El apoderado del embajador Morodo compró en subasta por 10.000 € el aeropuerto de Ciudad Real

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El ex embajador español en Venezuela Raúl Morodo (izquierda) y su apoderado y asesor fiscal, José Manuel González Porro.
  • M.A. Ruiz Coll y Teresa Gómez

El ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo, imputado en la Audiencia Nacional por cobrar comisiones ilegales del régimen de Hugo Chávez, tiene como apoderado y asesor a José Manuel González Porro, quien en 2015 intentó comprar por 10.000 euros el aeropuerto de Ciudad Real.

De hecho, González Porro logró que el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Ciudad Real le adjudicara en subasta por 10.000 euros las infraestructuras aeroportuarias cuya construcción había costado más de 700 millones de euros.

A través de la sociedad Tzaneen International SL constituida en Madrid, el apoderado del ex embajador Morodo aseguraba representar a un fondo inversor chino que estaba decidido a explotar el aeropuerto, que había entrado en quiebra poco después de su construcción. Sin embargo, los chinos nunca aparecieron y la Justicia anuló la venta porque González Porro no logró acreditar la solvencia exigida para sacar adelante el proyecto. Todo indica que los inversores chinos jamás existieron.

La UDEF ha logrado acreditar que, en aquellas mismas fechas, José Manuel González Porro mantenía intensas relaciones económicas con el ex embajador Raúl Morodo y su hijo Alejo, que están imputados por cobrar al menos 4,4 millones de euros en comisiones de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

El asesor fiscal de la familia Morodo

Alejo Morodo cobró estas cantidades del régimen de Hugo Chávez a través de su consultora Aequitas Abogados, con sede en Madrid, y de una sociedad que había creado en Panamá, Furnival Barristers. Tras cobrar de la petrolera de Hugo Chávez, Alejo Morodo transfirió a su padre al menos 447.000 euros, según los informes remitidos al juez por la UDEF.

La mujer de Raúl Morodo, María Cristina Cañeque de Sola, otorgó el 18 de febrero de 2013 un poder notarial a sus tres hijos  y a José Manuel González Porro para que la representaran en la venta de una finca ubicada en la población portuguesa de Cascais.

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La mujer de Raúl Morodo otorgó en 2013 un poder notarial a favor de José Manuel González Porro.

La Agencia Tributaria ha detectado además que, entre 2011 y 2016, Alejo Morodo ordenó 18 transferencias, por un total de 117.229 euros, desde su sociedad Aequitas Abogados (con la que cobraba las comisiones ilegales de la petrolera PDVSA) a favor de la compañía SCILA SA, cuyo administrador único es el mismo José Manuel González Porro.

La hermana de este polémico abogado, Marta González Porro, es además la asesora fiscal de toda la familia Morodo. Su nombre figura como encargada de presentar las declaraciones del IVA y del Impuesto de Sociedades de Morodo Asociados (en la que Raúl Morodo tiene una participación del 20% y su hijo Alejo el 80% restante) y Aequitas Abogados en los ejercicios 2011 a 2015.

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La mujer de Morodo reconoce que tiene más de 600.000 euros invertidos en varias sicav en Luxemburgo, en la declaración presentada por Marta González Porro.

Marta González Porro también fue la encargada de presentar ante la Agencia Tributaria las declaraciones sobre «bienes y derechos situados en el extranjero» en las que María Cristina Cañeque reconoció que posee más de 600.000 euros invertidos en varias sicav en Luxemburgo.

La Agencia Tributaria ha detectado, entre 2011 y 2013, pagos por importe de 45.600 euros de Aequitas Abogados (la sociedad de Alejo Morodo financiada por la petrolera del régimen chavista) a Jorge González Porro, el otro hermano del frustrado comprador del aeropuerto de Ciudad Real.

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El informe de la Agencia Tributaria refleja varias de las transferencias realizadas por Aequitas Abogados a favor de José Manuel González Porro, su sociedad SCILA SA y su hermano Jorge González Porro.

Al informar al juez de estos hechos, la UDEF recuerda que «en diversos medios se ha relacionado a José Manuel González Porro con la compra de las instalaciones del aeropuerto de Ciudad Real durante el año 2015″. Un proceso que, recalcan los investigadores de la Policía Nacional, resultó especialmente «polémico».

El proyecto aeroportuario había nacido en 1997 con capital privado, bajo los auspicios de la Junta de Castilla-La Mancha que presidía el socialista José Bono. Tras varios retrasos en el inicio de las obras, debido a denuncias de los ecologistas ante la Unión Europea, la empresa promotora del aeropuerto presentó concurso de acreedores en 2009.

La infraestructura quedó en manos de Caja Castilla-La Mancha (CCM), que había financiado con créditos buena parte de la obra y que también acabó quebrando, como casi todas las cajas de ahorros gestionadas por los partidos políticos y los sindicatos.

La autoridad concursal fijó un precio de salida de 100 millones de euros, para vender el aeropuerto sin aviones cuyas obras habían costado más de 700 millones. Pero los fallidos intentos de venta, en plena crisis económica, obligaron a rebajar este precio: primero a 90 millones, luego a 75 y más tarde a 40.

El aeropuerto manchego al fin despega

El apoderado y asesor del ex embajador Raúl Morodo, José Manuel González Porro, logró hacerse con la infraestructura por sólo 10.000 euros, en la subasta convocada en julio de 2015 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 y de lo Mercantil de Ciudad Real.

Aunque aseguraba representar a un grupo de inversores chinos, había presentado la oferta con la sociedad Tzaneen International, creada en su despacho de la calle Cea Bermúdez de Madrid con un capital de 4.000 euros. En la misma dirección tiene su sede la sociedad SCILA SA, a la que Alejo Morodo transfirió 117.230 euros tras cobrar varios millones en comisiones ilegales de la petrolera venezolana PDVSA.

El juez acabó anulando la venta del aeropuerto cinco meses después, ante la falta de solvencia de José Manuel González Porro, quien anunció su intención de recurrir al Tribunal Constitucional. Tras otros intentos fallidos, el juez adjudicó finalmente la infraestructura a la sociedad CR International Airport SL, cuya cabeza visible es el empresario Rafael Gómez Arribas junto a otros inversores.

Gómez Arribas financió la compra gracias a la indemnización de 86 millones de euros que tuvo que pagarle el Govern balear por paralizar un proyecto urbanístico que estaba desarrollando en Ibiza.

Los nuevos gestores del aeropuerto de Ciudad Real han logrado poner en marcha con éxito las instalaciones (el pasado mes de septiembre aterrizó el primer avión, un Boeing 737 procedente de Castellón) y han realizado una sólida apuesta para potenciar la industria aeronáutica, con actividades como el mantenimiento de aeronaves y la formación de pilotos y mecánicos.

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