Varapalo de Transparencia a Montero por ocultar informes sobre su ley del ‘sólo sí es sí’

El Consejo de la Transparencia ha requerido al Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, que remita varios informes y documentos relativos a la Ley de Libertad Sexual, conocida como la ley del ‘sólo sí es sí’ por establecer el consentimiento expreso de la mujer para mantener relaciones sexuales. Un requerimiento que se produce después de que el departamento de Irene Montero rechazó aportar.

Ese requerimiento se produce a raíz de una petición a Igualdad, a través del Portal de Transparencia, de informes relacionados con la ley, la copia de la Memoria del Análisis del Impacto Normativo así como del informe de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, de los «estudios y consultas efectuados para garantizar el acierto y la legalidad del texto», o la copia del informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Igualdad.

Cabe recordar que la ley fue motivo de discusiones entre los socios del Gobierno de coalición, después de que desde el Ministerio de Justicia y la vicepresidencia de Carmen Calvo se detectasen errores y deficiencias notables que obligaron a una revisión y corrección, provocando tensiones con los de Pablo Iglesias.

Desde Igualdad, se rechazó aportar la información requerida. Por ejemplo, sobre la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, se alegó que «será publicada en el Portal de Transparencia una vez finalizada, por lo que la solicitud debe ser desestimada». También se aseguró que «no existe ningún informe de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios», porque no se trata de un trámite previsto -según afirmó el departamento de Montero- ni tampoco «estudios o consultas» sobre su legalidad.

Ante esta contestación, se presentó una reclamación en el Consejo de Transparencia, rechazando las excusas del Ministerio. En el trámite de alegaciones, el departamento de Montero rechazó de nuevo aportar dichos documentos, justificando que, o bien no existían o se publicarían a posteriori, al tratarse de una norma en elaboración.

Transparencia, en cambio, recuerda a Montero que «el Consejo de Ministros ha aprobado el inicio de la tramitación del Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, y según la normativa aplicable al supuesto, para presentarlo al Consejo de Ministros se tuvieron que acompañar la Memoria de Análisis del Impacto Normativo (y estudios o informes sobre su necesidad y oportunidad, así como por una memoria económica con la estimación del coste que puede causar al Estado) e incluirse el informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio».

«No pueden encontrarse en curso de elaboración los documentos que han sido presentados al Consejo de Ministros junto con el texto del anteproyecto de ley para su valoración, y que de hecho lo han sido, ya que, se reitera, el Consejo de Ministros ha aprobado el inicio de la tramitación», destaca en su resolución.

El organismo que vela por la Transparencia en la Administración del Estado reclama finalmente al Ministerio de Igualdad que, en un plazo de diez días, aporte copia de la Memoria de Análisis del Impacto Normativo realizado, del informe de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretario y del informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Igualdad.

Informes del 8-M

No es la primera vez que Transparencia ‘da un toque’ a Montero por su opacidad.

El Consejo ya obligó a Igualdad a entregar a un particular «los informes de las autoridades sanitarias en los cuales se basó la ministra (Irene Montero) para continuar el 8-M». El ciudadano había requerido los informes a través del Portal de Transparencia, después de que Montero asegurase en una entrevista que la manifestación obedeció a los criterios de los expertos y las autoridades sanitarias.

El departamento trató de esquivar la petición, alegando que era «abusiva» porque «la aclaración de declaraciones de naturaleza política quedaría fuera del ámbito objetivo de aplicación” de la Ley de Transparencia.

Sin embargo, el Consejo de Transparencia determinó que «la Administración no ha negado la existencia de dichos informes,cuya existencia, por otra parte, puede presumirse por cuanto sería la vía por la que los expertos y autoridades sanitarias habrían comunicado su criterio respecto a la celebración de las citadas movilizaciones y cuya elaboración debe tenerse pues por probable y posible”.

Así, estima que “lo realmente requerido son los informes escritos probablemente existentes a esa fecha, elaborados por estos últimos (expertos y autoridades) y relacionados con la decisión pública de mantener la convocatoria y asistencia a la movilización del 8 de marzo”.

Igualdad rechazó que las «declaraciones políticas» deban estar sujetas a la ley porque «de lo contrario, en la práctica, se estaría estableciendo un nuevo control de naturaleza política que, lógicamente, excedería los controles que el marco constitucional establece sobre el poder político».