Dina Boularte, la comunista que traicionó a Castillo en el último momento para lograr la presidencia

La nueva presidenta ha anunciado que se quedará en el poder hasta 2026

La ‘número dos’ de Castillo habla de «golpe de Estado» y critica el cierre del Congreso en Perú

Dina Boluarte
Dina Boluarte y Pedro Castillo.

Hace escasos meses, Dina Boularte vociferaba en apoyo a Pedro Castillo: «¡Si lo vacan [echan], yo me voy con él!». Pero una vez llegado el día de la verdad, la historia fue muy diferente. Nada más anunciar Castillo su autogolpe y enrocarse con un Congreso cerrado ante el proceso para destituirlo, Boularte vio abierto su camino hacia el poder. Desautorizó a su jefe y obtuvo recompensa automática a su traición: la presidencia del Perú.

La actual presidenta de Perú Dina Boluarte es de sobra conocida en la esfera de Podemos. Juan Carlos Monedero, ideólogo y fundador del partido, se ha reunido con ella en un viaje a Perú en julio de 2021 después de que llegase al poder el ya ex presidente Pedro Castillo. El dirigente comunista español viajó en su día hasta el país, eufórico, con la intención de ampliar sus lazos con los dirigentes comunistas en Latinoamérica.

Boluarte asume el poder al haberse encontrado la presidencia tras el autogolpe de Estado de Pedro Castillo en Perú, salpicado por escándalos de corrupción de alto nivel y acusado dirigir una organización delictiva con legisladores y familiares para beneficiarse de contratos públicos. También está acusado de obstrucción a la justicia en repetidas ocasiones.

Dina Boluarte, diplomada en Derecho Administrativo y Gestión Pública, Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional, Derechos Humanos, representa la continuidad en todos los sentidos. Ahora que ya ha tocado poder después de estar muy cercana siempre al ya ex presidente, ha anunciado que se quedará hasta 2026, en contra de lo que en un principio se puede esperar para fortalecer la democracia, como convocar de forma inmediata elecciones.

La abogada, que formaba parte del entramado peruano de Castillo, no dudo en abandonarle poco después de que fuese detenido. Quizá al echar las cuentas: con Castillo fuera; ella, presidenta. Y así puede hacer y deshacer a su gusto. Dina Boluarte ha sido imputada por haber abierto a su nombre una cuenta bancaria para recaudar donaciones que ayudasen al líder del partido su Perú Libre, Vladímir Cerrón, a pagar la indemnización a la que fue condenado por corrupción. Agrupación política, que se ha definido así misma como marxista, leninista, mariateguista (marxismo e indigenismo). Ha participado en el XXV Encuentro del Foro de Sao Paulo realizado en Caracas (Venezuela) junto al Partido Comunista Peruano, el Partido Comunista del Perú-Patria Roja, el Partido Pueblo Unido, el Movimiento Perú para Todos y el Partido Socialista.

Fundado por partidos y grupos políticos de izquierda de América Latina, entre los que destacan reformistas centroizquierdistas y colectividades políticas de izquierda revolucionaria, los lazos con España del Foro de Sao Paolo se realizan a través de Podemos, uno de los partidos políticos que utilizan para difundir sus ideas comunistas y marxistas en países de la Unión Europea.

Además de Dina Boluarte, también han sido imputadas en el mismo caso anteriormente citado otras 11 personas, entre ellas el viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Braulio Grajeda, que  compartía la cuenta bancaria con la actual vicepresidenta.

Según la investigación, esa cuenta bancaria recibió supuestamente dinero de sobornos cobrados por la Dirección de Transportes y Comunicaciones del gobierno regional de Junín, en poder del marxista leninista partido Perú Libre. Ese dinero recaudado a partir de los cobros ilícitos recibidos por la irregular expedición de licencias de conducir también fue utilizado aparentemente para financiar las campañas al Congreso de varios militantes de Perú Libre.

Ahora la nueva presidenta se blinda, cuyo nombre ha aparecido en diferentes causas. Se acaba de salvar de una inhabilitación durante 10 años, acusada de delitos de abuso de autoridad, omisión de actos funcionales y negociación incompatible.

 

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