De Celis se suma al escándalo de Batet: no defendió a la Policía mientras ERC la acusaba de asesinar

En pleno escándalo de Batet por haber intentado incumplir la sentencia del Tribunal Supremo que exige la inhabilitación del pateapolicías Alberto Rodríguez, la polémica envuelve también al vicepresidente del Congreso, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Mientras él ocupaba la Presidencia del pleno, ERC acusó a la Policía de cometer asesinatos y torturas y no hizo uso de ninguna de las potestades que le confiere el Reglamento del Congreso para frenar las calumnias.

Policía y oposición han mostrado ya su crítica por lo ocurrido y los sindicatos policiales exigen una reacción inmediata para frenar el acoso de los diputados radicales en las Cortes. El sindicato de Policía CEP ha remitido ya una carta al Congreso de los Diputados exigiendo un correctivo por parte de la Cámara Baja a una diputada, Montserrat Bassa, de ERC, que acusó de graves delitos a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Los policías muestran su profundo rechazo por las palabras y reclaman del Parlamento una defensa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La carta le llega a Mertixell Batet, pese a que la sesión del Pleno la presidía Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, también del PSOE y vicepresidente primero del Congreso.

La descripción plasmada en las actas de la intervención de ERC da idea de la gravedad del ataque a los policías. Todo ocurrió el 13 de octubre y tuvo lugar un Pleno del Congreso de los Diputados en el que, entre otros asuntos que formaban parte de su orden del día, se debatió una moción consecuencia de la interpelación urgente sobre las medidas que pudiera adoptar el Ministerio del Interior para proteger a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña, planteada par el grupo parlamentario Vox.

Una de las intervenciones que se produjo desde la tribuna de oradores fue la de la diputada Montserrat Bassa Coll (Grupo Parlamentario Republicano), entre las 14:41 y 14:44 horas. Durante esa intervención, la diputada manifestó que: «No es ningún secreto que en Cataluña no nos gusta la Guardia Civil, ni la Policía española, ni los militares. Y si tanto les gustan a ustedes, ¡llévenselos a su España y que nos dejen en paz! (Aplausos). Porque nuestra policía, aun con los fallos que pueda tener, son los Mossos d’Esquadra, la Policía nacional de Cataluña; y la Policía española y la Guardia Civil no son necesarias ni bienvenidas en nuestro país, porque, como demostraron el 1 de octubre, ¡son fuerzas de ocupación! (Aplausos). Desembarcaron en un ridículo Piolín -porque realmente son así da cutres-, venidos desde España al grito de ‘a por ellos’, llenos de odio y nos aporrearon. ¿Y a esos salvajes ustedes piensan que nosotros les queremos? Pues no, ¡tienen razón! Buena parte de la población catalana detestamos a la Policía española,- a la Policía que mutilaron ojos a nuestra gente, disparando pelotas de goma que están prohibidas en nuestra tierra, a la Policía que aporreó con rabia a mi pueblo y a nuestras personas mayores; a la Policía que mintió en un juicio-farsa, con la complicidad de unas jueces que no permitieron contrastar in situ sus mentirosas declaraciones con la realidad, a la Policía que asesinó a Gustau Muñoz, Martí Marcó, Valentín González o a Pedro Álvarez con total impunidad (aplausos), a la Policía que se pasó décadas ¡décadas! torturando en Vía Layetana y que todavía hoy se siente orgullosa de esas torturas, a la Policía que inventa pruebas contra independentistas y otros disidentes, ¡a esa Policía le tenemos asco y aversión!».

La organización policial CEP subraya que «el discurso de esta diputada imputa a todo un colectivo funcionarial de más de 75.000 efectivos comportamientos delictivos (torturas, asesinatos, prevaricación, detenciones ilegales, lesiones, etc.) y epítetos (salvajes, entre otros) que no merecen más debate que una condena inequívoca por constituir falsedades e infamias»,

Injurias y la calumnias

El sindicato policial ya ha advertido de que “esas manifestaciones, que en un plano jurídico serían objeto de querella por su gravedad y evidente vinculación con tipos penales como la injuria y la calumnia, no tendrán consecuencia alguna para la diputada, puesto que, como tristemente ya ha ocurrido en otras ocasiones, la inviolabilidad parlamentaria del artículo 71.1 de la Constitución Española se ha convertido para determinados políticos en una patente de corso que ampara ofensas, insultos, desaires y toda una panoplia de ataques en los que el honor, la imagen y la dignidad de los afectados se ven obligados a ceder ante un privilegio que nunca fue incorporado a la Carta Magna para justificar semejantes comportamientos”.

Pero, lo cierto es que Gómez de Celis pudo parar ese ataque. El artículo 103.1 del Reglamento del Congreso contempla la llamada al orden de los diputados “cuando profirieren palabras o vertieren conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o a sus miembros, de las Instituciones de/ Estado o de cualquier otra persona o entidad’, permitiendo en este caso el artículo 104.3 que el presidente pueda ordenar que tales expresiones no consten en el Diario de Sesiones. Lamentablemente, nada de esto ha ocurrido.

La propia presidenta del Congreso señaló el pasado 28 de septiembre ante el Pleno de la Cámara que no iba a ser neutral “en la defensa de este Parlamento, en la defensa de las instituciones y en la defensa de la democracia” y denunció que la libertad de expresión está siendo utilizada en determinadas ocasiones para que algunos diputados proyecten insultos y “ofensas a personas y a instituciones”.

Petición de amparo de la presidenta

Y, por ello, los policías han pedido ya “el amparo de la presidenta del Congreso de los Diputados”. “Por ello, además de su comprensión y amparo, reclamamos algún tipo de medida que permita, por ejemplo en el Diario de Sesiones, la retirada de esas afirmaciones o el traslado a la oradora de las medidas de orden interno que pudieran proceder para evitar este tipo de ofensas y que la cometida el pasado 18.10.2021 no quede impune”. Porque, lo cierto, es que Gómez de Celis no hizo nada por parar la intervención de ERC.