Vox se querella contra Gómez de Celis por quitar la palabra a la diputada que habló de «filoetarras»

Vox ha presentado ante el Tribunal Supremo una querella por prevaricación contra el vicepresidente primero del Congreso, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, por retirar la palabra durante un debate en la Cámara Baja a la diputada Patricia Rueda, después de que esta se refiriera a EH Bildu, socios del Gobierno de Pedro Sánchez, como «filoetarras».

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de noviembre en el Congreso, durante el debate para apoyar la candidatura de Málaga como sede de la Exposición Universal de 2027. Rueda, durante su intervención, acusó al Ejecutivo de Sánchez de «ningunear» a la ciudad andaluza mientras «premia a filoetarras, nacionalistas y golpistas».

En ese momento, Gómez de Celis pidió a la diputada que retirase el término «filoetarra», cosa que no hizo y, tras llamarla al orden, optó por quitarle la palabra, exigiéndole que desalojase la tribuna. Los diputados de Vox abandonaron el hemiciclo en muestra de protesta por esa decisión. El presidente de la formación, Santiago Abascal, compareció posteriormente para denunciar «el asalto del Gobierno a todas las instituciones».

La vicesecretaria nacional jurídica de Vox, Marta Castro, ha sido la encargada de presentar el escrito ante el Supremo. En él, denuncia la «absoluta falta de justificación de la decisión en términos de la obligatoria neutralidad, de respeto a los principios constitucionales y a la libertad de expresión parlamentaria» de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

La querella recalca que la obligación de la Mesa del Congreso es «representar a todos los ciudadanos por igual, puesto que es un órgano colegiado donde figuran todos los grupos político». «Cualquier decisión que se adopte debe carezca de arbitrariedad, sesgo ideológico o intereses particulares, pues debe tratar a todos los representantes de los ciudadanos por igual y aplicar el acervo y los principios constitucionales en toda su actuación», apostilla.

El escrito de Vox denuncia también la utilización de «inapropiadas, por no venir al caso, insostenibles e insoportables comparaciones de Vox con Bildu», que bien «podrían ser objeto de un análisis penal separado, siempre que no fuera amparado por la libertad de expresión política, que fue sesgado a la diputada de Vox y a la que impunemente se acogen parlamentarios como el querellado, cuando se trata de insultos, ofensas a la formación».

La formación de Santiago Abascal exige al Tribunal Supremo que interrogue a Gómez de Celis, que unan las actuaciones a los documentos que aporta Vox y que se libre oficio para determinar la veracidad de los enlaces que aporta la Vicesecretaría Nacional Jurídica del partido.

«Actuación abusiva»

Vox recuerda que, en sede parlamentaria, ya se expuso que la actuación del presidente en funciones fue «abusiva» por limitar «de manera indebida» el ejercicio de la diputada de las funciones inherentes al núcleo de su función, además de «injustificada» porque no se daban los presupuestos para la aplicación del artículo 103 del Reglamento y para la retirada de la palabra. En esta línea, también señalan que «fue contraria a la doctrina de los actos propios y a los principios de previsibilidad y seguridad jurídica».

Además, se solicitó que se acordasen «cuantas decisiones sean necesarias para asegurar que las actuaciones de tal Presidencia, son adoptadas de forma no arbitraria, equitativa y respetando el núcleo de la función representativa de los diputados, garantizándoles el libre y pleno ejercicio de los derechos fundamentales que constitucionalmente les corresponde».

El partido de Abascal lamenta también que, en el momento de presentar la querella ante el Supremo, la Presidencia del Congreso no ha dado ninguna respuesta a esta solicitud.