Yolanda Díaz despliega su afán censor contra los toros y exige prohibirlos en televisión

Yolanda Díaz exige al Gobierno acabar con los toros en la televisión. La proposición de ley presentada por Sumar en el Congreso de los Diputados busca cambiar la legislación audiovisual para fijar que los espectáculos taurinos en los que «se maltrate» o se «dé muerte a animales» tengan la consideración de «contenido perjudicial». Una propuesta que, en la práctica, establecería limitaciones en la difusión de retransmisiones, avances, anuncios, resúmenes o promoción.

El grupo parlamentario Sumar ha presentado una proposición de ley en el Congreso que busca prohibir la asistencia de menores de edad a espectáculos taurinos, así como su participación como toreros profesionales o su formación en escuelas de tauromaquia. La propuesta, titulada «Protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia de la tauromaquia», se fundamenta en la necesidad de resguardar el bienestar psicológico y emocional de los menores frente a actos violentos hacia los animales.

La propuesta introduce modificaciones en cuatro artículos legales con un objetivo claro: prohibir el acceso a espectáculos taurinos para menores de 18 años, sin importar el consentimiento de los padres ni si están acompañados. De aprobarse, el incumplimiento de esta norma sería considerado una infracción «muy grave».

El primer artículo modifica la Ley 10/1991 para prohibir explícitamente que los menores accedan a plazas de toros o recintos donde se celebren eventos taurinos, incluidas las escuelas de tauromaquia si utilizan animales en sus prácticas. El segundo artículo reforma el Estatuto de los Trabajadores para impedir que los menores puedan, «en ningún caso», desempeñarse como profesionales taurinos.

En el tercer artículo, se establecen restricciones para las escuelas taurinas, permitiendo la inscripción únicamente a mayores de 18 años. Actualmente, muchos toreros profesionales inician su formación entre los 14 y 15 años. La normativa vigente sólo regula las prácticas con animales vivos a partir de los 14 años, algo que quedaría completamente prohibido hasta alcanzar la mayoría de edad con la nueva ley.

La UE respalda su emisión

La Unión Europea ha retratado la posición que defiende el ministro de Cultura y dirigente de Sumar, Ernest Urtasun, por ir contra la tauromaquia y su retransmisión. La Comisión ha respaldado la decisión de España de permitir la emisión de corridas de toros en la televisión. De esta forma, el Ejecutivo comunitario ha admitido que es competencia de los Estados miembros «determinar hasta qué punto ciertos programas» pueden emitirse o no.

Así consta en una respuesta del Ejecutivo comunitario a una pregunta de la cabeza de lista de Sumar al Parlamento Europeo, Estrella Galán. La representante del partido fundado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, interrogó a la Comisión sobre lo que ella denominaba «financiación europea destinada a la emisión de violencia contra los animales».

Concretamente, la eurodiputada se refirió a la plataforma de pago a través de la que se emiten corridas, OneToroTV. Galán se interesó por la web de esta televisión en línea, donde se indicaba que había recibido «financiación a través de Corporación Bética de Expansión Empresarial FCR, cofinanciada con fondos Feder, para emitir en directo y diferido» la fiesta nacional, a la que Galán se refiere como «contenidos de violencia explícita».

Sin embargo, la Comisión Europea ha manifestado que «corresponde a los Estados miembros determinar hasta qué punto ciertos programas pueden perjudicar el desarrollo de los menores». Y, por tanto, cualquier país, entre los que está España, puede emitir, si así lo desea, las corridas de toros. Por otro lado, aclara que la televisión que ha venido emitiendo la fiesta nacional recibió un «préstamo convertible en acciones» por valor de 2,5 millones de euros, «de los cuales alrededor de 1,9 millones de euros son de
contribución pública».

La Comisión subraya que los países «tienen la responsabilidad de garantizar el respeto y la protección efectivos de los derechos fundamentales» de acuerdo con «su legislación nacional y sus obligaciones internacionales». Y que, si no fuera así, el Ejecutivo autonómico podría «incoar un procedimiento de infracción» que puede desembocar en el «reintegro de las cantidades de financiación de la UE indebidamente percibidas». Es decir, que si no hubieran estado cumpliendo la ley, ya se habrían expuesto a sanciones.