Directivos de Unipost alegan al juez que el millón que cobraron del Govern no fue por el 1-O

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Guardia Civil en las instalaciones de Unipost. (Foto: EFE)

Dos directivos de Unipost han asegurado este miércoles ante el juez que esta compañía postal no recibió ningún pago del Govern a cuenta del referéndum ilegal de independencia del 1-O y han alegado la prueba de ello es que la Generalitat envió "sin albarán" las ‘tarjetas censales’ que les intervino la Guardia Civil el 19 de septiembre. Han explicado que el millón de euros cobrado del Ejecutivo autonómico catalán fue por otros conceptos y que las tarjetas no las repartieron ante la falta albarán para cobrar el trabajo.

Según han informado fuentes judiciales, ante el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga a altos cargos del Govern por los preparativos del 1-O, han comparecido cinco testigos vinculados a Unipost, actualmente en concurso de acreedores, entre ellos el director de zona Cataluña-Baleares y el director financiero.

Los testigos han asegurado ante el juez, que busca el origen de cinco transferencias de la Generalitat a Unipost supuestamente vinculadas al 1-O por valor de casi un millón de euros, que la compañía no recibió ni un euro del Govern por el referéndum, pese a que desde el año 2016 tenían un contrato marco para efectuar envíos periódicos que les encargaba el ejecutivo catalán.

Sobre las casi 50.000 ‘tarjetas censales’ que la Guardia Civil intervino el 19 de septiembre en la sede de Unipost en Tarrasa (Barcelona), el director de zona ha alegado que una persona de la Generalitat —que no ha identificado— le llamó para decirle que le enviarían tres palés un viernes —sin especificar su contenido—. Finalmente, el material llegó el sábado y no lo repartieron porque no les dieron ningún albarán, según han asegurado al juez, razón por la cual no cobraron por el servicio, ya que no lo efectuaron.

Los testigos han insistido en que desconocían el contenido de los sobres que les enviaba la Generalitat para distribuir, ya que, según han remarcado ante el juez, es delito abrir las cartas que tienen que repartir.

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