Santos aprueba una enorme subida de impuestos para financiar su paz con las FARC

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Sergio Jaramillo (izqda.), en la delegación de Juan Manuel Santos (centro) en La Habana. (AFP)

Lo advertía durante la campaña para el plebiscito que acabó rechazando el 2 de octubre el primer acuerdo alcanzado con las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). "La paz será costosa, pero más costoso será seguir con el conflicto". Juan Manuel Santos prometió inversiones –"compraba votos", acusaban los partidarios del NO– si ganaba su opción, la del SÍ a un pacto con los narcoterroristas que les otorgaba impunidad, representación política y sueldos y tierras asegurados a cuenta del Estado. En mes y medio se negoció un nuevo acuerdo, con matices que tampoco satisficieron a los partidarios del NO. Y ahora, este viernes, el Congreso colombiano ha aprobado una reforma tributaria que significará un alza de impuestos cercana a los 10 billones de pesos anuales –unos 3.200 millones de euros–.

esto significa que la subida de impuestos detraerá de los bolsillos de los colombianos alrededor de un 1,5% de la riqueza anual del país, bastante estancada en los últimos tiempos. Si en 2015, el PIB creció a un ritmo del 3,1% se prevé que este año no alcance ni el 2% "y para 2017 podemos entrar en recesión, sobre todo con este palo a las clases medias", apunta Fernando Londoño, ex ministro del Interior y actual director del programa de radio estrella de la RCN.

El Congreso de Colombia ha aprobado este viernes de manera definitiva un nuevo proyecto de reforma tributaria con la que el Gobierno pretende aumentar la recaudación fiscal y poder así hacer frente a la enorme deuda pública que tiene la Administración del presidente, Juan Manuel Santos. Los pagos crecen a un ritmo del 7% anual y han alcanzado ya casi el 60% del PIB colombiano, una cifra altísima para los ratios habituales del país.

Algunos de los artículos de la reforma tienen que ser aprobados una vez más la semana próxima, tanto por la Cámara Baja como por el Senado, antes de que la nueva normativa sea firmada por Santos. Una vez pasados todos los trámites, entrará en vigor el próximo 1 de enero.

Peor la clave es que los datos de la ley de reforma fiscal sólo prevén un aumento de la recaudación de unos 2.000 millones de euros anuales.Se espera que la recaudación irá aumentado en los años siguientes hasta alcanzar los 7.600 millones de euros en 2022. Aún quedarían unos 1.200 millones más al año "que no se sabe de dónde saldrán", porque, apunta Londoño, "las necesidades y los compromisos de este Gobierno no alcanzan con la plata que va a quitarle a los colombianos".

Recuerda Londoño que Santos ha prometido una pensión de jubilación a todos los trabajadores del campo, aunque no hayan cotizado, que debe expropiar "tres millones de hectáreas" para entregárselas a los desmovilizados de las FARC, que "asumirá las carreteras de tercer orden, la construcción de hospitales, escuelas, vías de riego…. todo eso que antes estaba en la responsabilidad de los municipios y que ahora promete pagarlo el Gobierno". Y los cálculos son "imposibles".

El proyecto de ley contempla un aumento del IVA desde el 16% al 19% y una importante subida del impuesto de sociedades. Por otro lado, en el documento se han planteado varias medidas para aumentar las penas contra la evasión fiscal.

"Ésta es la primera reforma desde hace muchos años que es estructural […] Se está haciendo una reforma pensando en los siguientes gobiernos, no en el corto plazo. Esto nos va a ayudar desde ya a que Colombia conserve su calificación", ha señalado el ministro de Hacienda colombiano, Mauricio Cárdenas. Es precisamente a Cárdenas a quien Londoño acusa de "ejecutor de esta estafa".

La reforma tributaria aprobada este viernes por el Congreso es clave para que el Gobierno de Santos pueda cumplir con su meta de déficit. De acuerdo con las estimaciones de su Administración, deberían ser capaces de reducirlo hasta un 3,3% para finales de 2017.

Esta reforma se ha producido en un momento de especial tensión para Santos, que presiona al Congreso para que acelere la implementación del acuerdo de paz firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

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