Vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos

Becerra y otros eurodiputados españoles exigen llevar a Maduro ante la Justicia internacional

Beatriz Becerra
Javier Nart (C's), Izaskun Bilbao (PNV), Irwin Cotler y Beatriz Becerra (ind), en el Parlamento Europeo.

Beatriz Becerra, vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, ha asegurado que «Nicolás Maduro y los principales jerarcas de la dictadura venezolana deben rendir cuentas ante la Justicia internacional por los crímenes de lesa humanidad que han cometido».

Becerra ha comparecido junto con el jurista canadiense Irwin Cotler, y los diputados del Grupo ALDE Izaskun Bilbao y Javier Nart, para resumir el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que presenta las pruebas necesarias para investigar y juzgar a los responsables de la tiranía venezolana. Cotler ha sido uno de los miembros del Panel de Expertos de la OEA que ha elaborado el informe.

La parlamentaria española ha pedido «a los Estados miembros de la Unión Europea, y en especial a mi país, España, que presenten el informe ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional como países firmantes del Estatuto de Roma, y que soliciten la apertura de una investigación internacional por crímenes contra la humanidad en Venezuela».

Becerra ha explicado que «el informe describe la comisión de crímenes de forma continuada y sistemática contra la población civil, lo que encajaría en el artículo 7 del Estatuto de Roma. Se aportan pruebas contundentes basadas en investigaciones independientes y declaraciones de testigos que ofrecen un panorama terrorífico de la acción del régimen chavista contra los propios venezolanos».

La representante liberal ha asegurado que «es especialmente significativo que entre los crímenes de los que se acusa al régimen esté la actual crisis humanitaria que está obligando a los venezolanos a abandonar su país para no morir de hambre o de enfermedades comunes, ya que esa crisis no es sólo fruto de la incompetencia y de la corrupción del régimen, sino que responde a un plan para apuntalar su poder dictatorial sobre una población sin fuerzas para defenderse».

Becerra ha anunciado que «el próximo lunes» viajará con la «misión del Parlamento Europeo para observar la situación humanitaria que se vive en la frontera de Venezuela con Colombia«.

«En unos tiempos en los que las instituciones y las normas internacionales sufren un desafío desde diferentes lugares», ha explicado la eurodiputada, «este informe es un esfuerzo valiosísimo por impulsar la vía de la justicia internacional. Debe servir para impulsar una investigación y una causa, y los países firmantes del Estatuto de Roma están obligados a pedirla. Celebro que el nuevo presidente de Colombia ya haya anunciado que lo hará».

Por su parte, Bilbao ha calificado de dictadura al Gobierno de Nicolás Maduro, ya que “no cumple los requisitos mínimos que debe reunir un sistema político para considerarse democrático”. Para revertir esta situación, ha considerado que debe realizarse a través de «vías diplomáticas y económicas, incluidas las sanciones, además de la vía aquí propuesta para investigar este régimen como presunto autor de crímenes de lesa humanidad”.

En su intervención, Nart ha afirmado que «Venezuela ha traspasado el nivel de la tragedia para ser ya un crimen contra la humanidad como refleja el informe de la Organizacón de Estados Americanos». También coincide en que «España debe impulsar y apoyar la presentación de una acción penal en la Corte Penal Internacional».

El informe ofrece evidencias de los siguientes delitos:

-Crímenes contra la humanidad por asesinato (artículo 7 (1a)): se analizan numerosos asesinatos y, en particular, 6.385 casos de ejecuciones extrajudiciales.

-Crímenes contra la humanidad por encarcelamiento u otras privaciones severas de libertad física (art. 7 (1e)): hay base para afirmar que se han producido más de 12.000 casos, con la complicidad de jueces y funcionarios.

-Crímenes contra la humanidad por tortura o trato degradante e inhumano (art. 7 (1f)): se documentan 289 casos.

-Crímenes contra la humanidad por violación y otras formas de violencia sexual (art. 7 1g): existen pruebas de que hay un patrón para usar esta forma de violencia, en particular contra personas detenidas.

-Crímenes contra la humanidad por persecución política (art 7 1h): el informe presenta evidencia de que los anteriores delitos se han cometido contra los disidentes y opositores, en especial desde febrero de 2014. Además, los grupos afectados han sufrido vulneraciones graves de sus derechos civiles.

-Crímenes contra la humanidad por desapariciones forzadas de personas (art. 7 1i): se recogen casos en los que se detuvo a personas sin que se informara de su paradero, con objeto de negarles su derecho a la tutela judicial y a una defensa justa.

-Otros actos inhumanos (art. 7 1k): se considera probado que la crisis humanitaria que vive Venezuela ha sido orquestada y aprobada por el régimen como forma de apuntalar su poder.

El informe también analiza cómo en Venezuela se ha suprimido el Estado de Derecho, lo que imposibilita que el propio país pueda investigar y, en su caso, juzgar estos delitos, lo que justifica plenamente una acción judicial internacional.

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