Anticorrupción planea imputar en Lezo al portavoz del PP en la Asamblea de Madrid Enrique Ossorio

La Fiscalía Anticorrupción tiene previsto entre otras medidas solicitar al juez Manuel García Castellón la imputación del actual portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, dentro de las diligencias del caso Lezo, que se siguen en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

La fiscal de la causa, Ana Cuenca, que sopesa imputar al diputado popular, esperará hasta la fase final de la instrucción porque Ossorio disfruta del aforamiento por su condición de diputado autonómico. Ese estatus le confiere el privilegio de ser juzgado exclusivamente por el Tribunal Superior de Justicia, lo que obligatoriamente derivaría la causa Lezo desde la Audiencia Nacional al TSJ de Madrid, como ya sucediera en el caso Gürtel. Entonces, tras la imputación de los diputados madrileños Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, la instrucción pasó al alto tribunal madrileño.

Ossorio ocupó el cargo de consejero en el Canal entre 2012 y 2015 cuando pasó a ocupar la presidencia de la empresa pública madrileña el portavoz y consejero de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, tras el nombramiento como presidente de Ignacio González. En esos años, además Ossorio formaba parte del gobierno regional como consejero de Economía y Hacienda.

Se da la circunstancia de que el Canal de Isabel II adquirió en 2013 la empresa brasileña Emissao, una transacción supuestamente fraudulenta que conforma una de las piezas de la operación Lezo.

En declaraciones a OKDIARIO, Ossorio manifiesta que, «como ya tuvo ocasión de declarar en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, las normas del Canal de Isabel II excluían al Consejo de Administración de Canal Gestión de las decisiones de adquisición de empresas Iberoamericanas» y que «el conocimiento que tuvo sobre las mismas fue a través de las cuentas del Canal y los comentarios que sobre ellas se hicieron en el Consejo de Administración o en la Comisión de Auditoría».

Ossorio se desvincula de la compra

En efecto, tanto Ossorio como Victoria se desvincularon de las adquisición de empresas del Canal en América cuando declararon ante la Comisión de investigación de la Asamblea de Madrid en junio de 2017. Ambos alegaron que las inversiones de la empresa pública nunca fueron discutidas en el Consejo de Administración del que ellos formaban parte.

Ossorio declaró ante los representantes madrileños que el Canal tenía más de 20 empresas en Iberoamérica –29, en total– y que, por tanto, nunca le extrañó lo más mínimo la compra de Emissao en Brasil.

Así mismo, manifestó que la entonces directora financiera del Canal, María Fernanda Richmond, investigada en Lezo, le explicó que la pérdida del valor de Emissao se debía «a lo mal que estaba Brasil y a la mala gestión».

Ossorio también señala a este medio que «formaba parte del Consejo de Administración como consecuencia de ser Consejero de Economía y Hacienda».

No obstante, en los más de 70 tomos y en los casi 30.000 folios del sumario, no figura ninguna declaración como testigo ni de Victoria ni de Ossorio. Eso sí, el ex portavoz del Gobierno madrileño está imputado en el caso Púnica, la otra investigación paralela que instruye García Castellón.

El apellido Ossorio sólo figura en un informe de la Guardia Civil, enviado al juez, en el que solicita: “Acceso y volcado de cuentas de correo electrónico corporativo con dominios de las empresas del grupo CYII y grupo INASSA, así como documentos electrónicos alojados en servidores de los siguientes usuarios”. Y los agentes de la UCO, que son quienes firman el documento, entre los usuarios incluyen el nombre de “Enrique Ossorio Crespo”, como se puede apreciar en el folio 7552 del tomo 20 del sumario Lezo.

Sobre esto último, Ossorio recalca a OKDIARIO que su nombre «solamente aparece en un escrito en el cual se pide el volcado de los correos corporativos de miembros del Consejo de Administración y de directivos del Canal», así como que «nunca tuvo conocimiento de que tuviera correo en el Canal de Isabel II, por lo que jamás lo utilizó». Su único corporativo, asegura, «era el de la Comunidad de Madrid, del dominio madrid.org».

Buena sintonía entre Fiscalía y juzgado

Anticorrupción no está dispuesta a que Manuel García Castellón pierda la tutela judicial del caso Lezo porque, según fuentes de la Fiscalía, el magistrado está realizando una excelente labor instructora desde que se incorporó al Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional en mayo de 2017. El ex juez del caso Banesto también instruye la causa Púnica que se cruza en algunos aspectos con las investigaciones sobre las inversiones del Canal de Isabel II en América.

El ministerio público se siente cómodo por la estrecha sintonía que existe entre los fiscales y el juzgado, lo que facilita la marcha de las investigaciones.

Esa coordinación se refleja en ejecución de las comisiones rogatorias que el Juzgado ha emprendido conjuntamente con las autoridades judiciales colombianas. La próxima semana, la fiscal del caso Lezo y el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Manuel García Castellón tienen previsto viajar a Colombia para interrogar a Germán Sarabia, uno de los altos cargos de INASSA.

Las cuentas en Panamá

Así mismo, las fuentes consultadas por OKDIARIO no descartan que la comisión judicial española haga una escapada a Panamá donde la Audiencia Nacional tiene pendiente la entrega de datos sobre sociedades offshore y movimientos en cuentas bancarias. Los investigadores quieren establecer el vínculo de las cuentas y algunos de los investigados.

La relación judicial con Colombia está siendo muy fluida. En los últimos días han estado en Madrid dos fiscales colombianos, los titulares de los distritos 5 y 38.

Según fuentes judiciales, la Fiscalía Anticorrupción tiene previsto cerrar las investigaciones sobre la compra de Emissao –que están muy avanzadas– antes del verano. Las pesquisas sobre INASSA continuarán hasta fianal de 2018. La sociedad brasileña fue adquirida durante la época del gobierno autonómico de Ignacio González. La colombiana INASSA, en cambio, fue comprada durante la Presidencia de Alberto Ruiz Gallardón.