreedores.

El abogado y apoderado de la familia Morodo había concurrido a la subasta como administrador único de la sociedad Tzaneen International SL, creada en su despacho profesional de Madrid con un capital de 3.000 euros, y aseguraba representar a un fondo inversor chino que estaba decidido a explotar el aeropuerto. Sin embargo, los inversores chinos nunca aparecieron y finalmente el juez anuló la venta del aeropuerto, dado que González Porro no logró acreditar la solvencia exigida.

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