Urkullu impulsa un plan para dar voz a etarras «arrepentidos» mientras promueve las excarcelaciones

El Gobierno vasco ha elaborado un informe en el que se reconoce la injusticia padecida por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como sus familiares, debido al terrorismo de ETA (1960-2011). El trabajo -que se publica mientras Urkullu promueve la salida de la cárcel de los etarras- denuncia el sufrimiento y el «desamparo institucional y social» padecido por 357 guardias civiles y policías que fueron asesinados por la banda durante esos años. Aunque se trata de un informe crítico con la actividad terrorista, en sus conclusiones sí se ofrece una apuesta por la «reconciliación» con medidas como «facilitar el acceso a la opinión pública de los testimonios de aquellas personas que, habiendo pertenecido a ETA o a su entorno, hagan autocrítica de lo realizado».

«En el proceso de reconocimiento del daño causado a las víctimas, así como a la convivencia democrática de la sociedad en su conjunto, resulta conveniente contar con espacios de reflexión en los que quienes han participado en la vulneración de derechos humanos puedan emprender el camino de retorno públicamente», se recoge en el documento, que insta también a promover «encuentros restaurativos» entre las víctimas y los verdugos «que hayan manifestado su arrepentimiento y rechazo al terrorismo».

«El testimonio moral de las víctimas, unido al del terrorista que, arrepentido, es consciente del daño que produjeron sus actos, representa para la sociedad uno de los mayores testimonios disponibles de deslegitimación de la violencia», señalan desde el Gobierno vasco.

Los expertos que han elaborado el informe advierten que el «proceso de reconciliación» será «posiblemente prolongado y no exento de dificultades, puesto que deberá superar numerosos agravios, sospechas, rechazos, prejuicios, malentendidos…» y destacan que «hay un importante capital de sentimientos negativos acumulados y, por ello, hay una importante labor de construcción de foros de encuentro a realizar por las instituciones públicas y privadas que lideran el proceso de reflexión en una sociedad».

«Víctimas y victimarios deberían poder contar con espacios de comunicación para explicitar su compromiso con una sociedad reconciliada, eliminando toda tentación tanto de banalizar el trauma vivido u olvidarlo, como de devolver a los victimarios los golpes recibidos», concluyen.

En la actualidad, 84 presos de ETA cumplen condena en el País Vasco (61 en régimen ordinario, 14 en régimen abierto y nueve en libertad condicional). El Gobierno vasco presentó hace unos días la Agencia de Reinserción Social Aukerak, destinada a la reinserción social de los presos de los centros penitenciarios vascos -incluidos los etarras- a través de la formación laboral y la realización de talleres, entre otros, de jardinería o artesanía. El Ejecutivo de Íñigo Urkullu destinará 6 millones de euros a la creación de plazas residenciales para que los presos que reúnan determinadas condiciones puedan cumplir sus penas en régimen abierto y aplicará criterios «científicos» para facilitar esos terceros grados a los etarras, entre los que se valorará especialmente el «arraigo».

357 agentes asesinados

En la presentación del informe, el pasado viernes, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, denunció que la «injusticia» que padecieron los agentes en el País Vasco por la violencia de ETA fue «intolerable» y destacó especialmente «su labor, su sacrificio y su papel» en la derrota de la banda terrorista.

El trabajo fue encargado a comienzos de 2020 y para su realización se ha entrevistado a 14 personas pertenecientes a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía en diferentes etapas, así como a otros familiares de agentes.

Entre los datos cuantitativos obtenidos, el documento refleja que ETA asesinó en ese periodo a 357 personas: 207 (58%) guardias civiles o ex guardias civiles, y 150 (42%) del Cuerpo Nacional de Policía, además de 17 familiares. Además, los atentados cometidos por ETA dejaron 711 personas heridas, el 43% de ellas, con lesiones que provocaron una incapacidad permanente total.

Como destacan los autores, la violencia contra este colectivo «resulta intolerable desde una sensibilidad democrática y de respeto por la diversidad social» y «no tiene cabida en una sociedad democrática» .

El estudio constata que personas entrevistadas echaron en falta una «mayor empatía» del conjunto de la sociedad hacia su condición y sufrimiento, y expresaron «un claro reproche a quienes ignoraban su padecimiento bajo la premisa del algo habrán hecho». Los autores del informe han asegurado que sufrieron un «desamparo institucional y también social».

En el informe se propone hacer «un ejercicio de conocimiento y de reconocimiento» de lo que ha supuesto para las víctimas lo que han padecido y reconocer que el sufrimiento fue «injusto y patológico». Por ello, señalan, los poderes públicos y, en concreto, el Gobierno vasco, en los discursos de deslegitimación de la violencia deben poner en valor su labor en la lucha contra ETA y el sufrimiento que padecieron, todo ello sin hacerlo «en clave de ideologías».

Además, según los autores, la sociedad debe reflexionar sobre la «construcción de una memoria reparadora y empática hacia el sufrimiento padecido por las víctimas inocentes», así como a tener en cuenta el «valor de la diversidad que fue menoscabada por la banda terrorista ETA y su entorno social».

Junto a ello, el informe también cree que se debe «incentivar» la colocación de placas fijas en la vía pública, en los lugares donde se cometieron atentados, además de evitar homenajes a los miembros de ETA porque «revictimizan».