La Justicia de Perú rechaza la solicitud de prisión preventiva e impone restricciones a Keiko Fujimori
El juez de Perú Víctor Zúñiga ha rechazado este lunes la solicitud de la Fiscalía de prisión preventiva contra la candidata presidencial Keiko Fujimori por el caso de corrupción ‘Lava Jato’ y los supuestos aportes de la constructora Odebrecht a su campaña presidencial, y ha impuesto restricciones para que se reúna con testigos del caso y colaboradores.
«El juez Víctor Zúñiga Urday declara infundado pedido fiscal de variación de medida de comparecencia restrictiva por prisión preventiva contra Keiko Fujimori, acusada por lavado de activos y otros», ha indicado el Poder Judicial.
El fiscal del equipo especial ‘Lava Jato’, José Domingo Pérez, solicitó el pasado 11 de junio la detención preventiva de Fujimori, al considerar que habría violado los términos de su libertad condicional.
Pérez explicó que Fujimori ha violado una de las restricciones que se le impuso a cambio de salir de prisión a principios de mayo de 2020, la de no comunicarse con otros testigos del caso por el que se le acusa de haber recibido financiación ilegal a través de la constructora Odebrecht para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.
En la vista que se ha celebrado este lunes, ha participado el fiscal Pérez y la propia Keiko Fujimori junto con su abogada, Giulliana Loza.
A pesar de rechazar la solicitud de la Fiscalía, el juez ha reconocido que se han dado casos de acercamiento entre Fujimori y testigos del caso por lo que ha recalcado el cumplimiento estricto de las medidas que se impusieron a Fujimori para su excarcelación.
«De no hacerlo, se dictará nuevamente prisión preventiva en su contra, previo requerimiento de la Fiscalía», ha señalado Zúñiga.
Ante la resolución, Pérez ha indicado que apelará mientras que la abogada de Fujimori ha manifestado su acuerdo a excepción del requerimiento de restricciones.
Por su parte, Fujimori ha compartido un vídeo a través de redes sociales en el que ha denunciado «la intencionalidad política y electoral» del fiscal Pérez ya que este se ha realizado «cuando se pidió la revisión de las actas electorales» en vez de «en toda la campaña electoral».
El fiscal denunció el encuentro público entre Fujimori y el «testigo del caso Miguel Torres Morales», en el que la líder conservadora anuncia acciones legales ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por el recuento de la segunda vuelta de las elecciones, y en las que él actuaría como abogado de Fuerza Popular. Torres ha defendido que no es testigo del caso.
«No me queda duda de que lo que el fiscal ha hecho es recortar mi derecho a defender el voto de más del 50 por ciento de peruanos que queremos conocer la verdad», ha dicho Fujimori.
Asimismo, ha rechazado las restricciones impuestas ya que considera que «no hay diferencias entre testigos y pretenden que me quede sola».
La líder de Fuerza Popular abandonó en mayo del año pasado la cárcel de Lima después de que la Justicia revocase la pena de prisión preventiva que cumplía desde principios de 2020 por supuestamente haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
La Justicia decidió aprobar la apelación presentada por la defensa de Fujimori y revocar la prisión preventiva alegando que «la sospecha de culpabilidad basada» no era suficiente por sí misma para dictar esta pena.
El caso Odebrecht es la principal derivada del caso ‘Lava Jato’, que estalló en Brasil. En ambos, se investiga una red de tráfico de favores políticos a cambio de donaciones de empresas.
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